El gobierno de Colombia anunció hoy cambios en su representación en el diálogo con las guerrilleras FARC, con el fin de dinamizar la negociación iniciada en enero de 1999.
El ministro del Interior, Armado Estrada, afirmó que el presidente Andrés Pastrana y del alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, han creído conveniente efectuar esos cambios «para darle mayor agilidad al proceso». Los nuevos nombres serán anunciados esta semana.
La intención del gobierno es que sean «funcionarios con representatividad estatal» los que establezcan «compromisos» y que definan junto con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) cómo lograr «más resultados en un corto plazo», agregó Estrada.
La representación del gobierno en la mesa de negociaciones con las FARC esta integrada por Alfonso López, Luis Giraldo, el general (retirado) José Gonzalo Forero, Juan Uribe, Ramón de la Torre, y el sacerdote Alberto Giraldo, que no ostentan cargos que les den representatividad estatal, y el comisionado Gómez.
Estrada atribuyó los cambios a la intención de «tener (en la mesa de diálogo) personas con mayor capacidad de decisión y más nivel de compromiso (con el Estado) en la mesa de negociaciones». La próxima representación tendrá una mayoría de funcionarios del gobierno.
Los actuales negociadores seguirán dando su aporte al proceso de paz, pero como asesores, agregó el comisionado.
El cambio de negociadores, según analistas, responde a la crisis del diálogo, que desde su inicio no han logrado acuerdos concretos, así como a diferencias de opinión entre los delegados actuales en torno del manejo del proceso.
El único avance en esta fase se alcanzó en una mesa paralela a la principal, en que se firmó el acuerdo que permitió la liberación de 42 soldados y policías prisioneros de las FARC y 14 guerrilleros presos.
El acuerdo permitió también que las FARC liberaran por decisión unilateral a casi 300 soldados y policías hechos prisioneros en combates registrados hace tres años.
Estrada afirmó que la negociación avanza con dificultades pero agegó que «va por buen camino y muestra realizaciones concretas».
En opinión del funcionario, el acuerdo que permitió la liberación de prisioneros demostró el grado de confianza alcanzado por las partes.
Otro avance señalado por Estrada es el estudio de una propuesta de cese del fuego y de hostilidades a estudio de una comisión integrada por dos representantes de las FARC y dos del gobierno, que debe resolverse en un plazo de 90 días.
Otra es la opinión del negociador Luis Giraldo, representante del opositor Partido Liberal, para quien el proceso de negociación debe ser reorientado.
Giraldo afirmó que las FARC «quieren fortalecer la guerra en medio de la negociación», en alusión al anuncio del dirigente guerrillero Jorge Briceño, quien anunció que las FARC se proponen llevar la guerra a las ciudades y liberar a los presos de su organización si no se apruebe una ley de canje de prisioneros.
Para Giraldo, el gobierno debe «comenzar a pensar en una alternativa frente a la posibilidad de que no haya proceso de paz».
López, también representante del Partido Liberal, manifestó su frustración ante a los resultados del proceso de negociación.
El sacerdote Giraldo, quien hace dos meses no asiste a las reuniones de la mesa de negociaciones, también pidió una reorientación del proceso para facilitar el cese del fuego.
Algunos analistas afirman que para dinamizar el proceso de negociación se requiere una mayor presencia y participación de la sociedad civil, y no, como afirma el gobierno, designar de negociadores con rango de funcionarios del Estado.
Luis Valencia, investigador de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que el desgaste del equipo de negociadores del gobierno es evidente.
Es posible que, entre los cambios que se anunciarán esta semana, el gobierno dé mayor participación al Frente Común, integrado por representantes de partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y sectores sociales, con el fin de que sus aportes dinamicen el proceso, dijo Valencia.
Daniel Pecaut, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, recordó que la sociedad civil es el sector más golpeado por la guerra civil, pero se encuentra totalmente ausente e indiferente ante el conflicto, posiblemente por «una falta de conciencia histórica».
Pacaut afirmó, en un seminario realizado el año pasado en Bogotá, que los colombianos aceptan el hecho de que estar sumidos en la violencia hace más de tres décadas, y no han reflexionado para tomar eso como un «precedente lo suficientemente sólido para optar por una postura definitiva frente a la guerra interna.
Pecaut sugirió a la sociedad civil crear espacios abiertos de debate que permitan interrogar a los bandos en pugna cuáles serán las respuestas que entregarán dentro de 50 años a las nuevas generaciones. (FIN/IPS/yf/mj/ip/01
