El gobierno brasileño intensificó hoy sus esfuerzos para evitar que el parlamento rechace, por considerar violatorio de la soberanía, el tratado que permite a Estados Unidos utilizar la septentrional base Alcántara para el lanzamiento de cohetes al espacio.
El ministro de Ciencia y Tecnología, Ronaldo Sardenberg, aseveró, en entrevista divulgada por el diario O Globo, que el futuro del programa espacial brasileño se verá amenazado si el parlamento no ratifica el denominado Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas (AST).
El tratado, firmado en abril entre los gobiernos de Brasil y Estados Unidos, entrará en vigor sólo si lo ratifican las dos cámaras del parlamento brasileño, que parece muy difícil ante la resistencia manifestada en los primeros debates sobre el asunto.
El canciller Celso Lafer, en artículo publicado por Jornal do Brasil también este miércoles, comentó que hacen una «lectura equivocada» del acuerdo quienes interpretan que es una subordinación a los intereses estadounidenses.
Esas críticas partieron principalmente del diputado Waldir Pires, relator del asunto en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, quien recomendó el rechazo del AST por «violación grosera de la soberanía nacional».
El acuerdo se compone casi exclusivamente de obligaciones brasileñas y superan su objetivo, que es proteger la tecnología estadounidense, argumentó Pires, diputado del izquierdista Partido de los Trabajadores.
Uno de los puntos en cuestión del tratado es el que establece que en el Centro de Lanzamiento de Alcántara habrá áreas de uso exclusivo para los estadounidenses, cuya autorización será la única vía de acceso, incluso para autoridades brasileñas.
También prohibe a la aduana brasileña inspeccionar contenedores, con equipos y materiales destinados a las operaciones de las empresas espaciales estadounidenses.
Los ingresos obtenidos a partir del acuerdo no podrán ser aplicados en el vehículo lanzador de satélites que Brasil trata de desarrollar para ingresar en el reducido grupo de países que disputan el mercado espacial. Además, se excluye cualquier transferencia de tecnología.
Pires dijo que lo más grave es que se le asegura a Washington el derecho de vetar el uso de Alcántara a países sometidos a sanciones por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas o a aquellos cuyos gobiernos apoyaron acciones terroristas, definición que se basa en criterios de Estados Unidos.
Son «salvaguardias políticas y no tecnológicas», sentenció el diputado Pires, con el apoyo de sus pares, incluso parlamentarios oficialistas, entre los cuales se cuenta José Anibal Pontes, presidente del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), al que pertenece el presidente Fernando Henrique Cardoso.
En un intento por salvar el tratado, los ministros Lafer y Sardenberg concurrieron a una audiencia pública convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores, pero no pudieron convencer a los diputados con sus argumentos.
El 5 de septiembre será la oportunidad para el ministro de Defensa, Geraldo Quintao. El AST permitiría a la base Alcántara obtener ingresos de entre 40 y 50 millones de dólares al año, precisó Sardenberg.
Brasil ya invirtió 300 millones de dólares en la implementación de la base, cuya factibilidad económica se busca cubrir con el alquiler a otros países, agregó el canciller.
El centro brasileño de lanzamiento de satélites, por estar ubicada casi en la línea ecuatorial, ofrece costos 20 a 30 por ciento más bajos que los de Estados Unidos o Rusia, explicó Sardenberg.
Para lograr poner en práctica esa competencia favorable es indispensable un acuerdo con Estados Unidos, cuyas empresas espaciales controlan 80 por ciento del mercado de satélites, acotó.
En el mundo sólo hay ocho bases espaciales con posibilidades comerciales y el AST abre una oportunidad para que Brasil ingrese en ese mercado, observó.
Las obligaciones exigidas por Washington son naturalmente más numerosas, porque está en juego su tecnología sensible, que tiene que ser protegida de posibles riesgos y de una indeseada transferencia a terceros, explicó Sardenberg.
El control extranjero sobre algunas áreas de Alcántara será temporal, concedido sólo para operaciones específicas de lanzamiento y negociado caso por caso, destacó el ministro, quien sostuvo además que el acuerdo no representa una abdicación de la soberanía brasileña.
Es un contrato parecido a los que autorizan compañías aéreas extranjeras a utilizar aeropuertos brasileños, comparó.
Convenios similares fueron firmados entre Estados Unidos y otros países que participan en el mercado espacial, como China, Rusia y Ucrania, destacó el canciller Lafer.
Los satélites estadounidenses son lanzados tanto de bases de Guyana Francesa como de China y Rusia, aunque con cohetes locales, tal como otros países europeos y Ucrania también utilizan bases extranjeras, añadió Sardenberg.
Sin embargo, las manifestaciones de los parlamentarios de distintos partidos indican que le será difícil a los ministros vencer las resistencias que amenazan el acuerdo. (FIN/IPS/mo/dm/ip/01
