Estados Unidos debe entregar a América Latina la información que posea sobre corrupción antes de que los funcionarios involucrados abandonen su cargo, advirtió hoy la diputada argentina Elisa Carrió, que encabeza la lista de políticos con mejor imagen en el país.
Carrió, presidenta de la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el lavado de dinero procedente de actos ilícitos, dijo que, así como el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) está detenido y procesado, el ministro de Economía Domingo Cavallo debe rendir cuentas ante la justicia cuando deje su puesto.
La legisladora recordó que la detención de Menem responde a su responsabilidad en la venta ilegal de armas, y sugirió que Cavallo podría haber obtenido beneficios personales en la última operación de canje de títulos de la deuda externa.
Las encuestas muestran a Carrió al frente de la lista de políticos con mejor imagen y posibilidades de triunfo en las elecciones presidenciales de 2003.
Pero la diputada renunció a presentarse a los comicios legislativos de octubre, para preservar la independencia de la investigación parlamentaria que conduce.
Carrió abandonó este año la oficialista Unión Cívica Radical, a la que pertenece el presidente Fernando de la Rúa, y creó la agrupación Alternativa por una República de Iguales.
A pesar de su popularidad, la figura de Carrió es causa de controversia. Menem consideró desde la mansión donde cumple prisión domiciliaria que la legisladora «ejerce una especie de mitomanía», y que «no se puede mentir tanto, tan alevosamente».
Por otra parte, Guillermo Francos, asesor de Cavallo, aseguró que la diputada recibió y divulgó «información falsa» sobre una supuesta cuenta bancaria en Bahamas que Cavallo compartiría con el banquero estadounidense David Mulford. Francos advirtió que «si Carrió no se rectifica, le iniciaremos una querella».
Pero la legisladora sigue adelante con sus acusaciones.
«¿Cuánto hubiera ayudado Estados Unidos a Perú si hubiera enviado antes información sobre (el ex jefe de la inteligencia peruano Vladimiro) Montesinos?», se preguntó la diputada en diálogo con la prensa extranjera en Buenos Aires.
Carrió se refería a la ayuda brindada por Washington para capturar en Venezuela a Montesinos, fugado poco antes de que el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) fuera destituido en noviembre, cuando acababa de comenzar su tercer mandato consecutivo.
Montesinos, expulsado del Ejército peruano en 1977 por entregar información secreta a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), mantuvo siempre vínculos con esa organización.
El ex jefe de la inteligencia peruana y segunda figura del gobierno de Fujimori afronta 52 juicios por enriquecimiento ilícito, lavado de divisas, narcotráfico y tráfico de armas, entre otros delitos.
El presidente peruano Alejandro Toledo pidió a su par estadounidense George W. Bush colaboración para descubrir «la relación oscura entre la CIA y Montesinos».
Carrió sostuvo que «si Estados Unidos quisiera realmente ayudar a América Latina debería entregar información sobre casos de corrupción antes y no después de que los funcionarios (involucrados) dejan sus cargos».
La comisión parlamentaria que preside Carrió se constituyó para investigar datos revelados este año por el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, a instancias de la propia diputada, que durante un año y medio aportó datos a los congresistas estadounidenses.
Los documentos analizados por la comisión revelan conexiones entre políticos, empresarios, banqueros y narcotraficantes. Muchos de esos documentos prueban que parte del dinero aportado a campañas electorales procedía del narcotráfico y el trafico de armas.
Carrió sostuvo que los atentados con explosivos contra la embajada de Israel en Argentina (1992) y contra la AMIA, principal organización social judía (1994) podrían tener relación con los aportes de organizaciones criminales a campañas electorales y con promesas incumplidas por los gobiernos.
Ochenta por ciento de la campaña que llevó a Menem a la presidencia fue financiada por el banquero saudí Gaith Pharaon, acusado de lavado de dinero del narcotrafico y de la venta ilegal de armas, según documentos enviados por el Congreso legislativo estadounidense a la comisión investigadora que preside Carrió.
La legisladora sostuvo este miércoles que Washington utiliza información que posee «para chantajear a los gobiernos» latinoamericanos, y espera a que esas gobiernos caigan para dar a conocer los datos que posee.
Una prueba de este hipótesis sería el procesamiento y detención del ex presidente Menem, que, a juicio de Carrió, dirigió la construcción de un «estado mafioso». Menem es investigado por la justicia como supuesto jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta ilegal de armas.
Carrió aseguró que el entonces secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, «es el Montesinos de Menem». Sin embargo, se lamentó, el ex funcionario ni siquiera prestó aún declaración en la causa judicial por tráfico de armas por la que fue procesado el ex mandatario.
La legisladora pronosticó que la comisión que preside deberá esperar un tiempo para obtener información que deje en evidencia la complicidad del ministro Cavallo con banqueros estadounidenses que obtuvieron grandes ganancias por la operación de canje de títulos de deuda externa argentina realizada este año.
Carrió aseguró que un informe en poder de técnicos de la Auditoría General de la Nación revela irregularidades cometidas en el marco de la operación, hoy objeto de una investigación judicial.
«Ellos no entregan documentos de funcionarios que están en el poder, pero yo lo vi en pantalla. Es un documento que muestra un movimiento de fondos», dijo la diputada respecto de la cuenta bancaria en Bahamas que compartirían Cavallo y el banquero Mulford, supuesto beneficiario por el canje de deuda.
Para Carrió, el actual proceso de globalización debe servir para aumentar la transparencia de la gestión pública. En ese sentido, consideró que controlar la corrupción es un modo de luchar contra la pobreza.
El partido de Carrió se presentará en los comicios de octubre, aunque ella no es candidata. La legisladora rompió con el oficialismo y con el presidente De la Rúa, de quien consideró que pasó de ser «rehen» a «cómplice» de los negocios que denuncia en sus investigaciones. (FIN/IPS/mv/mj/ip/01
