Millones de nigerianos siguen con atención las transmisiones en directo por televisión de audiencias de la comisión que investiga abusos humanitarios de ex dictadores militares y que ha interrogado incluso al presidente Olusegun Obasanjo.
El ejército comenzó a gobernar el país en 1966, seis años después de la independencia del dominio colonial británico, y se mantuvo en el poder de modo directo o indirecto hasta marzo de 1999, con un intervalo de 1979 a 1984.
La comisión investigadora es presidida por Chukwudifu Oputa, ex integrante de la Corte Suprema, y realiza audiencias en cuatro ciudades desde que comenzó a actuar el 14 de junio de 1999.
El modelo de la institución es la sudafricana Comisión de Verdad y Reconciliación, instalada en 1996 para investigar abusos humanitarios cometidos de 1960 a 1993, durante el régimen racista del apartheid.
Uno de los casos cuya investigación es seguida con mayor atención por los nigerianos se produjo en 1977, cuando militares destruyeron e incendiaron la llamada «República de Kalakuta», en un suburbio de Lagos, donde vivía y trabajaba el músico Fela Anikulapo-Kuti, junto con numerosos familiares y allegados.
Fela, famoso por su trabajo artístico y sus opiniones izquierdistas, había tenido un altercado con un policía militar, y un millar de soldados irrumpieron en «República de Kalakuta», la destruyeron y mataron a su madre, a quien arrojaron por una ventana.
En ese momento, Obasanjo era dictador militar (1976-1979), y es en la actualidad presidente, tras haber sido elegido en forma democrática en 1999.
Esta semana, durante una audiencia de la comisión relacionada con el caso, Obasanjo reaccionó en forma destemplada cuando era interrogado por el abogado Femi Falana, representante de la familia de Fela, quien falleció en 1997.
«No permitiré que me insulten», exclamó el presidente, quien declaró ante la comisión durante 51 minutos y había sido elogiado por comparecer ante ese organismo.
La petición de convocar a Obasanjo había sido presentada por Beko Ransome-Kuti, el hermano menor de Fela.
La comisión ha recibido más de 10.000 demandas de personas que se consideran víctimas de violaciones de los derechos humanos, entre ellas una presentada por la organización Ohaneze, integrada por personas de la etnia igbo, en relación con la guerra civil de 1967-1970.
En ese conflicto murieron más de tres millones de personas, en su mayoría de la etnia igbo.
También presentaron demandas representantes de la etnia ogoni, quienes piden indemnización por abusos humanitarios cometidos por la dictadura de Sani Abacha (1993-1999), así como el cese de prácticas nocivas para el ambiente llevadas a cabo durante años por firmas petroleras en el Delta del Níger.
Una de las víctimas de Abacha fue el activista Ken Saro-Wiwa, ejecutado en 1998 junto con otros ocho dirigentes de la etnia ogoni.
La mayor parte de los demandantes han solicitado condenas judiciales de las personas a quienes acusan de ser sus victimarios, y otros pidieron indemnizaciones económicas.
A comienzos de este año, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Abubakar Danso, informó que el gobierno había aprobado la formación de un fondo de unos cinco millones de dólares para otorgar indemnizaciones a «víctimas de crímenes del anterior gobierno».
«Algunas personas no quiere obtener dinero, y muchos dicen que no corresponde otorgar compensaciones monetarias, sino hacer justicia mediante condenas a muerte o a prisión de por vida en los casos de homicidio», señaló.
El ministro de Justicia, Bola Ige, dijo a periodistas que es posible que el gobierno otorgue una amnistía a todas las personas acusadas.
La comisión tiene la tarea «monumental y divina» de ser «un ámbito para expresar arrepentimiento y forjar la reconciliación y el perdón, como base para la paz y la unidad del país, y no debe permitir que su trabajo sea trivializado», sostuvo Obasanjo.
«Quienes buscan justicia no deben cometer injusticias en perjuicio de otras personas», aseveró.
El funcionamiento del organismo es un «saludable fenómeno» según Charles Ilegbune, de la Universidad de Abuja.
«Era pesimista sobre la posibilidad de que se alcanzara algún logro, pero mi confianza ha aumentado mucho al ver la forma en que son conducidas las audiencias, y en especial por el hecho de que los nigerianos puedan ser testigos de los procedimientos», mediante las transmisiones por televisión, comentó.
No se ha fijado una fecha para el fin de las audiencias, a las cuales se ha citado al ex dictador Ibrahim Babangida (1985-1993), y la prevista presentación de un informe al gobierno. (FIN/IPS/tra- eng/ro/mn/mp/hd ip/01
