Dos personas detenidas y varias heridas fue el saldo de incidentes hoy en Colombia entre policías y campesinos que realizan un paro en reclamo del perdón de sus deudas y la suspensión de importaciones agrícolas.
La huelga, iniciada el martes, continuará hasta que el gobierno cumpla con las dos peticiones, advirtieron hoy los organizadores de la protesta, que incluye el corte del tránsito de importantes carreteras.
El presidente de Unidad Cafetera, Jorge Robledo, dijo a IPS que «el espíritu de sacrificio de campesinos, indígenas, obreros y empresarios agrícolas se ha manifestado en los bloqueos» de 29 rutas en 16 de los 32 departamentos de Colombia.
Robledo, cuya asociación reúne a pequeños caficultores del centro del país, explicó que la situación del campo es crítica a causa de políticas equivocadas, como la apertura económica que facilitó la importación masiva de alimentos, y del alto costo del crédito para el sector.
Rodolfo Ramírez, comentarista del programa radial UN Análisis, de la estatal Universidad Nacional, respaldó los conceptos del líder campesino al señalar que esa apertura de mercados desde comienzos de la década del 90 puso en riesgo la seguridad alimentaria de los colombianos.
La decisión del gobierno no fue acompañada con medidas compensatorias para evitar que la importación de productos agrícolas afectara al sector agropecuario, señaló.
Colombia, que era eminentemente agrícola, pasó de importar 17.000 toneladas anuales de maíz en 1990 a 1,7 millones de toneladas en 1997, porque en opinión del gobierno el país no era «competitivo» en la producción de cereales, comentó Ramírez.
Otros analistas sostienen que sólo en 1999 la compra de alimentos en el exterior implicó la merma de 130.000 puestos de trabajo. Así, el desempleo trepó de cerca de nueve por ciento en 1990 a 20 por ciento el año pasado.
En el caso del café, que era el principal producto de exportación y da trabajo a 350.000 familias, factores externos como la caída de precios provocaron una caída de la producción de 16 millones de sacos de 60 kilogramos en 1999 a nueve millones de sacos un año después.
La reducción del área de cultivos de productos alimenticios también impulsó a que miles de campesinos se pasaron a la siembra de coca, de amapola y de marihuana, cuyas plantaciones se han incrementado pese a los operativos de fumigaciones con herbicidas a cargo de la policía antinarcóticos.
Organismos de seguridad indican que esos cultivos ilícitos aumentaron 200 por ciento entre 1992 y 1999. Colombia se constituyó en el primer productor mundial de hoja de coca y de área sembrada.
Las plantaciones de coca crecieron de 112.500 hectáreas en 1999 a 122.500 hectáreas en 2000, hecho atribuido a «la fracasada política antidrogas» del presidente Andrés Pastrana con «apoyo del gobierno estadounidense», según Ricardo Vargas, de Acción Andina, organización no gubernamental que investiga el problema del narcotráfico en esa región.
Los campesinos aseguran que, pese a los reiterados propósitos estatales de fortalecer el campo, las promesas del gobierno no se han cumplido.
Entre esos proyectos se encuentran la instalación de un centro de tecnología e información agropecuaria, el ofrecimiento de incentivos para crear empleos rurales y la estructuración de una política exportadora.
Además, los intereses de los créditos para el sector agropecuario aumentaron el año pasado a 36 por ciento, por lo cual muchos campesinos se vieron imposibilitados de cumplir con las obligaciones debido a los bajos precios de los productos y a la falta de mercado para negociarlos.
El ministro de Hacienda, Juan Santos, rechazó la protesta de campesinos e indígenas y afirmó que es imposible por razones legales condonar los créditos comprometidos con el sistema financiero.
En cambio, el Ministerio de Comercio Exterior impuso una cláusula de salvaguardia a las importaciones de arroz, que en parte atiende las demandas de los huelguistas.
La superficie adecuada para uso agrícola de Colombia es de 14,4 millones de hectáreas, 12,7 por ciento del territorio.
Además, 45 por ciento de esa área de cultivos está en manos de 0,3 por ciento de propietarios, que poseen más de 500 hectáreas por parcela, 20 por ciento pertenece a 2,3 por ciento, con 100 a 500 hectáreas, y 97,4 por ciento restante pertenece a propietarios con predios de hasta 100 hectáreas. (FIN/IPS/yf/dm/if ip/01
