El ex presidente de Yugoslavia Slobodan Milosevic se niega a elegir abogados que lo representen ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia que lo juzga por crímenes de guerra, ya que no reconoce su autoridad.
El abogado canadiense Christopher Black dijo que Milosevic, con quien se entrevistó por varias horas esta semana, seguía firme en su decisión de no designar a un defensor, aseguraron medios de prensa de Belgrado, capital de Serbia.
El encuentro se realizó en el centro de detención del tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Scheveningen, próximo a La Haya, Holanda. Black, integrante de un comité internacional de 200 abogados, se presentó como voluntario para asumir la defensa del ex presidente, pero la oferta fue rechazada.
«Si busca criminales de guerra la dirección correcta no es Scheveningen, sino la sede de la OTAN. Puse en juego el derecho de todo ciudadano para defender a mi país y por eso fui detenido», afirmó el ex mandatario en un comunicado hecho público por Black.
Milosevic fue extraditado a La Haya el 29 de junio, y es el primer jefe de estado que enfrenta cargos del Tribunal.
Este lo acusa de haber cometido crímenes de guerra contra la población de origen albanés de la meridional provincia de Kosovo en 1999. Unos 10.000 albanokosovares murieron y más de 800.000 fueron expulsados de la provincia por las fuerzas de seguridad serbias.
La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) bombardeó Serbia durante 11 semanas con el fin de detener la política de exterminio ordenada por Milosevic, entonces presidente de Yugoslavia.
Milosevic, quien presidió Serbia desde 1989 y Yugoslavia desde 1997 hasta 2000, reconoció la autoridad del tribunal cuando firmó los acuerdos de paz de Daytona, en 1995, que pusieron fin a la guerra en Bosnia-Herzegovina.
Por entonces el gobernante mantenía excelentes relaciones con los países occidentales y era considerado un hombre clave para lograr la paz en la región de los Balcanes.
Los países signatarios, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Serbia, acordaron permitir el ingreso de funcionarios del tribunal a sus territorios, cooperar con las investigaciones y detener a sospechosos de crímenes de guerra.
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia fue creado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1993, cuando las guerras que desintegraron la antigua Yugoslavia arreciaban en Croacia y Bosnia. Entre 1992 y 1995 murieron 200.000 personas a causa de los conflictos.
El gobierno de Milosevic autorizó la extradición a La Haya de dos sospechosos: Drazen Erdemovic, en 1996, y Ostoja Kremenovic, en 1997, acusados de la matanza de miles de musulmanes en la localidad bosnia de Srebrenica en 1995.
Erdemovic fue sentenciado a siete años de prisión, mientras Kremenovic fue absuelto por falta de pruebas. Pero cuando la semana pasada Milosevic compareció por primera vez ante el tribunal, lo calificó de «ilegal».
«Considero a este tribunal un falso tribunal y a sus acusaciones falsas acusaciones. Es ilegal, al no ser nombrado por la Asamblea General de la ONU. Así que no necesito nombrar un representante legal para un órgano ilegal. Este juicio busca una falsa justificación a los crímenes de guerra que cometió la OTAN en Yugoslavia», dijo Milosevic.
Su conducta «es un desafío a la institución y crea una serie de problemas procesales que los jueces deben resolver rápidamente», declaró a IPS el abogado serbio Slobodan Zecevic.
«Nunca había pasado algo así… cómo tratar a una persona que no reconoce al órgano de justicia ni tiene la voluntad de cooperar», se preguntó Zecevic, integrante de un grupo de juristas que han defendido a varios sospechosos ante el tribunal.
El ex gobernante ha reiterado que todas sus acciones fueron dirigidas a evitar que su país cayera en manos extranjeras, y que el mundo ha ignorado los crímenes de la OTAN, como el bombardeo a objetivos civiles dentro y fuera de Kosovo.
Pero las tácticas de Milosevic «no tendrán mayores consecuencias» en el caso, han dicho los jueces. «Seguiremos recomendándole que acepte toda la ayuda legal posible y que elija un abogado», dijo el protavoz del tribunal de La Haya, Christian Chartier.
Para el fiscal adjunto Graham Blewitt, la decisión de Milosevic es «astuta». Sin embargo, el ex presidente «tendrá la posibilidad de revisar todas las pruebas y materiales que sustentan los cargos», informó.
La próxima audiencia, que incluirá revisiones y declaraciones de la defensa, está prevista para la última semana de agosto, pero el juicio propiamente dicho podría comenzar en 2002, según Blewitt.
«Desde su punto de vista, tiene razones sólidas para no elegir un defensor. Pero desde el punto de vista práctico, es una mala decisión. Siempre es mejor defenderse uno mismo en lugar de dejar que las cosas pasen por sí solas», opinó el abogado Toma Fila, quien lo representa en un proceso por corrupción en Serbia, por el cual permanecía detenido desde abril.
Milosevic se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de Belgrado hace 37 años, pero jamás ejerció la profesión.
«Su primera aparición fue una exhibición de poder de un hombre que aún se cree un político. Es típico de él. Primero se muestra duro, pero después acuerda lo que mejor le conviene», manifestó en Belgrado Vladimir Gajic, también jurista.
«Milosevic lo pensará dos veces y preparará una defensa política, más que legal, ante el Tribunal», dijo a IPS el director de la Asociación de Abogados Serbios, Branislav Tapuskovic.
«Después de todo, tiene la oportunidad única de decir lo que piensa sobre el tribunal y la OTAN. No importa cuántas deficiencias pueda tener el tribunal, uno debe admitir que el mismo existe y que Milosevic lo reconoció en el pasado», agregó Tapuskovic. (FIN/IPS/tra-en/vpz/mn/dc/aq/ip/01
