El ex capitán de fragata Alfredo Astiz, símbolo de impunidad de la represión ilegal de la dictadura argentina (1976-1983), quedó detenido hoy en Buenos Aires a pedido de la justicia italiana, por la desaparición de tres personas.
Grupos humanitarios y familiares de las víctimas celebraron la decisión de la jueza argentina María Servini de Cubría de ordenar el arresto preventivo de Astiz, aunque fueron más cautos sobre su eventual extradición a Italia, debido a los antecedentes de protección del gobierno argentino ante otros casos similares.
Servini de Cubría, del fuero federal, ordenó la detención de Astiz el viernes, haciendo lugar al pedido de captura internacional de la justicia italiana, pero el ex marino se entregó a la policía sólo este lunes por la madrugada y luego fue trasladado a una dependencia de la prefectura naval.
El fiscal italiano Francesco Caporale, informó este lunes en Roma que el Ministerio de Justicia de su país formalizará esta semana ante la cancillería argentina el pedido de extradición de Astiz, acusado de la desaparición a mediados de los años 70 en Argentina de tres italianos.
El abogado Pedro Bianchi, posible defensor del ex marino, dijo que no corresponde ser extraditado, pues Argentina no renunció a la competencia ni a la jurisdicción sobre los delitos de los que se le acusa.
Por su parte, Horacio Méndez Carrera, abogado de familiares de víctimas francesas de la represión dictatorial, manifestó a IPS su escepticismo respecto de la extradición de Astiz, sobre todo porque el gobierno de Fernando de la Rúa afronta una «debilidad progresiva» de su liderazgo.
«Hay que ser muy cautos y manejarse sin utopías», comentó Méndez Carrera, quien advirtió que la jueza deberá disponer la libertad inmediata de Astiz si la cancillería argentina rechaza la solicitud de extradición.
«Este es un caso que tendrá una resolución política», agregó.
Ese mismo argumento utilizó la presidenta de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, pero para una conclusión un poco menos escéptica.
La dirigente de Abuelas, entidad dedicada a buscar a los niños desaparecidos durante la dictadura, apuntó que «Astiz es un símbolo tan nefasto y desprestigiado, que nadie cuestiona su culpabilidad».
Carlotto expresó confianza en que esa unanimidad de criterios pueda llevar al gobierno a responder en forma favorable el pedido italiano de extradición.
El ex represor es acusado en Italia de ser el responsable de la desaparición durante la dictadura argentina de los ciudadanos italianos Angela Aieta, ocurrida en 1976, y de Juan y Susana Pegoraro (padre e hija), que data de 1977.
Pegoraro estaba embarazada cuando fue secuestrada y dio a luz a una niña que Abuelas sospechan es Evelyn Vázquez, una joven que se niega a someterse a un estudio genético para probar su verdadera identidad.
Vázquez exige, para que le realicen el examen, que la justicia le asegura que ese análisis no será utilizado como prueba contra quien ella considera es su padre, el ex marino Policarpo Vázquez, detenido y procesado por presunta apropiación ilegal de menores.
En la causa de la justicia italiana por la cual se requirió a Astiz también es investigado el capitán de fragata Jorge Vildoza, quien está prófugo y se sospecha que podría estar oculto en Paraguay.
Astiz fue investigado por la justicia argentina en los años 80, acusado de graves violaciones de los derechos humanos, pero la ley de amnistía de 1987 lo alejó de los estrados judiciales, junto a casi un millar de uniformados.
De todos modos, la brutalidad de sus acciones hizo que se lo reclamara desde varios países para su juzgamiento.
El primero fue Francia, que en 1990 lo juzgó en ausencia por la desaparición en 1977 de las monjas de esa nacionalidad Alice Domon y Leonie Duquet.
El ex marino argentino fue condenado a reclusión perpetua, también en ausencia, en esa causa, culpable del secuestro, torturas y asesinato de las dos religiosas, quienes desaparecieron junto a un grupo de madres de personas víctimas de secuestros por parte de la represión ilegal.
Astiz se infiltró en 1976 en la incipiente asociación de Madres de Plaza de Mayo, simulando ser familiar de una víctima, para así conocer las actividades y movimientos de sus integrantes.
Desde que fuera condenado en París, sobre Astiz pesaba una orden de captura internacional. El presidente Carlos Menem (1989- 1999) decretó su retiro anticipado de la marina en 1995, cuando tenía 42 años, como un gesto de complacencia hacia Francia, antes de realizar una visita oficial, pero no lo entregó.
Luego de la condena en Francia se sumaron los pedidos de captura de Suecia y de España.
La justicia sueca lo reclama por el asesinato de Dagmar Hagelin, una joven de esa ciudadanía baleada en Buenos Aires por el llamado grupo de tareas que dirigía Astiz, un hecho reconocido por los militares que adujeron equivocarse de persona.
Por su parte, el juez español Baltasar Garzón lo incluyó en la lista de decenas de militares y policías argentinos acusados de ser responsables de los delitos contra la humanidad perpetrados en los años 70 y comienzos de los 80 por las dictaduras de Argentina y de Chile.
Sin embargo, Buenos Aires se negó a otorgar la extradición de Astiz a España, por entender que Garzón no tiene jurisdicción juzgar delitos cometidos fuera de su país.
Pero Astiz, quien es repudiado cada vez que se presenta en público, también tiene problemas con la justicia argentina, pese a la protección de la ley de amnistía.
Una entrevista que le realizara en 1998 la periodista Gabriela Cerrutti, del semanario Trespuntos, le costó 14 denuncias por apología del delito, su condena por varios de esos cargos, y su destitución de la marina de guerra, de la cual ya había sido puesto en situación de retiro.
Astiz se jactó ante Cerrutti de ser «la persona mejor preparada de Argentina para asesinar a un político o a un periodista», y le dijo que fue la armada la que le enseñó «no a construir sino a destruir», a poner bombas, a infiltrarse y a matar.
La destitución, decidida ese año también por Menem, implicó quitarle el grado de militar, el sueldo que cobraba como retirado y todo otro beneficio del que gozara. También se le impuso un arresto de 60 días por apología del crimen.
Sin embargo, el abogado penalista Bianchi sembró ciertas dudas este lunes respecto de la verdadera separación de Astiz de la marina, al advertir que aceptará la defensa del ex militar si es que la jefatura de la fuerza acepta financiar «al menos» el costo de su pasaje a Italia para conocer el expediente.
Méndez Carrera explicó a IPS que de ninguna manera la armada puede utilizar dinero público para la defensa de un particular que cometió delitos, y advirtió que seguirán de cerca esa eventual irregularidad para denunciarla de inmediato. (FIN/IPS/mv/dm/hd/01
