El gobierno de Colombia pidió hoy a las rebeldes FARC que aclaren su disposición a respetar las normas del derecho internacional humanitario y sobre inmunidad diplomática, las que violaron al secuestrar a un ex gobernador que se desplazaba en un vehículo de ONU.
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) reconocieron su responsabilidad en el secuestro el domingo del ex gobernador de departamento de Meta (centro-oeste) Alan Jara, a quien atribuyeron vínculos con paramilitares de derecha.
El comisionado presidencial para la Paz, Camilo Gómez, admitió que el caso afectó las garantías que deben rodear el diálogo entre el gobierno y la principal guerrilla colombiana.
«Las FARC han hecho una descalificación expresa del derecho internacional humanitario y de normas mínimas de respeto a la inmunidad que gozan los gobiernos y las organizaciones internacionales», afirmó el funcionario.
Así mismo, el ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández, negó que el incidente pueda incidir en las relaciones entre el gobierno y la ONU (Organización de las Naciones Unidas), por tratarse de la actuación «de un grupo al margen de la ley».
Sin embargo, Fernández indicó que las FARC deben aclarar ante la comunidad internacional «que están dispuestos a respetar las normas mínimas que deben existir para que el diálogo de paz pueda desarrollarse con garantías» .
En un comunicado de cinco puntos leído por el jefe guerrillero Carlos Lozada desde Los Pozos, localidad donde se desarrolla el diálogo de paz, las FARC anunciaron que sometarán a Jara a juicio político por su supuesta pertenencia a la organización paramilitar derechista Autodefensas Unidas de Colombia.
Los rebeldes pidieron explicaciones a la ONU sobre las razones por las que el ex gobernador «viajaba bajo su protección, poniendo en entredicho la neutralidad reconocida» del foro mundial en el conflicto.
Un dirigente político colombiano que solicitó reserva sobre su identidad dijo a IPS que, cuando fue gobernador, Jara fue investigado por la Procuraduría por su supuesta pertenencia a las FARC. Sin embargo, la organización guerrillera lo señala como aliado de los paramilitares.
El asesor especial de la ONU para el proceso de paz, Jan Egeland, dijo en un comunicado que la retención de Jara, «que es un civil, constituyó una infracción al derecho internacional humanitario y de la inviolabilidad del vehículo» del foro mundial.
El caso, además, comprometen «la misión social y humanitaria de la ONU», sostuvo Egeland.
Según Egeland, Jara fue invitado «por las autoridades locales a inaugurar un importante proyecto de desarrollo local», un puente en la localidad de Lejanías, departamento de Meta, cuando fue amenazado con armas de fuego para que saliera del vehículo, en el que también viajaban otros invitados de la ONU.
El funcionario recordó que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, condenó el secuestro y demandó el lunes la inmediata libertad de Jara y la de tres alemanes que trabajaban en proyectos de desarrollo en el sur de Colombia patrocinados por la Unión Europea, también prisioneros de las FARC.
Las FARC deben «tomar medidas urgentes para proteger a los civiles y dar garantías para que la ONU y las misiones diplomáticas puedan llevar a cabo su trabajo sin interferencias», dijo Egeland.
El secuestro de Jara fue condenado también por representantes del Congreso legislativo, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, y organizaciones no gubernamentales internacionales.
El presidente del Senado, Mario Uribe, consideró insólito el proceder de las FARC, violatorio de la inmunidad diplomática que protege los vehículos de una organización como la ONU, participante activa en el proceso de paz en Colombia.
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Fernando Tapias, calificó las afirmaciones de las FARC en torno del secuestro de «acto inconcebible», y afirmó que los rebeldes '»se empeñan en desconocer las normas del derecho internacional humanitario».
Luis Valencia, profesor de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que el episodio constituye «otro error político de las FARC», que sin duda será aprovechado por sectores de derecha, críticos del proceso de paz.
Las FARC violaron la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de la ONU, «que es respetada universalmente incluso en los conflictos bélicos más graves», sostuvo Valencia.
La Convención establece que los bienes de la ONU «gozan de inviolabilidad, de manera que no pueden ser objeto de allanamiento, requisición, confiscación o de cualquier forma de interferencia».
La declaración de las FARC refleja arrogancia y el desconocimiento de principios jurídicos esenciales que deben ser respetados por las partes en conflicto, dijo en Washington el director de la organización de derechos humanos Human Rigths Watch- America, José Miguel Vivanco, al diario El Tiempo.
Human Rights Watch envió este mes una carta al líder de las FARC, Manuel Marulanda, en que responsabiliza a su grupo de violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario.
Vivanco afirmó que, si bien las FARC no son las únicas responsables de violaciones del derecho internacional humanitario en Colombia, ha desconocido reiteradas exhortaciones a acatar las normas de alcance mundial que protegen a los civiles en conflictos armados.
El año pasado se registraron en Colombia cerca de 300 desapariciones y 1.500 secuestros de civiles, cometidos por guerrilleros izquierdistas y paramilitares, según el informe publicado en mayo por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. (FIN/IPS/yf/mj/hd/01
