La clausura temporal del proceso al ex dictador Augusto Pinochet vuelve a dañar la imagen internacional de Chile y podría perjudicar las negociaciones de un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos, afirmó un congresista estadounidense.
Maurice Hinchey, miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata, dijo en una entrevista con el diario virtual chileno Primera Página (www.elarea.com) que el gobierno de Ricardo Lagos «no ha hecho lo suficiente para hacer responsable a Pinochet por todos sus crímenes».
El proceso a Pinochet por 57 homicidios y 19 secuestros de prisioneros políticos cometidos en 1973 por la llamada «caravana de la muerte», fue cerrado el día 9 por la Corte de Apelaciones de Santiago y los intentos de reabrirlo sufrieron el miércoles un primer traspié.
La sexta sala de ese tribunal, por dos votos contra uno, rechazó un recurso de impugnación del sobreseimiento (cierre) temporal del caso presentado por el Consejo de Defensa del Estado.
La misma sala, por idéntica votación, estimó hace 10 días que el ex dictador Pinochet (1973-1990) no estaba en condiciones de tener un debido proceso por razones de salud.
Según el polémico fallo, la «demencia vascular moderada», que le diagnosticaron en enero médicos forenses a Pinochet, le impide recordar cabalmente los hechos de 1973 y defenderse de los cargos que le imputa el juez Juan Guzmán.
Pese a que la resolución señala literalmente que se trata de un sobreseimiento temporal del caso, tanto la defensa del ex dictador como los acusadores coinciden en que su efecto es definitivo, ya que es prácticamente imposible que se revierta el diagnóstico médico.
El Consejo de Defensa del Estado alegó que los fundamentos invocados por los dos magistrados que sobreseyeron al ex dictador corresponden a normas de una reforma procesal que aún no está en vigencia en la Región Metropolitana (Santiago).
Están pendientes otros dos recursos que podrían conducir a la anulación del fallo.
El primero de esos recursos es una demanda de nulidad de derecho público presentada por los abogados acusadores, que será revisada también en la Corte de Apelaciones de Santiago por una sala diferente a la que emitió el fallo del 9 de este mes.
La Corte Suprema de Justicia tendrá que pronunciarse, a su vez, sobre un recurso de queja que la parte querellante en el proceso de la «caravana de la muerte» presentó contra Amanda Valdovinos y Cornelio Villarroel, los dos magistrados que votaron a favor del cierre temporal del caso contra Pinochet.
Hinchey citó reportes de prensa de los diarios estadounidenses The Washington Post y The New York Times y del británico Financial Times que sugieren la existencia de presiones militares en Chile, algunas públicas y otras silenciosas, a favor del cierre del proceso al general retirado de 85 años.
El representante demócrata tuvo un papel protagónico en las resoluciones del Congreso para que el gobierno estadounidense iniciara en 1998 la desclasificación (levantamiento de reserva) de documentos sobre Chile de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del Departamento de Estado y de otros organismos.
De las publicaciones de la prensa estadounidense «se desprende que el presidente Lagos y su gobierno han desistido de perseguir a Pinochet, prefiriendo dejar en el pasado los crímenes de su época», señaló Hinchey.
«Pienso que, si llegara a comprobarse que los militares siguen ejerciendo control sobre el gobierno de Chile, podría dañarse la reputación de este país ante la comunidad internacional», agregó el político estadounidense.
«Soy un partidario del gobierno de Lagos y me encantaría que su presidencia fuera exitosa, pero he visto por los artículos de prensa que el gobierno no ha hecho lo suficiente para hacer responsable a Pinochet por todos sus crímenes», insistió.
El legislador reconoció, así mismo, «grandes progresos» en el sistema judicial chileno, ya que «habría sido impensable hace cinco años que Pinochet fuese acusado y arrestado en Chile».
«Sin embargo, a la luz de los reportajes que he recabado sobre presiones políticas y militares que rodean el caso Pinochet, (el Poder Judicial) no se ha comportado totalmente independiente», advirtió Hinchey.
Según el representante demócrata, la evolución del caso Pinochet puede influir negativamente en las negociaciones para un tratado bilateral de libre comercio entre Chile y Estados Unidos, iniciadas en diciembre de 2000.
Si Chile no demuestra a sus socios comerciales que se atiene a sus propias leyes, estos serán reticentes a un tratado, porque tampoco tendrán garantías de que eventuales desacuerdos sean resueltos en forma justa, argumentó Hinchey.
El político estadounidense agregó que continuará haciendo campaña a favor del enjuiciamiento del ex dictador chileno.
«Además, seguiré incentivando al Departamento de Justicia de Estados Unidos para concluir la investigación sobre el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffit con una acusación en contra de Pinochet», apuntó.
Letelier, ex canciller del gobierno de Salvador Allende (1970- 1973) y Moffit, su asistente estadounidense, fueron asesinados en septiembre de 1976 en Washington, mediante un atentado terrorista ordenado por la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de la dictadura chilena.
Pinochet es investigado también en Argentina como posible autor intelectual del asesinato del general chileno Carlos Prats, su antecesor en el mando del Ejército, y de su esposa Sofía Cuthbert, cometidos en septiembre de 1974 en Buenos Aires con métodos similares al ataque contra Letelier y Moffit.
Los expertos en materia judicial plantean que el fallo de sobreseimiento de Pinochet en el proceso de la «caravana de la muerte» lo pone a salvo de juicios por unas 200 querellas más, presentadas en su contra en Chile, como igualmente de posibles extradiciones a Estados Unidos o Argentina. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/01
