El presidente de Estados Unidos, George W.Bush, mantuvo en suspenso el capítulo más polémico de la ley Helms-Burton, para tranquilizar a la Unión Europea y a otros países con inversiones en Cuba.
Bush anunció el lunes la postergación por otros seis meses de la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton, como lo había hecho invariablemente su predecesor Bill Clinton desde la aprobación de la norma en marzo de 1996.
El título suspendido permite a estadounidenses cuyas propiedades hayan sido confiscadas por el gobierno cubano demandar ante los tribunales de Estados Unidos a firmas de cualquier nacionalidad que negocien con esos activos.
Al anunciar su decisión, Bush admitió que aún persisten «diferencias reales» entre Estados Unidos y la UE acerca del modo de promover cambios políticos en Cuba, aunque aseguró que el bloque europeo mantiene su objetivo de promover la democracia en este país.
«Nuestras acciones alentarán el apoyo al embargo y reforzarán, no debilitarán, el creciente movimiento multilateral, multifacético, para promover la democracia y los derechos humanos en Cuba», dijo Bush en un comunicado.
El temor a una guerra comercial con la UE obligó a Bush a seguir los pasos de Clinton, contra la voluntad de la comunidad de exiliados cubanos opositores al gobierno de Fidel Castro, que votaron mayoritariamente en noviembre por el actual presidente.
«Una guerra comercial con Europa favorecería a la coalición antiembargo», sostuvo el diputado estadounidense Lincoln Díaz- Balart, de origen cubano y, al igual que Bush, perteneciente al Partido Republicano.
La UE renovó en junio su «posición común» sobre Cuba y su «apoyo a un proceso de transición pacífica hacia el pluralismo democrático y el respeto de los derechos humanos».
Esa posición excluye la firma de un acuerdo marco de cooperación entre la UE y Cuba, aunque la mayoría de las 15 naciones que integran el bloque europeo mantienen vínculos económicos y comerciales con este país.
La UE concentra 40 por ciento del comercio exterior de Cuba, según fuentes oficiales. Casi la mitad de los turistas que cada año visitan este país proceden de los países del bloque, así como más de 50 por ciento de las firmas asociadas con Cuba en empresas mixtas.
La UE podría recurrir a la Organización Mundial de Comercio en caso de que la aplicación de alguno de los capítulos de la Ley Helms-Burton afectara sus intereses.
El viernes, antes de su anuncio, Bush emitió otro comunicado que preveía una aplicación más rigurosa de la norma, como mayores restricciones al envío de remesas de dinero a Cuba y a los viajes desde Estados Unidos a la isla.
«Es importante que mantengamos y hagamos aplicar la Ley (Helms- Burton) en la mayor medida posible para impedir viajes excesivos y sin licencia, aplicar las limitaciones a las remesas y garantizar que el intercambio cultural y humanitario favorezca realmente la democracia en Cuba», dijo.
Unos 120.000 estadounidenses de origen cubano y otros 80.000 ciudadanos de Estados Unidos visitaron Cuba el año pasado, aunque el embargo prohibe los viajes turísticos a este país.
«La política agresiva contra nuestro país se ha recrudecido» con la investidura en enero de Bush, según un informe enviado el lunes por el gobierno de Fidel Castro al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan.
En el texto titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba», las autoridades cubanas descartaron en el corto plazo un cambio en la política de Washington.
La Habana tampoco espera que en el Congreso legislativo de Estados Unidos se abran paso propuestas que «se proyecten hacia la distensión, el diálogo o la verdadera flexibilización del bloqueo contra Cuba».
La serie de disposiciones del Poder Ejecutivo estadounidense que conforman lo que Washington llama embargo y que La Habana denomina bloqueo comenzaron en octubre de 1960 con el cese de las relaciones económicas, que desde 1963 incluye la venta de alimentos y medicinas a este país.
La prohibición a ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba y realizar en este país transacciones financieras o comerciales rige desde febrero de 1963.
En 1992, el Congreso legislativo estadounidense aprobó la Ley de Libertad y Democracia en Cuba, iniciativa del legislador del Partido Demócrata Robert Torricelli, que consolidó en una ley las resoluciones del Poder Ejecutivo relativas al embargo.
La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 con el nombre de Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, prevé sanciones contra terceros países que negocien en Cuba con bienes expropiados a estadounidenses.
Este cuerpo legislativo consta de cuatro capítulos, el primero de los cuales declara la oficialización del embargo económico contra Cuba como política de Estado.
El capítulo segundo da al presidente de Estados Unidos la potestad de determinar el momento, cuando Cuba esté bajo un gobierno «democráticamente elegido», en que se procedería a considerar el reconocimiento diplomático y el levantamiento de restricciones.
El capítulo cuarto establece el derecho de Estados Unidos de negar la entrada a empresarios que «trafiquen» con propiedades confiscadas por la revolución triunfante en 1950 a ciudadanos estadounidenses. (FIN/IPS/pg/mj/ip/01
