Las desigualdades de género en América Latina no están necesariamente asociadas a la pobreza o riqueza de los países y superarlas requiere de un compromiso político claro, señaló un experto del PNUD.
El sociólogo Rodrigo Márquez, de la oficina en Santiago de Chile del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), dijo a IPS que la región muestra en los últimos años importantes avances en la condición de las mujeres, pero que es preciso velar por la sustentabilidad de esos logros.
Los indicadores de género del Informe sobre Desarrollo Humano 2001 del PNUD, difundido el martes, volvieron a mostrar una realidad heterogénea en América Latina, con fuertes disparidades en muchos países entre la condición socioeconómica de las mujeres y el grado de participación de ellas en la vida política y laboral.
El principal indicador del informe, como se sabe, es el índice de desarrollo humano (IDH), que en términos generales midió los progresos de 162 países en cuanto a esperanza de vida, expansión de la enseñanza y distribución más equitativa de los ingresos.
El IDG (índice de desarrollo relativo al género) establece en cada país comparaciones entre hombres y mujeres respecto de la esperanza de vida, alfabetización adulta, matriculación en la enseñanza básica, media y superior y niveles de ingreso en trabajos remunerados.
El IPG (índice de potenciación de género) clasifica, a su vez, a los países, considerando la presencia femenina en los parlamentos legislativos y en altos cargos del gobierno o en empresas privadas, los porcentajes de mujeres en grados profesionales y de técnicos calificados y, por último, las relaciones de ingreso entre hombres y mujeres.
El informe del PNUD no presenta habitualmente grandes diferencias para los países entre su ubicación en el IDH y el IDG, pero, en cambio, suele haber disparidades, a veces de magnitud, entre esos dos indicativos y la potenciación de género.
En América Latina, por ejemplo, Uruguay ocupa en la clasificación mundial el casillero número 37 tanto en desarrollo humano como en desarrollo de género, pero en el índice de potenciación retrocede al puesto 42.
La disparidad es aún más ostensible en Chile, que fue ubicado en el puesto 39 tanto en el IDH como en el IDG, pero bajó 10 lugares para situarse en el número 49 en cuanto a IPG.
A la inversa, Costa Rica está en el lugar 23 en el mundo por su potenciación de género, mientras que en materia de IDH ocupa el escalón 41 y en IDG el puesto 42.
Perú y Ecuador son dos casos de grandes disparidades, pero a la inversa que Chile.
En la clasificación del índice de potenciación de género, Perú ocupa el casillero 33, no obstante que en el IDH está en el lugar 73, al igual que en el IDG. Lo mismo Ecuador, que está en el puesto 43 en el IPG, pero en la ubicación 84 en desarrollo humano y 79 en desarrollo de género.
Estas disparidades permiten dos lecturas, a juicio de Márquez.
«Por un lado se puede decir que tener un nivel de desarrollo humano alto no es condición indispensable para ofrecer un mayor nivel de participación a la mujer en instancias de decisión política, y ello es positivo. Pero, «por otro lado, obliga a reconocer que el desarrollo de los países muchas veces se ha hecho sin tomar en cuenta esta dimensión», dijo el experto a IPS.
«El punto es que sin un debido reconocimiento del aporte de las mujeres a la construcción social, cualquier proceso de desarrollo no se completa adecuadamente», agregó Márquez.
Precisó que las falencias pueden expresarse en ámbitos más allá del IDH, sin que por ello pierda importancia la ampliación equitativa de las capacidades en una sociedad.
Las desigualdades de género que se observan en América Latina no tienen fundamento en supuestas diferencias de capacidad entre mujeres y hombres, en áreas como educación y salud, pero es en las dimensiones de los ingresos y de acceso a las instancias de decisión, en los ámbitos público y privado, donde se expresan los desequilibrios.
«En ello se intersectan varios fenómenos, pero sin duda que en la base de ellos se encuentran una específica formación cultural propia de nuestras sociedades, que se expresa tanto en la forma de estructurar las familias como en la definición del rol social de la mujer», explicó el experto.
De esta manera, no hay un reconocimiento cabal del aporte que las mujeres efectivamente hacen a la construcción del desarrollo humano, agregó Márquez.
La llamada discriminación positiva y las políticas públicas para dotar a las mujeres de mayores recursos institucionales son herramientas indispensables a ser aplicadas para hacer conciencia y abogar por una mayor igualdad de oportunidades entre los géneros, indicó el sociólogo.
«Pero, dada la complejidad de este fenómeno, creo que sólo podrá ser abordado integralmente cuando el valor de la igualdad de género trascienda el ámbito de las políticas públicas y se instale como parte de un debate cultural, en el que se interrogue acerca de la manera cómo construimos nuestras relaciones sociales y vivimos nuestra cotidianeidad», puntualizó Márquez.
Según el funcionario del PNUD, el objetivo de ampliar la presencia de las mujeres en las instancias de poder y decisión «es posible, independientemente del nivel de ingresos de los países».
«Experiencias internacionales han demostrado que más que riqueza lo que se necesita es un compromiso político en tal sentido. El PNUD recomienda para ello, entre otras acciones, movilizar esfuerzos nacionales e internacionales para alcanzar la igualdad jurídica», dijo.
En esa perspectiva, se debe «establecer un límite mínimo de 30 por ciento para los puestos de adopción de decisiones ocupados por mujeres, así como promover programas de educación femenina, de mejoras de la salud de género y aumentar el acceso de la mujer al crédito, entre otras medidas posibles», recalcó Márquez.
Para la antropóloga y periodista Loreto Rebolledo, investigadora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, existen variables culturales en la desigualdad de hombres y mujeres imposibles de cuantificar y que, por tanto, no son reflejadas en el índice de potenciación de género.
«Los indicadores de potenciación de género dan cuenta de una realidad que se cuantifica y que es además una realidad sesgada, porque es sólo una parte del escenario en que se desenvuelve la vida de los sujetos», comentó Rebolledo a IPS.
«Los números son importantes, pero no dan cuenta de las características de las personas que están detrás de ellos. Por ejemplo, en el caso de los escaños parlamentarios no sabemos si esas mujeres llegaron allí por apoyo popular, por ley de cuotas o por manejos de los partidos que representan», explicó la experta universitaria.
«Tampoco sabemos si las mujeres que están en los gobiernos o parlamentos representan realmente los intereses del género femenino. Es decir, si están poniendo en la mesa los temas que permitan avanzar hacia la igualdad de géneros y a una mejor posición de las mujeres», agregó.
Rebolledo, quien vivió 10 años en Ecuador, donde obtuvo su título de antropóloga, comparó los índices de potenciación de género de ese país y de Chile.
«Desde el índice de potenciación, Ecuador aparece mejor parado, lo cual indicaría un avance notorio de las mujeres ecuatorianas con respecto a Chile», apuntó.
«Sin embargo, mi impresión es que si se sale de los capítulos que se consideran en el informe, la situación de las chilenas es mejor que la de las ecuatorianas en aspectos de otro orden, que reflejan lo cultural», indicó.
«Las mujeres chilenas tienen más autonomía para moverse en distintos espacios y tengo la impresión de que, además, tienen mayor capacidad de decisión respecto de su sexualidad y para relacionarse con los hombres en distintos ámbitos, como laborales, personales y familiares, en un mayor pie de igualdad», anotó Rebolledo. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/01
