La situación de los derechos humanos en Cuba mantiene en la cuerda floja las relaciones del país con la Unión Europea (UE), su principal socio económico y comercial.
La UE es un fuerte aliado de Estados Unidos en la demanda a La Habana de cambios democráticos y en abril reiteró en Ginebra su voto a favor de una resolución de condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
El gobierno cubano, que rechaza de manera tajante toda acusación referida a la cuestión humanitaria, cuenta no obstante con el apoyo de la UE en su campaña contra el embargo económico que Estados Unidos le impone desde comienzos de los años 60 y que fue reforzado en 1996 por la denominada ley Helms-Burton.
Con el nombre de Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, la norma prevé sanciones contra terceros países cuyas empresas realicen negocios con bienes expropiados a estadounidenses por la revolución triunfante en 1959.
Washington ha suspendido hasta la fecha en 10 ocasiones la aplicación de las disposiciones incluidas en el capítulo tercero de la ley Helms-Burton, sujeto a revisión cada seis meses por el gobierno estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, postergó nuevamente el 16 de este mes ese capítulo, que permite a estadounidenses cuyas propiedades hayan sido confiscadas por el gobierno cubano a demandar ante tribunales de su país a empresas de cualquier nacionalidad que negocien con esos activos.
La UE podría acudir a la Organización Mundial de Comercio en caso de ver afectados sus intereses en Cuba, amenaza que parece estar detrás de cada nueva suspensión estadounidense de las polémicas disposiciones.
«La Unión Europea saluda la decisión del presidente Bush de mantener la suspensión, lo cual sucede después de las discusiones constructivas que tuvimos con Estados Unidos el 14 de junio», señaló Gunnar Wiegand, portavoz del comisario de Relaciones Exteriores del bloque europeo, Chris Patten.
Sin embargo, Wiegand no olvidó señalar que el objetivo de los europeos «sigue siendo el mismo: anular la legislación extraterritorial y unilateral».
Europa representa 46 por ciento del comercio exterior de la isla. Del total europeo, 78 por ciento del intercambio comercial se concentra en los 15 países miembros de la UE, que, según expertos, ven en Cuba condiciones para convertirla en pivote del comercio con el Caribe.
En el campo de las inversiones extranjeras, España marcha a la cabeza en cuanto a la cantidad de empresas, con 99, que representan 25 por ciento del total, seguido de Canadá con 74 (19 por ciento), Italia con 57 (14 por ciento), Francia con 18 (cuatro) y Gran Bretaña con 14 firmas (tres por ciento).
El bloque europeo considera fuente de «divergencias inútiles y estériles» las leyes estadounidenses que imponen sanciones unilaterales, cuyos efectos perjudican la evolución de la cooperación transatlántica y comprometen los esfuerzos comunes en la lucha contra el terrorismo.
A su vez, Bush puso el dedo en la llaga cuando reconoció que aún persisten «diferencias reales» entre su país y la UE sobre cuál es la mejor manera de conseguir un cambio institucional en Cuba.
«Todos deseamos estimular la transición hacia una democracia pluralista, diversos partidos políticos, respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. El problema es cómo lograrlo», dijo a IPS un diplomático europeo.
Pocos meses después de que Bill Clinton, antecesor de Bush en el gobierno estadounidense, estampase su firma en 1996 sobre la controvertida ley Helms-Burton, el bloque europeo acordó la llamada «posición común» hacia Cuba, que mantiene hasta hoy.
Sujeta también a evaluaciones cada seis meses, la posición común intenta, según sus enunciados, lograr que la isla de régimen socialista se abra a un «proceso de transición pacífica hacia el pluralismo democrático».
«El Consejo daría la bienvenida al establecimiento de un diálogo constructivo con Cuba para un futuro marco de cooperación basado en el respeto de los principios democráticos, derechos humanos y el Estado de derecho», declaró en junio la UE, al emitir la décima posición común de los últimos seis años.
Hasta ahora, la respuesta del gobierno de Fidel Castro a tales invitaciones ha sido de rechazo a la posibilidad de un «diálogo condicionado», aunque aspira a dejar de ser «algún día» el único país latinoamericano excluido de un acuerdo marco de cooperación con la UE.
Para el canciller cubano Felipe Pérez Roque, la posición común «ha sido superada por el tiempo» y es necesaria «una plataforma más amplia» para la relación entre ambas partes.
Pérez Roque viajó en la primera quincena de este mes a Bélgica, que preside la UE hasta fines de año, donde trasmitió la disposición cubana de avanzar en las negociaciones encaminadas a la firma de un acuerdo marco.
Su colega belga, Louis Michel, fue al parecer receptivo a tales aspiraciones, aunque pidió la «debida reserva» para su trabajo en favor de estimular un «diálogo político» con Cuba.
Sin embargo, analistas políticos consideran difícil y complejo el camino por recorrer de aquí a diciembre, cuando la presidencia de la UE debe ser asumida por España, el primer socio comercial de Cuba, pero a la vez fuerte crítico de La Habana.
Un acuerdo marco con los 15 países europeos permitiría a la isla beneficiarse de todos los instrumentos de cooperación de ese bloque y estimular la colaboración en esferas como la agroindustria azucarera, la pesca, energía, salud, ciencia y tecnología, entre otros sectores. (FIN/IPS/pg/dm/if ip/01
