El gobierno de Estados Unidos considera negar su apoyo a un acuerdo internacional que impide a los países ricos utilizar el Sur en desarrollo como vertedero de desechos peligrosos.
Se trata de la enmienda de 1995 a la Convención de Basilea de 1989 sobre el control del movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su eliminación.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo que el gobierno considera ratificar sólo la convención de 1989 y no la enmienda de 1995, conocida de modo informal como la Prohibición de Basilea, aunque la administración de George W. Bush aún no tomó una decisión definitiva.
La convención no prohibe a los países industrializados destinar desechos tóxicos a las naciones en desarrollo, una omisión que se pretende remediar mediante la enmienda de 1995.
Pero según organizaciones no gubernamentales (ONG) como el Centre for International Environmental Law, Greenpeace, Earthrights International y Sierra Club, representantes del gobierno indicaron el mes pasado que Estados Unidos no apoyará la enmienda.
La convención de 1989 tiene como fin regular los cargamentos de residuos peligrosos y, en opinión de las ONG, legitima la exportación de residuos.
«En vez de avanzar por el rumbo correcto, Estados Unidos sólo intenta incorporarse al tratado para guiarlo por el rumbo incorrecto», señalaron las ONG en una carta entregada la semana pasada al Departamento de Estado.
Cuando 82 países agregaron la prohibición por consenso en 1995, las organizaciones ecologistas anunciaron el comienzo del fin para el tránsito internacional de desechos tóxicos, que han puesto en peligro la salud y el ambiente de grandes comunidades en Africa, América Latina y Asia.
En la carta, los grupos dicen que la Prohibición de Basilea es una de las «mejores oportunidades» para detener el movimiento de residuos tóxicos hacia el Sur en desarrollo y para reducir la toxicidad de los residuos generados en los propios países ricos.
Cuando se elimine la opción relativamente barata del tránsito internacional de residuos, las empresas del mundo industrializado tendrán un incentivo para limpiar sus desechos, argumentan las ONG.
La Unión Europea ha ratificado la enmienda, al igual que 16 países más, entre ellos China, Ecuador, Noruega, Panamá, Sri Lanka y Trinidad y Tobago.
Estados Unidos jamás apoyó la prohibición y procuró debilitarla o rechazarla, señalan fuentes contrarias a esa política.
Aunque en 1994 el entonces vicepresidente Al Gore dijo que Washington buscaría la prohibición internacional de las exportaciones de residuos tóxicos, la presión de las industrias resultó más fuerte.
«La posición de Estados Unidos en esta cuestión de importancia moral y ambiental ha sido dictada por un sector muy pequeño de la comunidad empresarial», señaló Jim Puckett, coordinador de la Basil Action Network.
Entre los grupos empresariales contrarios a la prohibición se incluyen la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Business Recycling Coalition.
Un informe encargado por el Consejo Internacional de Metales y Ambiente, un grupo con apoyo empresarial, y preparado en 1998 por el Centro para la Política y el Derecho Comerciales, ambos de Canadá, expuso la oposición de las industrias al tratado.
Ese informe sostiene que la prohibición viola las reglas del comercio internacional y niega a los países importadores de desechos el derecho de decidir sus propias políticas, sobre todo en los casos en que el país importador tiene la capacidad de administrar los residuos de manera favorable al ambiente.
«Esos países deben tener la autorización para acceder a los recursos necesarios para desarrollar su capacidad de reciclaje y sus economías», según la opinión de las industrias.
Pero las organizaciones ecologistas afirman que el comercio de residuos tuvo consecuencias desastrosas en el Sur.
Por ejemplo, en 1998 un barco de carga arrojó 4.000 toneladas de cenizas tóxicas de incineradores, procedentes de la ciudad estadounidense de Filadelfia, en una playa próxima a la ciudad haitiana de Gonaive.
Luego de haber sido rechazada en puertos de todo el mundo, los residuos que nadie quería terminaron en uno de los países más pobres del mundo, poco equipado para manejar las cenizas.
Las cenizas, que contenían metales pesados tóxicos, como plomo y cadmio, contaminaron la tierra en Gonaive, denunció el grupo ambiental COHPEDA, de Haití. Parte del cargamento fue llevado al pueblo de Lapierre, donde provocó la muerte de animales.
Varios de los trabajadores que transportaron los materiales tóxicos hasta Lapierre también murieron prematuramente. Los mismos manejaron las cenizas sin la protección de máscaras, guantes o botas. Muchos de los operarios padecieron lesiones en la piel y problemas en la vista.
Los residuos retornaron a Estados Unidos el año pasado, luego de la presión ejercida por COHPEDA y ecologistas de Estados Unidos. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/aq/en/01
