Multitudinarias manifestaciones se celebraron hoy en Pamplona, la capital de Navarra, y en San Sebastián, una de las capitales provinciales del País Vasco, para condenar los asesinatos perpetrados por el grupo terrorista ETA este fin de semana.
«Además de asesinos», los autores del atentado contra José Javier Múgica «son cobardes», dijo en Pamplona Raquel Múgica, hija del concejal de la localidad de Leitza muerto el sábado por la explosión de una bomba colocada debajo de su automóvil y detonada a distancia.
Esa es una de las modalidades de los atentados que suele cometer ETA, que pretende la independencia del territorio vasco, hoy dividido entre España y Francia. El grupo también asesina por la espalda a personas solas, habitualmente desarmadas, sin escolta o desprevenidas.
El sábado también fue asesinado Mikel Uribe, responsable de asuntos internos de la policía autónoma vasca, un cuerpo que depende de las autoridades del País Vasco designadas por el parlamento autónomo elegido en las urnas.
Uribe fue asesinado dentro de su automóvil en su localidad natal, Leaburu, un pueblo de 350 habitantes en la provincia vasca de Guipúzcoa, a la que se dirigía como todos los sábados para cenar con amigos y familiares.
Fuentes gubernamentales afirmaron que ETA emprendió una huida hacia adelante tras el fracaso electoral del partido político que representa sus posiciones, Batasuna, que perdió el 13 de mayo siete de los 14 escaños que tenía en el Parlamento Autónomo vasco.
Esa huida estaría marcada por nuevos asesinatos, algunos contra miembros de la policía autónoma vasca, pocos días antes o después de la investidura el jueves del nacionalista moderado Juan José Ibarretxe como presidente del País Vasco.
El arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, demandó en su homilía durante el funeral de Múgica «romper las cadenas del miedo y el silencio». «No os sometáis a quienes quieren esclavizarnos con las bombas y los tiros en la nuca. No apoyéis nunca a quienes los justifican», advirtió a sus fieles.
El reclamo de no apoyar a quienes justifican los asesinatos de ETA fue suscripto por los familiares de las víctimas y por todos los partidos políticos, con excepción de Batasuna, cuyos ediles en los ayuntamientos de Pamplona y Leitza se limitaron a «lamentar» los asesinatos, pero no los condenaron.
En Leitza, un pueblo de 3.000 habitantes, el ayuntamiento con mayoría de Batasuna se negó a izar la bandera a media asta, como homenaje a Múgica, que integraba el cuerpo.
El ayuntamiento de Leaburu, de 540 habitantes, tampoco condenó el asesinato de Uribe, y sólo expresó su «pesar» por el atentado, el cual, dijo su alcalde, «ha puesto de manifiesto la más dolorosa consecuencia del conflicto político».
La muerte del policía Uribe es el último peldaño de una serie de asesinatos cometidos «cada vez de forma más generalizada» antes de comenzar a atacar a ciudadanos vinculados con el nacionalismo vasco moderado, según Comisiones Obreras, una de las dos centrales sindicales mayoritarias, afín al Partido Comunista.
ETA anticipó en diciembre sus intenciones de atentar a funcionarios de la policía autónoma, un cuerpo comandado desde su origen en 1980 por gobiernos del moderado Partido Nacionalista Vasco.
En su revista interna Zutabe, ETA acusó a la policía autónoma de organismo represor al que podría tratarse como a «una fuerza armada española».
Mientras, el Partido Popular, gobernante en España, y el Partido Socialista Obrero Español, principal de la oposición nacional, atribuyen a la policía autónoma una débil acción contra simpatizantes de ETA que participan en actos de violencia callejera e incendian vehículos, cabinas telefónicas, comercios y domicilios de dirigentes populares y socialistas.
Una consecuencia de la violencia etarra es el endurecimiento de la política del gobierno vasco, integrado por sectores nacionalistas moderados, contra el nacionalismo extremista impulsado por ETA y por Batasuna.
Gorka Knorr, portavoz del socio menor en el gobierno vasco, Eusko Alkatarsuna, acusó a Batasuna de violar principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, invocada por su portavoz, Arnaldo Otegui, para pedir la independencia del País Vasco.
La Declaración, puntualizó Knorr, no admite interpretaciones parciales y por ello no se puede pedir el derecho de las naciones a la autodeterminación y al mismo tiempo violar el derecho a la vida y las libertades. (FIN/IPS/td/mj/ip/01
