El cobre sigue siendo la principal fuente de divisas de Chile 30 años después de la nacionalización del sector, pero la minería estatal cedió terreno a la privada a raíz del auge de la inversión externa en las dos últimas décadas.
El 11 de julio de 1971, el Congreso legislativo aprobó la reforma constitucional presentada por el gobierno de Salvador Allende y traspasó al Estado los cuatro grandes yacimientos de cobre: Chuquicamata, El Salvador, Andina y El Teniente.
La nacionalización puso término al régimen de sociedades mixtas establecido por el gobierno anterior de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y creó la Corporación del Cobre (Codelco), encargada de administrar los yacimientos.
Codelco sigue siendo hasta hoy la mayor empresa del país por su volumen de ventas y la magnitud de sus activos. Chile cubre un tercio de la demanda mundial de cobre.
Tanto el presidente Ricardo Lagos como el presidente ejecutivo de Codelco, Juan Villarzú, reiteraron que no está en los planes del gobierno privatizar la corporación, aunque insistieron a la vez en la necesidad de que la compañía se asocie con privados para atraer inversiones y garantizar su desarrollo futuro.
En términos contables, la nacionalización del cobre fue un gran negocio para el Estado chileno, según las cifras entregadas por Villarzú en la conmemoración de los 30 años de la reforma constitucional de 1971.
En los últimos 27 años, Codelco aportó al fisco 28.000 millones de dólares y entregó al Estado, por concepto de utilidades en las ventas, 6.000 millones de dólares entre 1994 y 2000.
Esta última cifra no incluye los impuestos pagados en el periodo por la llamada gran minería del cobre, que ascendieron a otros 600 millones de dólares.
En este trigésimo aniversario no hubo recapitulaciones sobre lo que significó la nacionalización en términos políticos, en el conflictivo escenario que vivió Chile bajo el gobierno izquierdista de Allende (1970-1973).
La reforma constitucional que dio paso a la nacionalización fue tal vez la única propuesta legislativa del gobierno allendista que contó con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, incluyendo a la Democracia Cristiana y al derechista Partido Nacional, ambos entonces en la oposición.
Pero la reacción externa no fue la misma y en última instancia la nacionalización contribuyó a que el gobierno estadounidense de Richard Nixon (1969-1974) acentuara las operaciones de desestabilización de Allende que desembocaron en el cruento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El principal punto de conflicto estuvo en una disposición de la reforma constitucional que permitió al Estado chileno calcular las utilidades excesivas que percibieron durante largos años las empresas estadounidenses Kennecott y Anaconda, antiguas propietarias de los yacimientos nacionalizados.
Estas ganancias por encima de una rentabilidad normal serían deducidas de los montos de indemnización que correspondía pagar a las transnacionales, lo cual no fue aceptado por Washington, que inició causas judiciales internacionales para embargar en puertos de Europa los envíos de cobre chileno.
Tras el derrocamiento de Allende, la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) accedió a indemnizar a las compañías estadounidenses.
En 1980, el régimen dictatorial hizo aprobar una nueva Constitución en que mantuvo bajo control estatal a las empresas nacionalizadas en 1971, pero que introdujo también el sistema de concesiones para reabrir la minería a los privados.
En 1983 se dictó un nuevo Código Minero, punto de partida para la creación de una gran minería privada, que comenzó a materializarse en 1987 con el inicio de inversiones extranjeras en grandes proyectos de explotación de cobre y otros minerales.
El restablecimiento de la democracia en 1990 coincidió con un periodo de auge en las cotizaciones internacionales del cobre, un estímulo adicional para la atracción de capitales hacia el desarrollo de nuevos yacimientos.
Entre 1990 y 1995, la minería atrajo 58 por ciento de la inversión extranjera directa realizada en Chile, en lo que constituyó el germen de 13 grandes proyectos privados que entraron en su fase productiva en el curso de la década.
Según estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre 1990 y 1999 la producción de cobre de Chile aumentó 12,3 por ciento, con un incremento de 35,6 por ciento de los yacimientos privados.
Un informe de Cepal sobre las 20 mayores empresas de Chile con participación extranjera, basado en el bienio 1999-2000, incluye cuatro compañías mineras en los lugares cuarto, noveno, décimo sexto y décimo octavo.
Los mayores inversionistas extranjeros en la minería del cobre de Chile han sido corporaciones de Australia, Gran Bretaña, Canadá, Japón y Estados Unidos.
Entre 1985 y 2000, la participación privada en la producción de cobre aumentó de 10 a 66 por ciento, en tanto el aporte de Codelco en el mismo periodo bajó de 80 a 33 por ciento.
No obstante estas cifras, Codelco contribuyó con importantes aumentos de su producción al hecho de que Chile sea actualmente el mayor productor mundial de cobre, con una extracción de tres millones de toneladas en 2000, que cubre un tercio de la demanda internacional.
El cobre representa actualmente 85 por ciento de la producción de la minería chilena, sector que a su vez representa 44 por ciento de los ingresos por exportaciones, 35 por ciento del acervo de la inversión extranjera directa y ocho por ciento del producto interno bruto.
De acuerdo con previsiones de Cepal, entre 2001 y 2006 deberán ingresar a Chile nuevas inversiones en el sector minero por 8.240 millones de dólares. (FIN/IPS/ggr/mj/if/01
