El combate contra la corrupción en Brasil, impulsado por la presión popular, hizo insostenible la posición del presidente del Senado, Jader Barbalho, y amenaza dos gobernadores provinciales.
Barbalho perdió el respaldo incluso de su sector político, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ante la acumulación de denuncias e indicios de que desvió recursos públicos en su beneficio en los años 80, cuando era gobernador del septentrional estado de Pará y ministro de la Reforma Agraria.
En tanto, el gobernador del estado de Espíritu Santo, José Ignacio Ferreira, enfrenta un proceso parlamentario de inhabilitación, acusado de financiar su campaña electoral con un préstamo de banco estatal y por otros casos de corrupción en los que están involucrados su esposa y auxiliares directos suyos.
Además, en Río de Janeiro, el gobernador Anthony Garotinho, precandidato socialista a la presidencia de Brasil, es investigado por un presunto soborno a un inspector tributario para encubrir fraudes cometidas en 1995, cuando era presentador de un programa de radio y de televisión.
Las denuncias contra Garotinho fueron hechas por ex funcionarios de su empresa, en base a grabaciones de diálogos telefónicos divulgadas por la prensa, en que aparece la voz del gobernador autorizando el soborno.
También otros seis de los 27 gobernadores de Brasil afrontan escándalos de corrupción y acusaciones de malversación de fondos públicos, por lo cual son investigados por autoridades policiales, judiciales e impositivas y blanco de los intentos de inhabilitación por parte de opositores.
Esas investigaciones son «señales de que la indignación creciente de la población y sus presiones mueven las autoridades» a reprimir la corrupción, dijo a IPS Claudio Weber Abramo, secretario ejecutivo de Transparencia Brasil, sección local de Transparencia Internacional, que promueve la lucha contra este problema.
Durante los años 90 se sucedieron en Brasil escándalos y destituciones o renuncias de parlamentarios, alcaldes e incluso de un presidente, Fernando Collor, derrocado en 1992 por una investigación parlamentaria sobre corrupción en su gobierno.
La preocupación con ese problema, por parte de la sociedad organizada, es un componente nuevo de la política brasileña. En los últimos años creció la conciencia de que combatir la corrupción tiene «importancia estratégica», por tratarse de una traba para el desarrollo, señaló Abramo.
La lucha contra la corrupción no es más efectiva sólo porque no se aplican sistemáticamente los mecanismos de control ya existentes en el país, acotó.
El parlamento, por ejemplo, no tiene una historia de «monitoreo (seguimiento) permanente», de cumplimiento de sus prerrogativas de poder fiscalizador del gobierno, observó.
Abramo entiende que las comisiones parlamentarias de investigación, un instrumento que tuvo fuerte impacto en algunos casos, no es el mecanismo ideal, por ser «esporádico y atender a intereses electorales del momento».
De todas formas, Abramo reconoció avances en la lucha contra la corrupción en Brasil en la última década, «aunque no en el ritmo deseado y a veces con retrocesos».
La Cámara de Diputados expurgó varios de sus miembros en los últimos años, desde que en 1993 y en 1994 identificó fraudes con que los parlamentarios se beneficiaban de recursos del presupuesto gubernamental.
Pero el Senado se convirtió en el centro de los escándalos desde el año pasado, cuando un primer senador fue inhabilitado por corrupción. Ahora es el mismo presidente de esa casa legislativa — Barbalho— quien se encuentra en un callejón sin salida.
La acusación más grave, sin respuesta convincente desde comienzos de este año, apunta a Barbalho como beneficiario del equivalente de más de cuatro millones de dólares desviados del Banco del Estado de Pará en 1984, cuando era gobernador de ese estado.
La situación se hizo insostenible porque los cheques de esa transacción mencionan claramente al ex gobernador como favorecido y fueron depositados en sus cuentas bancarias.
El caso está registrado en varios informes elaborados por el Banco Central desde 1991 y ahora es investigado por la Policía Federal y por el Ministerio Público (fiscalía), que se apresta a pedir su enjuiciamiento a la Suprema Corte de Justicia.
Barbalho enfrenta también acusaciones de haberse beneficiado de fraudes en la expropiación de una propiedad rural, cuando era ministro de la Reforma Agraria a fines de los años 80.
Ante el deterioro de la imagen del senador y la contaminación del Senado, Barbalho fue abandonado a su propia suerte tanto por el presidente Fernando Henrique Cardoso, del que fue un aliado importante, y por su propio partido.
Los demás dirigentes del PMDB intentan convencerlo de que pida una licencia a la presidencia del Senado por 120 días, en un intento por suavizar las presiones en busca de su renuncia o para evitar una investigación parlamentaria reclamada por la oposición. (FIN/IPS/mo/dm/ip/01
