El Fondo Monetario Internacional calificó de proteccionista la decisión del gobierno de Estados Unidos de investigar eventuales perjuicios a la industria a causa del aumento de las importaciones de acero.
El FMI imprimió sus críticas en un comunicado del 26 de junio titulado «IV Artículo de Consulta con Estados Unidos de América 2001» y que publicó tras mantener conversaciones con funcionarios del área económica.
Pero el gobierno de George W. Bush rechazó la acusación de proteccionismo. Paradójicamente, la investigación tiene el propósito de ayudar a Bush a obtener del Congreso legislativo la autoridad para negociar nuevos tratados comerciales, conocida como «vía rápida».
La vía rápida implica que el Congreso sólo podrá aprobar o rechazar íntegramente, sin modificarlos, los tratados internacionales negociados por Bush.
El FMI advirtió que la negativa de Washington a alterar sus políticas antidumping, que generaron fuertes críticas en la Organización Mundial de Comercio (OMC), podría dañar la posibilidad de negociar mayores acuerdos comerciales en el futuro.
«La reducción de la actividad económica en Estados Unidos y la fortaleza del dólar pueden dar pie a mayores pedidos de protección contra las importaciones», como lo sugiere la investigación sobre el impacto de las compras en el exterior en la industria del acero», señaló el FMI.
«Esas presiones proteccionistas deben resistirse con fuerza», agregó.
La investigación en curso es realizada por la estatal Comisión Internacional de Comercio (ITC) y podría conducir a la determinación de cuotas de importación y a otras medidas contrarias al libre comercio, pero están diseñadas para ayudar a la industria nacional del acero.
Incluso si la ITC recomienda sanciones, Bush podrá rechazar las conclusiones y buscar otras soluciones.
Las normas antidumping de Estados Unidos, que imponen sanciones a los países que venden productos en territorio estadounidense a un costo menor al de su producción, son tema de controversia en la OMC.
Para muchos observadores, el colapso de la reunión ministerial de la OMC en Seattle, en 1999, se debió en parte a la negativa de Washington de cambiar sus normas antidumping.
La investigación de la ITC sobre el acero podría afectar a Brasil, Japón, Sudáfrica e integrantes de la Unión Europea. En Seattle, estos países, junto con China e India, criticaron las prácticas antidumping de Estados Unidos.
El FMI también considera que Estados Unidos debe cambiar su política, en este sentido.
«El personal del FMI cree que hace falta un cambio en la administración (de los programas antidumping). La protección contra las importaciones sólo debe existir en los casos en que los productores extranjeros son responsables de conducta anticompetitiva», agregó la institución.
Paradójicamente, el funcionario del gobierno de Bush más crítico del FMI, el secretario del Tesoro Paul O'Neill, tuvo un papel primordial en la decisión de aprobar la investigación sobre el acero.
Antes de incorporarse al gobierno, O'Neill era presidente de Alcoa, la trasnacional del aluminio con sede en Estados Unidos.
Los comentarios del FMI son importantes porque tienen lugar mientras Washington intenta convencer al Congreso de otorgarle la autoridad de vía rápida.
El gobierno tiene especial interés en negociar el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que ampliaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para incluir al resto de América.
El gobierno espera que su investigación sobre el acero convenza a los legisladores procedentes de regiones acereras sobre su intención de acabar con prácticas comerciales desleales en el exterior, y le otorguen la vía rápida.
«Conviene a nuestro país que, si existen prácticas desleales de comercio en la industria del acero, las enfrentemos de forma muy activa», declaró Bush el 5 de junio, poco después de que su representante de Comercio, Robert Zoellick, pidió a la ITC que iniciara la investigación.
El gobierno de Bush asegura que sus medidas no son proteccionistas, sino destinadas a las industrias extranjeras que se mantienen gracias a los subsidios gubernamentales.
«La industria estadounidense del acero fue afectada por 50 años de intervención de gobiernos extranjeros en el mercado, y por el aporte financiero directo a sus industrias. El resultado fue una capacidad excesiva, una producción ineficiente y una superabundancia de acero en el mercado mundial», dijo Zoellick.
Un abogado de la industria que presenció las negociaciones en el Congreso dijo que el gobierno nunca vinculó la investigación de la ITC con un voto favorable a la vía rápida.
«Nadie dijo: usted tiene que apoyar la vía rápida si lo ayudamos con el acero. Pero el gobierno entiende que si no alivia a una industria cuando el caso lo merece, debilitará la defensa del libre comercio», destacó el abogado.
Quienes se oponen al ALCA afirman que la investigación sobre el acero no influyó en su posición sobre la vía rápida.
Muchos legisladores del opositor Partido Demócrata siguen contrarios a ampliar el TLCAN y a firmar nuevos acuerdos comerciales sin fuertes previsiones para la protección de los derechos laborales y del ambiente.
El Sindicato de Trabajadores del Acero de Estados Unidos elogió la investigación del gobierno, a pesar de que apoya la lucha contra la aprobación de la vía rápida.
«No veo que (la medida de Bush) se vincule a la vía rápida. estos son acuerdos de inversión. Nunca dejamos de pedir a nuestros afiliados que se opongan al ALCA», afirmó Leo Gerard, presidente del sindicato.(FIN/IPS/tra-en/ts/aa/aq-dc/if/01
