La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un sistema de etiquetado para asegurar a los consumidores que el chocolate que compran no es producto del trabajo esclavo infantil de Africa occidental.
El proyecto aprobado por 291 votos a favor y 115 en contra se incluyó como un agregado a una autorización para gastos agrícolas, que pasará rápidamente a consideración del Senado.
El objetivo son los productores de Costa de Marfil, que obtienen 43 por ciento de la cosecha mundial de cacao para la fabricación de chocolate. La Asociación de Fabricantes de Chocolate (CMA) se opuso a la decisión legislativa.
Esta es la última de una serie de medidas de Estados Unidos y Europa para obligar a las compañías que actúan en países donde se violan los derechos de la infancia o se permite el trabajo forzado, a abandonar tales prácticas o usar su influencia para poner fin a las mismas.
La iniciativa obedece a la creciente conciencia sobre el tráfico de niñas y niños en Africa occidental, donde 200.000 menores de edad son vendidos cada año por organizaciones de contrabandistas que los reclutan sobre todo en zonas rurales de los países más pobres, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El tráfico de niños en esa región fue abordado en varias investigaciones publicadas este año por la prensa de Gran Bretaña, a las que siguieron informes de la cadena Knight Ridder, dueña de más de 24 periódicos de grandes ciudades estadounidenses.
Unicef había advertido el crecimiento del trabajo infantil desprotegido en Africa occidental en un documento de 1998.
Así mismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos calculó en su informe anual de derechos humanos que unos 15.000 niños y niñas entre nueve y 12 años fueron vendidos para trabajar en las plantaciones de cacao, café y algodón en el norte de Costa de Marfil.
Pero el asunto había despertado poca atención hasta que se publicaron los informes periodísticos.
Las investigaciones de Knight Ridder, con entrevistas a niños, agricultores y funcionarios, revelaron que niños africanos de Malí, Burkina Faso, Benín y Togo fueron vendidos como esclavos para cosechar cacao en varias de las más de 600.000 plantaciones de Costa de Marfil.
«Esto debe detenerse. Tal como no podemos aceptar el trabajo esclavo en fábricas asiáticas, no debemos aceptar productos que se vendan en este país hechos por niños esclavizados», dijo el representante republicano Eliot Angel, autor de la iniciativa.
Hay mucho en juego, sobre todo para Costa de Marfil. Los consumidores estadounidenses gastan 13.000 millones de dólares por año en chocolate, mientras que la venta de cacao aporta a Costa de Marfil un tercio de sus ingresos por exportaciones.
A raíz de la preponderancia de ese país en el mercado mundial, y de la práctica de los fabricantes de mezclar semillas de cacao de distintos lugares del mundo en la prepración de sus productos, virtualmente todo el chocolate que se vende en Estados Unidos contiene algo de cacao de Costa de Marfil.
En consecuencia, tanto la CMA como el gobierno de Costa de Marfil están muy preocupados por la polémica internacional.
Abidjan negó que la esclavitud infantil fuera generalizada. El ministro de Agricultura Alphonse Dovaty atribuyó el problema al 10 por ciento de los agricultores de cacao que son extranjeros, y que podrían estar importando mano de obra indocumentada de sus países.
Las autoridades aseguraron haber detenido a una docena de traficantes y haber repatriado a muchos niños supuestamente esclavizados, entre los cuales unos 200 fueron regresados a Malí, país con el cual Costa de Marfil firmó un acuerdo especial sobre tráfico infantil en septiembre.
En efecto, varios países vecinos y organizaciones de derechos humanos criticaron lo que consideran el exceso de las medidas gubernamentales para encontrar y deportar a niños extranjeros supuestamente esclavizados, ya que fueron expulsados cientos de niños extranjeros cuya presencia en el país era legítima
Por su parte la CMA se negó en principio a reconocer su conocimiento del trabajo esclavo en Costa de Marfil, señalando que las empresas que la integran compran semillas de cacao a intermediarios internacionales de materias primas y por tanto no tienen personal en el país.
Pero tras las publicaciones de Knight Ridder, la CMA modificó su discurso. «Al principio hubo mucha polémica sobre el grado de veracidad de estas denuncias. Ahora ya no discutimos que sea cierto. Aceptamos que es un hecho», dijo a Knight Ridder el presidente de la CMA Larry Graham, el mes pasado.
La semana pasada, la organización empresarial afirmó que aportaría un millón de dólares para la realización de un estudio que determinara la extensión del problema y otros programas para enfrentarlo.
La CMA sostuvo que trabajaría en conjunto con la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y el Departamento del Trabajo para estudiar una muestra representantiva de 2.000 plantadores de cacao de Costa de Marfil y 1.000 de Ghana, donde también se denunciaron irregularidades.
Se examinará igualmente la situación de otros importantes productores de cacao en la región, como Camerún, Guinea y Nigeria.
Una portavoz de USAID confirmó que ya se habían iniciado los preparativos para el estudio y agregó que el mismo integraba un programa de la agencia para promover las prácticas sustentables y la capacidad de promoción de los agricultores de Africa occidental.
Por una iniciativa del ex presidente Bill Clinton de 1991 los organismos estatales tienen prohibido adquirir bienes producidos por niños esclavizados. Pero el chocolate y el cacao no formaban parte de la lista de productos prohibidos, si bien podrían ser incluidos a la luz de los resultados del estudio de USAID.
En Europa también se están estudiando medidas similares, sobre todo en Gran Bretaña, donde la prensa despertó gran interés del público.
El ministro de Asuntos Externos Brian Wilson manifestó su gran preocupación y sugirió que su gobierno podría exigir un etiquetado especial a los productos con cacao, a menos que la industria pudiera asegurar a los consumidores que el problema fue eliminado.
La Asociación de Fabricantes de Bizcochos, Confites y Cacao (BCCCA), que se reunió con Wilson en mayo y denunció la esclavitud infantil, volverá a entrevistarse con el ministro este mes para estudiar las posibles medidas.
Algunas empresas afiliadas a la BCCCA manifestaron su voluntad de que los plantadores se organizaran en cooperativas que controlen las condiciones de trabajo en las plantaciones.
Otra organización empresarial, la Asociación Europea de Cacao (ECA), también comprometió colaborar con las medidas para combatir el flagelo.
Así mismo, se espera que la Organización Internacional del Cacao, que incluye a las principales naciones productoras, apruebe la semana próxima, durante su reunión en Londres, un llamado a sus miembros para «investigar y erradicar cualquier actividad criminal relativa al trabajo infantil que pudiera existir en sus territorios en las prácticas de trabajo agrícola, en estrecha colaboración con Unicef» y otras organizaciones. (FIN/IPS/tra- en/jl/dc/aq/hd lb/01
