La hora de la verdad para el nacionalismo vasco moderado llegará este jueves, cuando Juan José Ibarretxe sea designado por segunda vez presidente del gobierno autónomo del País Vasco español.
Ibarretxe formó gobierno por primera vez en diciembre de 1999, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), en el que milita, del también moderado Eusko Alkartasuna y de los diputados afines al grupo terrorista ETA.
La ruptura del acuerdo con los diputados afines a ETA lo obligó a renunciar, a disolver el parlamento regional y a convocar nuevas elecciones, que el 13 de mayo ganó con amplitud.
Al presentar este miércoles ante el parlamento vasco su programa de gobierno para los próximos cuatro años, el político nacionalista condenó los atentados de ETA y reivindicó el diálogo entre todos los partidos políticos sin exclusiones para lograr la paz.
Así mismo, señaló que el derecho a la autodeterminación y a la independencia son conceptos al servicio de la convivencia, que deben ser respetados y que pueden ser planteados «siempre que se defiendan por vías exclusivamente pacíficas y (que) se respeten escrupulosamente los procedimientos democráticos».
Ibarretxe será designado este jueves con los votos del PNV y de una escisión de éste, Eusko Alkartasuna (EA), que suman 32 diputados en el parlamento vasco de 75 escaños.
Anunciaron su abstención el partido Batasuna, que apoya a ETA y es respaldado por el grupo terrorista, y los tres sectores con presencia en toda España: el gobernante y centroderechista Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición Izquierda Unida, basada en el Partido Comunista.
A partir de su designación, Ibarretxe deberá responder a dos desafíos: llevar adelante su compromiso de alcanzar la autodeterminación del pueblo vasco, lo que no necesariamente llevaría a la independencia de esa región, y que ETA abandone o sea obligada a abandonar la violencia.
El programa de gobierno firmado por el PNV y EA antes de las elecciones recoge el acuerdo sobre autodeterminación aprobado por el parlamento vasco en 1990, que hasta la fecha no pasó de ser un documento sin aplicación práctica.
Ese acuerdo señala que el pueblo vasco es el titular del derecho de autodeterminación y que sus instancias representativas, como el parlamento vasco, «en cuanto depositarias de su soberanía, son las únicas legitimadas para impulsarlo».
La secretaria del PNV, Josume Ariztondo, afirmó el martes que una consulta popular sobre la autodeterminación sería «una cita impecablemente democrática». Al mismo tiempo, el portavoz de EA, Gorka Knor, sostuvo que «no solo posible, sino deseable» que tal consulta se realice en la actual legislatura, que durará cuatro años.
En su discurso ante el Parlamento, Ibarretxe anunció que en octubre lo convocará con el fin de tratar exclusivamente la cuestión del grado de autogobierno del País Vasco, para «abordar, con luz y taquígrafos, las iniciativas de cada cual para dar cumplimiento a la voluntad de la sociedad vasca» al respecto.
El presidente vasco también dijo que la sociedad vasca puede ser consultada, y se preguntó: «¿Qué hay de malo en esto?». El PP y el PSOE consideran que mientras haya violencia en el País Vasco ni siquiera se deberían mencionar el autogobierno o la autodeterminación.
Los nacionalistas moderados añaden que hablarían de autodeterminación en un clima de paz y que, para lograrla, impulsan un diálogo con todas las fuerzas políticas.
Allí se encuentran con un gran escollo: el PP y el PSOE se han comprometido mutua y públicamente a no dialogar con quienes no condenen expresamente la violencia.
El vicepresidente del gobierno vasco y ministro del Interior, Mariano Rajoy, subrayó después de oír a Ibarretxe que «la prioridad no es la autodeterminación ni cualquier suerte de logro político», sino «acabar con ETA».
Ibarretxe también dijo en su discurso que abrirá una etapa «en la que prime el diálogo con todos los partidos políticos del arco parlamentario que han recibido la legitimidad democrática de la sociedad vasca». Entre esos partidos figura Batasuna, que tiene siete diputados.
Pero Batasuna se niega a condenar la violencia, mientras ETA continúa cometiendo atentados, dentro y fuera del País Vasco. Este miércoles, al iniciarse la sesión del parlamento vasco, se guardó un minuto de silencio por el policía Luis Ortiz de la Rosa, asesinado el martes por ETA en Madrid.
Los diputados de Batasuna fueron los únicos que no participaron en el homenaje.
El presidente del parlamento vasco, Juan María Atutxa, del PNV, afirmó al proponer el minuto de silencio que «ETA es el enemigo del País Vasco» y que «ETA sobra».
Las encuestas coinciden en señalar que la mayoría de los ciudadanos vascos condenan el terrorismo y que viven con miedo.
Pero esas encuestas difieren cuando se trata de evaluar la posición de los vascos acerca de una eventual consulta sobre la autodeterminación.
Según un sondeo de la consultora Sigma Dos, realizado días antes de las elecciones del 13 de mayo, solo 18 por ciento de los vascos se pronuncia por la independencia del País Vasco. La misma encuesta indicó que 16 por ciento se consideran sólo españoles, 28,6 sólo vascos y 50,8 vascos y españoles al mismo tiempo.
Otro estudio, realizado en las mismas fechas para el diario catalán La Vanguardia por la consultora Opina, indica que 35,4 por ciento de los vascos se pronunciarían a favor de la independencia y 37,3 por ciento en contra.
Sólo 24,7 por ciento de los entrevistados para La Vanguardia dijeron estar a favor del derecho a la autodeterminación, mientras que 60 por ciento prefieron mantener el actual estado de comunidad autónoma, o de aumentar sus competencias, pero siempre dentro de España.
Con estos antecedentes, Ibarretxe deberá gobernar. Si para dialogar con Batasuna no exige su ruptura con ETA, tendrá fuera del diálogo al PP y el PSOE, con lo que sería imposible llegar a un acuerdo de pacificación.
Pero si pone en marcha un plan de autodeterminación para lograr que ETA declare una huelga unilateral, también tendría enfrente al PP y al PSOE, según los cuales ni el parlamento vasco ni el gobierno autónomo tienen competencias para convocar una consulta popular y que, en caso de hacerla, su resultado carecería de valor práctico.
En uno u otro caso, los nacionalistas moderados tendrán que optar por una negociación con Madrid para aumentar sus competencias de gobierno dentro del marco de su Estatuto de Autonomía y la Constitución aprobada en 1978, o por un vuelco radical.
Para lo primero contaría con el apoyo del PP y el PSOE, si al mismo tiempo actúa claramente contra ETA. Lo segundo sería el preámbulo de una crisis mayor, de alcances imprevisibles. (FIN/IPS/td/mj/ip/01
