Chile volvió hoy a enfrentar la disyuntiva entre impunidad y justicia ante el fallo dividido de una sala de la Corte de Apelaciones de la capital, que cerró el proceso por crímenes contra la humanidad de Augusto Pinochet, basado en una supuesta «demencia moderada» del ex dictador.
El presidente Ricardo Lagos dijo que «los tribunales han demostrado ecuanimidad, independencia y autonomía» y exhortó a todos los chilenos a acatar ese dictamen, que «para algunos debe ser motivo de satisfacción, (mientras) para otros debe ser tal vez motivo de frustración».
Si bien el fallo determina el sobreseimiento (cierre) temporal del proceso al general retirado de 85 años, tanto su defensa como los acusadores señalaron que en la práctica pone término definitivo al proceso iniciado formalmente en enero.
El caso sólo podría ser reabierto con un nuevo dictamen de médicos forenses, en el cual se certifique que Pinochet superó la «demencia vascular en grado moderado» que se le diagnosticó en enero, pero ello es altamente improbable vista su avanzada edad.
El 8 de agosto de 2000 la Corte Suprema despojó a Pinochet de su inmunidad como senador vitalicio y el 29 de enero de este año el juez Juan Guzmán lo acusó como coautor de 57 homicidios y 18 secuestros de prisioneros políticos cometidos en octubre de 1973 por una misión del Ejército, conocida como la «caravana de la muerte».
El fallo de la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago excluye al ex dictador chileno (1973-1990) de esos cargos. A favor del sobreseimiento votaron los jueces Amanda Valdovinos y Cornelio Villarroel, mientras el tercer magistrado, Hugo Dolmetsch, lo hizo en contra.
Valdovinos informó que el fallo ya estaba votado hace una semana, pero que se mantuvo en estricta reserva y se hizo público este lunes, una vez acordada la redacción del texto de 35 carillas.
Pinochet se ve así liberado de los cargos sin que haya demostrado su inocencia, mientras Guzmán sigue adelante con el juicio al general retirado Sergio Arellano y a otros ex altos oficiales miembros de la «caravana de la muerte».
Las razones de salud ya habían librado al ex dictador chileno de ser extraditado a España durante su largo arresto en Londres, entre el 16 de octubre de 1998 y el 2 de marzo de 2000.
Pinochet recibió la noticia de su sobreseimiento mientras permanecía en régimen de «hospitalización domiciliaria» en su residencia de Lo Barnechea, un lujoso barrio en la precordillera de Santiago.
El ex gobernante de facto fue internado la semana pasada en el Hospital Militar por una infección maxilar que le habría causado complicaciones de salud, al punto que el sábado y el domingo circularon rumores sobre su fallecimiento.
El sábado pasado se desarrolló en la casa del ministro de Defensa, Mario Fernández, una imprevista reunión de Lagos con los comandantes en jefe del ejército, general Ricardo Izurieta, de la armada, vicealmirante Miguel Vergara, de la fuerza aérea, general Patricio Ríos, y de la policía de carabineros, general Manuel Ugarte.
Versiones extraoficiales indicaron que en ese encuentro se examinó la situación procesal del ex dictador, aunque el ministro de Justicia, José Antonio Guzmán, aseguró que el gobierno sólo conoció este lunes, al igual que el resto de la población, el veredicto de la Corte de Apelaciones.
Los abogados acusadores de Pinochet presentarán ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de queja contra los jueces Valdovinos y Villarroel, con la incierta esperanza de que el máximo tribunal establezca algún vicio de procedimiento que anule el fallo.
Hugo Gutiérrez, uno de los abogados, exhortó a la justicia internacional a reabrir los casos pendientes contra el ex dictador en países como Bélgica, Francia, España, ya que en Chile «lamentablemente no se puede hacer justicia», según dijo.
Carmen Hertz, abogada y viuda de una de las víctimas de la «caravana de la muerte», comentó que el fallo «es una derrota para la justicia de Chile, para el término de la impunidad y para la profundización de la democratización del país».
Para Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el dictamen de la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fue «inconcebible», ya que se procedió en la práctica a absolver al ex dictador, sin que se haya completado el juicio.
«Los tribunales siguen al lado de los victimarios» y perdieron la posibilidad de rehabilitarse por la actitud que tuvieron en los comienzos de la dictadura, cuando no acogieron ningún recurso de amparo a favor de detenidos-desaparecidos, agregó la dirigenta.
Por su parte, el cogobernante Partido Socialista apuntó que el sobreseimiento temporal de Pinochet «afecta el prestigio internacional de Chile», en tanto «establece su impunidad en crímenes de lesa humanidad que hoy son penados en el mundo».
La dirección del socialismo chileno, en una declaración pública, recordó que el caso Pinochet es emblemático en el mundo respecto del juzgamiento universal de los crímenes contra los derechos humanos.
«Lamentablemente, con esta resolución, los tribunales de justicia chilenos se ponen en contra del esfuerzo internacional que sanciona y condena tan graves crímenes», agregó la declaración.
En tanto, la organización humanitaria Amnistía Internacional expresó en Londres su frustración ante un fallo que desafía el «creciente consenso internacional de que los jefes de Estado no pueden escapar de la acción de la justicia cuando son acusados de crímenes contra la humanidad».
El fallo significa que los cargos extremadamente serios contra Pinochet relacionados con la «caravana de la muerte» no serán nunca expuestos en los tribunales, «denegando así la posibilidad de justicia para aquellos que murieron y 'desaparecieron' durante esa operación, y para sus familiares», subrayó Amnistía.
También criticó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), radicada en Nueva York.
«Es una terrible desilusión para los miles de víctimas de Pinochet que él quizá nunca afronte un juicio», comentó Juan Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división para América de HRW.
Sin embargo, agregó, «el hecho de que haya sido arrestado en Gran Bretaña y de que haya sido acusado en su país pese a su autoamnistía, y que la verdad sobre su involucramiento en las atrocidades haya sido revelada es un avance para la causa de la justicia en Chile y en el mundo».
Vivanco sostuvo que «el caso Pinochet marca el comienzo del fin para la impunidad en los peores crímenes de Estado».
«Es posible que Pinochet termine sus días en su casa, pero los aspirantes a dictador deberían detenerse a pensar sobre su destino. Su arresto en Londres cambió la historia. Ahora, será la historia la que dictará el veredicto final sobre su régimen», concluyó.
El aspecto más controvertido del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago radica en la calificación que hicieron los jueces Valdovinos y Villarroel de la «demencia vascular moderada» de Pinochet, como un factor que no le permitiría tener un debido proceso, ya que no estaría en condiciones de recordar los actos que se le imputan y, por tanto, defenderse.
Mientras, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, entiende que el dictamen inhabilita al ex dictador para retomar su sillón vitalicio en esa cámara, no obstante lo cual solicitará un informe a la Comisión de Constitución de esa rama legislativa.
«No puede ser senador alguien que ha sido declarado loco o demente, aún en un grado preliminar o inicial», señaló Zaldívar. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/01
