Italia se niega a arrestar al sacerdote católico ruandés Athenase Seromba, que reside en la región de Toscana y está acusado de participar en el genocidio de Ruanda, de 1994.
El Tribunal Penal Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Ruanda, radicado en Arusha, Tanzania, pidió hace dos años la detención de Seromba, de 38 años, advirtieron este miércoles Amnistía Internacional y dirigentes políticos italianos.
Seromba, perteneciente a la mayoritaria etnia hutu, ha rechazado la acusación de incitar el asesinato de 2.000 o 2.500 integrantes de la minoría tutsi en una iglesia católica de la localidad de Nyange, a 35 kilómetros de Kigali, entre el 14 y el 16 de abril de 1994.
Según testigos, el sacerdote invitó a los tutsis a refugiarse en la parroquia e incitó después a milicianos hutu a atacarlos con machetes, pistolas y fusiles. Después habría ordenado la demolición de la iglesia para rematar a los sobrevivientes.
Seromba aseguró, en declaraciones efectuadas hace dos años a la prensa italiana, que en el momento de la masacre no se encontraba en Ruanda. «Escapé el 6 de abril (de 1994) hacia Zaire con otros tres sacerdotes, y de ahí seguí a Kenia, donde permanecí un año, y después vine a Italia», sostuvo.
Su posición no ha cambiado y, aunque había anunciado que entregaría una declaración oficial, aún no lo ha hecho.
La misión del tribunal internacional consiste en juzgar a los responsables del genocidio perpetrado en Ruanda entre abril y julio de 1994, en que murieron cerca de un millón de tutsis y hutus moderados.
Según la acusación del tribunal, Seromba se trasladó a Italia después de la matanza y desde hace un año y medio ejerce como sacerdote en la iglesia de San Mauro en Signa, cerca de Florencia.
Consultada por IPS, la oficina de prensa del Vaticano se negó a formular comentarios. Seromba «nos pidió protegerlo del asalto de fotógrafos y periodistas. Hablará cuando sea el momento», dijo Riccardo Bigi, portavoz de la Archidiócesis de Florencia.
El Ministerio de Justicia italiano también se negó a aclarar por qué el sacerdote no ha sido detenido.
La vicepresidenta de la sección italiana de Amnistía Internacional, Elisabeta Noli, reiteró la solicitud a las autoridades para que procedan al inmediato arresto del sacerdote y a su entrega al Tribunal Penal Internacional
Noli consideró lamentable que Italia no hubiera procedido aún a la detención y que Seromba continúe recibiendo apoyo del Vaticano y de las instituciones eclesiásticas italianas.
La fiscal jefe de los tribunales internacionales para crímenes de guerra en Ruanda y en la antigua Yugoslavia, la suiza Carla del Ponte, se declaró «asombrada» por la actitud de Roma.
«Aparentemente Italia no sabe que la obligación de seguir el mandato de arresto es internacional y no depende de las leyes nacionales. Espero que cumpla con sus obligaciones», dijo.
La líder del Partido Radical italiano, Emma Bonino, calificó la actitud de su país de «vergüenza» y dijo que su sector hará todo lo posible para que el sacerdote sea entregado al tribunal internacional.
Pero «las autoridades eclesiásticas han recogido en los últimos años numerosas informaciones según las cuales (Seromba) no tuvo responsabilidad en esa matanza», afirmó el sacerdote Giuseppe Andreozzi, director de la oficina de cooperación misionera de la Conferencia Episcopal Italiana.
Andreozzi dijo a la agencia informativa de los misioneros (Misna) que no entendía por qué se deberían tomar medidas contra Seromba, y señaló que la policía de Florencia ha sido informada cada tres o cuatro meses sobre sus actividades desde que fue solicitada su entrega al tribunal internacional.
La organización de derechos humanos African Rights, radicada en Londres, también reclamó a Italia el arresto de Seromba, y lamentó no haber recibido respuesta a una carta sobre el caso enviada en 1998 al papa Juan Pablo II.
Italia aplaudió la entrega al tribunal para la antigua Yugoslavia del ex presidente Slobodan Milosevic, pero ahora se niega a hacer lo mismo con Seromba, observó el responsable de política exterior del Partido de Refundación Comunista, Ramón Mantovani.
Seromba no es el único religioso implicado en el genocidio. Dos monjas ruandeses fueron condenadas en junio a 15 y 12 años de cárcel.
Numerosos acusados del genocidio de 1994 huyeron, muchos de ellos a Europa. La semana pasada, por pedido del tribunal en Arusha, se efectuaron tres arrestos en Bélgica, Holanda y Suiza. Por otra parte, el tribunal suspendió el lunes a cuatro abogados defensores a los que halló sospechosos de crímenes de guerra. (FIN/IPS/jp/mj/hd/ip/01
