Un grupo de ex prisioneros políticos de Birmania trabaja en el exilio para apoyar a las familias de los disidentes que permanecen en las numerosas cárceles de su país, y para lograr su liberación.
La Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP) tiene su sede en la ciudad occidental tailandesa de Mae Sot, fronteriza con Birmania, fue creada en 1999, y es una de las principales organizaciones que denuncian abusos del régimen militar birmano.
El país estuvo bajo dominio colonial británico desde 1886 hasta 1943, cuando tomó el poder un movimiento aliado con Japón durante la segunda guerra mundial.
Luego, los militares han frustrado sucesivos intentos de democratización, y el último de esos episodios ocurrió en 1990, cuando el oficialismo desconoció su abrumadora derrota electoral, ilegalizó a los partidos opositores y encarceló o desterró a sus principales dirigentes.
«No admitimos como integrantes de la asociación a personas que no hayan pasado algún tiempo en una cárcel birmana, aunque se trate de experimentados activistas por la democracia», señaló Bo Kyi, presidente de la AAPP y ex dirigente estudiantil, quien estuvo preso ocho años.
Cientos de activistas opositores que participaron en una oleada de manifestaciones por la democracia en 1987 y 1988 fueron condenados por traición o subversión, entre otros cargos, y muchos de ellos permanecen presos.
La organización humanitaria Amnistía Internacional ha registrado la existencia de unos 1.700 presos políticos, y la AAPP sostiene que hay más de 2.500.
«La AAPP es el primer paso hacia la creación de una organización humanitaria birmana independiente, decidida a trabajar por la transición hacia la justicia en Birmania», opinó Min Zin, un periodista birmano que trabaja en Tailandia.
La asociación ha impulsado varias campañas internacionales por la liberación de presos políticos birmanos, y en especial por la del dirigente estudiantil Min Ko Naing, condenado a 20 años de cárcel en 1989, quien ha pasado largos periodos en confinamiento solitario y sufre en la actualidad problemas de salud.
«La idea de formar una organización de ex prisioneros políticos nació ante el creciente número de detenidos por el régimen militar y tiene en cuenta sus necesidades especiales», indicó Bo Kyi.
Es frecuente que los presos políticos birmanos no hayan sido juzgados y sean víctimas de tortura física o psicológica, por lo cual no sólo es necesario trabajar por su liberación, sino también ayudarlos a recuperarse cuando salen de la cárcel, explicó.
«La combinación de tortura física, constante hostigamiento emocional y falta de información sobre lo que ocurría fuera de la cárcel era insoportable», dijo Ko Myo, exiliado y ex activista estudiantil, quien tiene en la actualidad 26 años de edad y pasó seis años preso, casi tres de ellos en confinamiento solitario.
Activistas humanitarios y ex detenidos afirman que la tortura física es aplicada de modo desenfrenado por las fuerzas de seguridad birmanas, para obtener información de los detenidos o quebrar su moral con la intención de que renieguen de sus convicciones políticas.
«Cuando activistas o sospechosos de llevar a cabo militancia opositora llegan a centros de interrogatorio, son tratados en forma muy brutal para que su única opción sea confesar lo que saben», sostuvo la AAPP en un informe.
Las personas detenidas permanecen en los centros de interrogatorio de una a tres semanas, y durante ese periodo son interrogados en forma ininterrumpida por funcionarios de los servicios de inteligencia, a menudo sin que se les permita dormir ni se les proporcionen alimentos o agua, añadió.
Los procedimientos habituales de tortura incluyen choques eléctricos, privación del sueño, obligar a los prisioneros a estar de pie o en cuclillas durante largos periodos, o de rodillas sobre piedras afiladas o trozos de vidrio, y asfixia transitoria, según numerosos testimonios.
Mujeres que fueron detenidas denunciaron haber sido desvestidas durante los interrogatorios.
Por lo menos 43 presos políticos han muerto en prisión desde la represión de las manifestaciones por democracia de 1987 y 1988, según la AAPP.
«Una de las consecuencias más pavorosas de ser un preso político en Birmania es que las cárceles se han transformado en centros de propagación de enfermedades infecciosas, entre ellas el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida)», apuntó Bo Kyi.
Eso se debe a que no se descartan las agujas empleadas cuando los prisioneros son vacunados o reciben medicamentos inyectables, explicó.
Muchas muertes en prisión se deben a carencia de medicamentos, médicos o tratamiento oportuno, en un contexto peligroso para la salud de los presos debido a las torturas, a alimentación insuficiente y a alojamiento inadecuado, agregó.
En 1997, el régimen militar birmano anunció un programa para mejorar las condiciones de reclusión, bajo presión de organziaciones internacionales humanitarias y con la intención de mejorar su imagen.
Ese programa permite que delegaciones de la Comisión Internacional de la Cruz Roja visiten cárceles birmanas desde mayo de 1999, pero las prisiones son preparadas para las visitas y éstas se transforman en un truco publicitario, según la AAPP.
En los últimos años han sido liberados en forma anticipada algunos presos políticos con problemas de salud, entre ellos Tun Zaw Zaw, un joven dirigente opositor arrestado en junio de 1998, quien perdió la vista en la cárcel, pero otros cientos de prisioneros en grave estado de salud permanecen detenidos.
La AAPP ha señalado que no considera suficiente la liberación desde enero de este año de varias docenas de presos políticos, en su mayoría integrantes de la opositora Liga Nacional por la Democracia, ganadora de las elecciones de 1990.
Esas liberaciones fueron resultado de meses de negociaciones entre la junta militar y el dirigente opositor Aung San Suu Kyi sobre la prometida normalización de la actividad política en el país.
Es urgente que las autoridades liberen a otros «cientos de presos políticos todos los meses», sostuvo la AAPP en una declaración.
La situación sólo cambiará en forma decisiva cuando haya un gobierno democrático que respete los derechos humanos y resuelva en forma correcta los problemas políticos, añadió. (FIN/IPS/tra- eng/ss/js/mp/hd ip/01
