Decenas de miles de refugiados que huyeron de las guerras de Sierra Leona y Liberia son atacados en Guinea por fuerzas de seguridad y grupos de civiles, advirtió hoy la organización Human Rights Watch (HRW).
Los refugiados son atacados en los campamentos que administra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el interior del país o cuando intentan llegar a ellos, según el informe del grupo de derechos humanos con sede en Nueva York.
Muchos fueron detenidos durante semanas en cárceles guineanas, sin acusación formal. El informe de HRW documenta casos de refugiados torturados o golpeados hasta morir mientras estaban detenidos en la prisión de Forecariah, al sudeste de Conakry, la capital.
«Estas personas huyen de terribles guerras civiles y no debe admitirse que sufran más abusos al llegar a su lugar de refugio», dijo Peter Takirambudde, director de HRW Africa. «Guinea debe cumplir con sus responsabilidades», agregó.
El informe también solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que refuerce su presencia en Guinea, y a los países donantes que incrementen su apoyo financiero a las operaciones de la agencia en el país.
La situación de los refugiados se agravó en septiembre, luego de que fuerzas de Liberia y rebeldes de Sierra Leona con apoyo liberiano atacaran objetivos en Guinea.
Entonces, el presidente de Guinea, Lansana Conte, acusó a los refugiados de haberse infiltrado en el país como avanzada de los invasores, y solicitó a la población que protegiera el país.
Policías, soldados y civiles comenzaron entonces una campaña de violencia contra los refugiados en los campamentos y Conakry, afirmó HRW. Miles fueron atacados, golpeados, violados o arrestados.
Los ataques disminuyeron en los últimos meses, sobre todo después de que el gobierno y ACNUR comenzaron en febrero a trasladar a unos 45.000 refugiados que vivían en la frontera a seis campamentos nuevos en el interior. El traslado concluyó en mayo.
Pero la continua inseguridad, el acoso y los abusos hicieron que muchos refugiados optaran por no trasladarse a los campamentos, por temor a convertirse en un objetivo más fácil en futuros ataques.
En consecuencia, muchos refugiados permanecen en zonas conflictivas junto a la frontera, mientras decenas de miles más decidieron volver a Sierra Leona o Liberia, donde también corren el riesgo de sufrir persecución política o ser capturados por fuerzas insurgentes, según HRW.
La última crisis es resultado directo de la expansión de la violencia de Liberia y Sierra Leona hacia Guinea. La ONU calcula que los combates desplazaron a más de un millón de personas en los tres países.
En la última década, Guinea fue un generoso anfitrión para casi medio millón de refugiados de los dos países de Africa occidental. De toda Africa subsahariana, sólo Tanzania ha aceptado más refugiados, según el informe.
En julio, sin embargo, una combinación de fuerzas del gobierno y mercenarios liberianos, junto con rebeldes del Frente Revolucionario Unido (RUF) de Sierra Leona, atacaron Guinea, que fue acusada por el presidente liberiano Charles Taylor de albergar al insurgente Liberianos Unidos por Reconciliación y Democracia (LURD).
En respuesta, Guinea intentó crear una zona de contención dentro de Sierra Leona, mediante ataques con helicópteros y artillería contra el territorio controlado por el RUF, y proporcionando apoyo a los guerrilleros contrarios al RUF, que también podrían estar colaborando con los rebeldes del LURD, según HRW.
En consecuencia, cientos de miles de refugiados fueron atrapados en los combates fronterizos, que también afectaron a civiles guineanos habitantes de la zona en cuestión.
Hasta 200.000 guineanos no combatientes fueron obligados a abandonar sus viviendas en el último año, según un informe de Amnistía Internacional.
Como resultado, se declaró un estado de emergencia en la zona fronteriza y se reforzó la seguridad.
Sin embargo, la opinión pública se volcó contra los refugiados, vistos cada vez más como posibles amenazas a la seguridad nacional, lo cual se agravó tras el discurso de Conte en septiembre.
En él acusó a los refugiados de asistir a grupos armados de sus países. «La acusación incitó a los civiles guineanos, que antes habían recibido y absorbido a los refugiados en sus comunidades, a actuar en su contra», según el informe de Amnistía.
HRW reconoce que la preocupación del gobierno guineano en torno a la seguridad de la región es legítima, sobre todo con respecto al derecho a asegurar que no se infiltren armas o insurgentes en su territorio.
Pero también sostiene que esa preocupación no justifica el tipo de acoso al que fueron sometidos los refugiados en los últimos meses.
El grupo elogió a Conakry y ACNUR por instalar campamentos para refugiados alejados de la frontera, algo que Amnistía había solicitado hace tiempo.
«Que no se hayan trasladado antes a los refugiados de las zonas fronterizas —donde desde hace tiempo se había pronosticado el brote de hostilidades— contribuyó con la enorme escalada del desastre», según Amnistía.
Pero ahora que el proceso de reubicación ha concluido, ACNUR y el gobierno deberían prestar atención a otros problemas serios, indica el informe de HRW.
En primer lugar, las autoridades deben dejar de acusar sin fundamentos a los refugiados, con respecto a sus presuntos vínculos con grupos insurgentes.
También deben asegurar que fuerzas de seguridad y civiles no acosen a los refugiados.
El gobierno debe cooperar más estrechamente con ACNUR, sobre todo otorgándole acceso a todos los refugiados en los centros de detención y a los procedimientos utilizados para identificar a presuntos rebeldes entre los refugiados.
Así mismo, debe proporcionar documentos a los refugiados que actúen como salvoconducto dentro del país, propuso HRW. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/hd pr/01
