Como un adolescente que entra en la pubertad, el Grupo de Río concluyó hoy en Chile la cumbre de sus 15 años, trazándose mayores objetivos políticos en una agenda que se tiñe crecientemente con temas económicos y sociales.
La XV Cumbre del Grupo de Río incorporó en la Declaración de Santiago elementos novedosos sobre el gasto militar, los derechos de género y de los pueblos indígenas, así como definiciones democráticas y humanitarias que requirieron un trabajoso consenso entre los 19 mandatarios latinoamericanos presentes en la cita.
Si bien la situación financiera internacional, con la amenaza de propagación de la crisis argentina, constituyó el punto de mayor interés en torno de la reunión, los «otros temas» no estuvieron ausentes en los propósitos latinoamericanos de ponerse en sintonía con las oportunidades y desafíos de la globalización.
No en vano, la sociedad de la información fue en términos oficiales el eje del temario de la reunión en Santiago de Chile, como paradigma de una mundialización que arrastra desde la magnificación recurrente de las crisis financieras hasta la brecha digital entre países ricos y pobres.
La «cumbre del frío», como la llamaron algunos aludiendo a la baja temperatura del invierno santiaguino, morigeró los ímpetus de protesta de los grupos «globalifóbicos» que, por lo demás, habían anticipado que para ellos esta instancia latinoamericana es distinta al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial de Comercio o al Grupo de los Ocho.
Los 44 puntos de la Declaración de Santiago, firmada este sábado por 15 presidentes, tres vicepresidentes y un canciller, reflejan como un mosaico tanto las nuevas temáticas del grupo como la actualización de viejas preocupaciones.
El presidente chileno Ricardo Lagos, anfitrión de esta cumbre, recordó que el Grupo de Río tuvo su semilla a comienzos de los años 80 en el Grupo de Contadora.
Contadora, conformado inicialmente por Colombia, México, Panamá y Venezuela, nació para evitar una conflagración generalizada en América Central y para ganarizar no sólo la paz de la región, sino también la democracia y el respeto a los derechos humanos, señaló Lagos.
Estos tres elementos se han cumplido, dijo el mandatario en la conferencia de prensa de cierre de la cumbre, que ofreció junto a los presidentes Andrés Pastrana, de Colombia, y Miguel Angel Rodríguez, de Costa Rica.
Ahora, continuó Lagos, el Grupo de Río debe concentrar su atención en los temas económicos y la forma en que influyen en los problemas cotidianos de la gente, lo cual deriva en incluir en la agenda política las preocupaciones económicas y sociales.
El debate sobre la sociedad de la información planteado en la cumbre está vinculado al empleo y la educación, así como en los desafíos de la globalización se incluye la situación financiera internacional, que tiene hoy como centro de inquietudes a Argentina.
El gobierno chileno clausuró con satisfacción lo que consideró una cumbre diferente, en que por primera vez se hizo dialogar a los presidentes con la comunidad, a través de cinco videoconferencias que enlazaron el viernes a 20 localidades de este país.
En la Declaración de Santiago se reiteraron muchos de los conceptos y principios ya conocidos en los pronunciamientos fundacionales del Grupo de Río, instancia de concertación y coordinación política de América Latina frente al resto del mundo.
Pero también en esta puesta al día se profundizaron aspectos como la opción por el sistema representativo, con un claro respaldo a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), que será suscrita el próximo mes en una sesión especial en Lima.
Los 19 gobernantes se comprometieron a contribuir «significativamente al fortalecimiento de los mecanismos de promoción, defensa y consolidación de la democracia representativa en los países de la región».
Este punto de la declaración no estuvo exento de polémica, ya que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, propuso incorporar el concepto de democracia participativa, como expresión de mayor contenido que el respaldo a los regímenes de representación.
Esto despertó la oposición de otros gobiernos, que advirtieron en el nuevo concepto una visión favorable hacia el gobierno de Fidel Castro en Cuba, que se precia de participativo, aún cuando su representatividad se cuestiona por la falta de elecciones pluralistas.
El dilema se zanjó con un texto adicional, en que se exhorta a la región a seguir «profundizando la calidad de las instituciones democráticas, garantizando mediante normas una participación efectiva, ética y responsable de los ciudadanos en un marco de legalidad conforme al respectivo orden institucional».
La moción del presidente de Perú, Alejandro Toledo, de congelar la compra de armamentos ofensivos en la región, para encauzar recursos hacia el desarrollo social y la lucha contra la pobreza, generó también debates, pero a la postre permitió que por primera vez el Grupo de Río se pronunciara a favor de limitar los gastos militares.
La Declaración de Santiago registró «el firme propósito de adoptar medidas que contribuyan a una efectiva y gradual limitación de los gastos de Defensa en la región, con la finalidad de disponer de mayores recursos para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos».
Este propósito, agrega el texto, incluye generar medidas de confianza mutua y seguridad, de registro de armas convencionales según resoluciones de la OEA y la Organización de Naciones Unidas (ONU) y crear mecanismos de homologación del gasto militar.
Lagos argumentó que antes de plantearse metas de reducir el gasto, debe medirse con pautas comunes tanto el «stock» o cantidad de armas, como el «flujo», es decir lo que se gasta por años, así como discriminar los desembolsos por pago a personal militar retirado y activo, además de la compra de implementos.
Chile y Argentina iniciaron hace cuatro años un plan de homologación del gasto militar con el apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, agencia regional de la ONU, recordó el mandatario.
En la agenda preliminar de la cumbre figuraba también la adscripción del Grupo de Río a mecanismos de «intervenciones humanitarias», para acciones colectivas de la región frente a catástrofes, epidemias y hambrunas.
El término intervención despertó también suspicacias en este aspecto y, finalmente, el tema quedó consignado en la Declaración de Santiago como «Responsabilidad colectiva ante situaciones de crisis humanitaria».
Pastrana defendió esta formulación, argumentando a favor del Plan Colombia, que a su juicio no conduce a la militarización de su país, porque no es un programa de contrainsurgencia, sino un esfuerzo nacional contra el narcotráfico.
Pastrana recalcó que de los 7.500 millones de dólares pedidos para ese plan, 4.500 millones serán aportados por los colombianos. «Vamos a dejar de invertir esos recursos en salud y educación y los vamos a destinar a combatir el narcotráfico para que la droga no llegue a las calles de Estados Unidos», dijo.
Otros puntos relevantes de la declaración plantean «incorporar la dimensión de género en las políticas gubernamentales» de los países latinoamericanos y promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Con respecto a la sociedad de la información, si bien el pronunciamiento final de la cumbre reiteró aspiraciones ya conocidas, como reducir la brecha digital y desarrollar la nueva economía, se propuso por primera vez en el Grupo de Río la creación de mecanismos y normas para perseguir y castigar los delitos cometidos a través de Internet. (FIN/IPS/ggr/ff/ip/01
