El argentino Jorge Rafael Videla se convirtió hoy en el primer ex dictador procesado por la Operación Cóndor, una coordinación represiva en América del Sur que al parecer tuvo respaldo de Estados Unidos.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral comunicó a Videla su procesamiento y prisión preventiva. Lo acusa de integrar una asociación ilícita agravada, creada para secuestrar, torturar, asesinar, hacer desaparecer personas y cometer otros crímenes conexos.
Al procesamiento se sumó un embargo de un millón de dólares sobre los bienes de Videla, quien se había negado a declarar cuando fuera convocado por el juez el 20 de junio.
El fundamento del juez para llevar adelante este caso, en coincidencia con la fiscalía, es que la desaparición forzada de personas es un delito permanente hasta tanto no se conozca el destino de la víctima, por lo cual no prescribe y elude las leyes de amnistía de los años 80.
Sin embargo, la defensa del ex dictador cuestionó la decisión de Canicoba Corral por entender que es «cosa juzgada», en referencia la garantía constitucional que señala la imposibilidad de que un ciudadano pueda ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Los abogados de Videla sostienen que la condena recibida por éste en 1985, en el proceso a las juntas militares impuestas en Argentina entre 1976 y 1983, lo exonera de un nuevo juicio por delitos cometidos en acciones de gobierno en ese lapso.
Videla fue condenado en esa ocasión a cadena perpetua por 66 homicidios y cientos de secuestros y torturas, y estuvo detenido hasta 1990, cuando fue indultado junto a otros ex jefes militares y ex guerrilleros por el entonces presidente Carlos Menem (1989- 1999).
En 1998 fue detenido nuevamente, esta vez en forma preventiva y con arresto domiciliario por tener más de 70 años, por su participación en la sustracción de hijos de personas desaparecidas. Por esa razón, ahora su situación no cambia.
El juez Canicoba Corral declaró que se comprobó la existencia «de un acuerdo espurio entre gobiernos militares del Cono Sur de América para producir, en territorios de otros y apelando a fuerzas extranjeras, secuestros y desapariciones forzadas de personas entre otros delitos conexos».
Agregó que la investigación a su cargo se limita a hechos ocurridos en territorio argentino.
La operación represiva estaba integrada por militares y personal de inteligencia de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y, en menor medida, de Ecuador y Perú, indicó.
El magistrado también señaló que durante las dictaduras de los 70 y parte de los 80 de la región se intercambiaron prisioneros y se realizaron secuestros y traslados de opositores entre los distintos países involucrados.
Además, documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia, de Estados Unidos, indican que ese país contribuyó en forma clave en la formación y en las actividades de la Operación Cóndor.
Por esa razón, el juez no descarta llamar a declarar al secretario de Estado estadounidense en esos años, Henry Kissinger.
En el mismo proceso, iniciado en 1999, también se pidió la captura del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989), del ex general chileno Manuel Contreras, quien fuera jefe de la policía secreta del ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y de cuatro ex represores uruguayos.
La única respuesta positiva hasta ahora fue de parte de la justicia chilena, que procedió en forma rápida a detener a Contreras por el secuestro y desaparición del empresario David Silbermann en 1974.
El juez de Chile debe resolver el pedido de extradición antes de los 60 días para que la detención se mantenga efectiva después de ese plazo.
En cambio, Stroessner manifestó al magistrado, a través de un abogado, que sólo declarará en Brasil, donde reside desde su derrocamiento, aduciendo problemas de traslado debido a su avanzada edad.
El gobierno de Uruguay también se negó a cumplir la orden del detención solicitada por Canicoba Corral contra los ex militares José Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira, y contra el ex comisario de policía Hugo Campos Hermida.
El ministro uruguayo de Interior, Guillermo Stirling, declaró el viernes que se esperará a que llegue el pedido de extradición para cursarlo luego a la justicia para que lo estudie.
Stirling agregó que el pronunciamiento es «estrictamente jurídico» y que no hace ninguna referencia a la ley de Caducidad Punitiva del Estado, amnistía aprobada a fines de los años 80 para favorecer a los militares uruguayos que intervinieron en la represión ilegal.
Entre los casos en que se basó el juez para dictar el procesamiento se cuenta el secuestro en 1976 en Buenos Aires de la uruguaya Sara Méndez y de su hijo Simón Riquelo, que apenas tenía 20 días de vida y que aún permanece desaparecido. (FIN/IPS/mv/dm/hd/01
