La condena a la horca a 10 hombres por un mismo homicidio despertó en Trinidad y Tobago el polémico recuerdo de la última ejecución colectiva, llevada a cabo hace dos años. Todos los condenados, así como su víctima, estuvieron vinculados a los nueve ahorcados de aquella oportunidad.
Tres de los sentenciados este mes son hermanos de uno de los hombres ejecutados en 1999 y tíos de otros dos. La hermana mayor de uno de los hombres que ahora esperan la pena capital estuvo casada con un hermano de la víctima, Thackoor Boodram, un criador de cerdos.
La Corte Suprema de Justicia determinó que Boodram fue secuestrado y luego decapitado por los delincuentes, luego de que éstos fracasaran en su intento de cobrar una recompensa de un millón de dólares. Boodram era el hermano de Dole Chadee, uno de los ejecutados en 1999 junto a ocho miembros de su banda.
Sunita Ramiah, hermana de tres de los hombres que ahora esperan la horca, se lamentó de que ellos tuvieran el mismo fin que Joey, otro de sus hermanos ejecutado hace dos años.
Desde que Joey fue condenado, la familia fue «estigmatizada como un grupo de criminales», aseguró Ramiah. Su hermano ahora sentenciado asegura ser inocente y advirtió que se sucidará antes de subir al patíbulo.
«Dice que no puede soportar ser ejecutado por un delito que no cometió. Nunca tuvo tiempo para disfrutar de la vida, y ahora sucede esto…», dijo Ramiha a la prensa luego de que se anunciara el veredicto, el 8 de este mes.
Como la banda de Chadee, todos los sentenciados proceden de una aldea rural bautizada «Harlem» que, como el barrio neoyorquino, es conocida por su alto índice de delincuencia.
La prensa elogió la condena con espectaculares titulares como «Hermanados por la sangre», mientras los abogados defensores apelaron la decisión.
El fiscal general Ramesh Lawrence Maharaj declaró a la prensa que un tribunal superior deberá confirmar la condena. Los 10 «fueron sentenciados, pero existe un debido proceso para la apelación. No hubo nunca una condena a pena capital en Trinidad y Tobago que no haya sido apelada», afirmó.
Mientras se espera el resultado del proceso, el caso genera un intenso debate en la opinión pública.
«La gran pregunta es si los asesinatos judiciales no implican en sí mismos una suerte de brutalidad, y mi humilde opinión es que la repugnancia que sintió la gente cuando ejecutaron a los nueve de Chadee volverá a sentirse ahora», señaló en su editorial el periódico Express.
La ex jueza y ahora conferencista de derecho Dana Seetahal opinó que lo polémico «no es que todos fueran hallados culpables, sino que los 10 puedan ser ejecutados por el mismo crimen».
«La gente… entiende que una o hasta dos personas sean halladas culpables de un homicidio, pero… no pueden aceptar 10 sentencias por 'un solo asesinato'. Diez por uno parece no ir de acuerdo con la ley del 'ojo por ojo'», añadió.
El activista de derechos humanos Ishmael Samad sostuvo que las autoridades deberían evitar la pena capital en este caso, aunque el asesinato es penado con la muerte en este país.
«Cada persona sentenciada por homicidio debe ser ejecutada», estipula específicamente el artículo cuatro de la ley de Ofensas contra la persona. Sin embargo, el estatal Comité de Misericordia puede conmutar la pena capital por una de prisión.
«No hay dudas de que fue un crimen brutal y que (los 10) tuvieron un juicio justo, pero sostengo que, aun así, no tenemos que rebajarnos al nivel de un asesino», subrayó Samad.
El activista realizó en su momento una fuertea campaña contra la ejecución de Chadee y su banda en 1999, a pesar de que eran conocidos delincuentes, y llevó la polémica a la arena política cuando intentó, sin éxito, ganar un puesto en el parlamento en diciembre de 2000.
«Creo que sólo es cuestión de tiempo para que este país se dé cuenta de lo bárbara que es la pena de muerte y de que sea abolida. Estoy convencido», afirmó.
Cuando la banda de Chadee fue ejecutada, el gobierno del primer ministro Basdeo Panday soportaba bajo gran presión de la opinión pública para reducir los índices de criminalidad.
Los delincuentes fueron ahorcados pese a los pedidos de varias organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional.
El fiscal Maharak, un ex defensor de los derechos humanos, apoyó públicamente la ejecución de 1999, y argumentó que se regía estricamente por la ley. «La pena de muerte es parte de la ley de Trinidad y Tobago. Y a menos que se la cambie, el deber del gobierno es cumplirla», dijo.
El gobierno se retiró de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en 1998. Antes, los sentenciados a muerte en este país podían apelar ante estos organismos.
El número anual de homicidios venían cayendo antes de 1999, pero comenzó a aumentar luego de la ejecución de la banda de Chadee, según estadísticas oficiales. Las autoridades prevén un nuevo incremento este año.
Hubo 101 homicidios en 1997, 95 en 1998 y 92 en 1999. El año pasado el número ascendió a 118 y en lo que va de éste ya fueron asesinadas 80 personas. (FIN/IPS/tra-en/pr/aa/rp/aq/hd ip/01
