Seis gobernadores del sur de Colombia pidieron hoy al presidente de Andrés Pastrana que suspenda el empleo del herbicida glifosfato en el combate contra los cultivos ilícitos de drogas, porque afecta la salud humana y el ambiente.
Los gobernadores Pablo Muñoz, de Caquetá, Floro Tunubalá, de Cauca, Parmenio Cuellar, de Nariño, Juan Cárdenas, de Huila, Iván Guerrero, de Putumayo, y Alfonso Jaramillo, de Tolima, explicaron a Pastrana la situación explosiva que afronta esa región, donde 35.000 indígenas y campesinos amenazan con una huelga contra las fumigaciones.
Tunubalá dijo que las fumigaciones iniciadas la semana pasada por orden de la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA) atentan «contra la vida» de su comunidad, porque también afectan los sembrados de vegetales para su subsistencia, las fuentes de agua, la selva y hasta la salud de los campesinos.
La aspersión aérea es dañina «costosa e ineficaz», como lo demuestra la experiencia de varias décadas, desde 1976, durante las cuales se ha aplica ese sistema sin resultado, ya que los cultivos ilícitos crecieron de 20.000 a 160.000 hectáreas, apuntó Tunubalá.
Los gobernantes departamentales pidieron a Pastrana, en la reunión mantenida este lunes, que cumpliera los acuerdos de 1999, pactados para poner fin a las protestas y que incluyó la suspensión de las fumigaciones a cambio de la erradicación manual y voluntaria de los cultivos de coca, amapola y marihuana.
También reclamaron implementar el programa presentado por ellos a la comunidad internacional, que propone el desarrollo integral del sur colombiano como alternativa al Plan Colombia, diseñado para luchar contra el narcotráfico y atender aspectos sociales.
Mientras, el Defensor del Pueblo (ombudsman), Eduardo Cifuentes, también rechazó la decisión de la DNA de fumigar los cultivos ilícitos en el sur de Colombia, pues «traerá graves consecuencias para el ecosistema y para la salud de los habitantes de la región».
«Creo que el Estado debe tener un margen de autonomía para manejar políticas internas, ajustar su ejecución y pensar en los efectos que esa decisión (la fumigación) tienen para el ambiente y la población», señaló.
Cifuentes se refirió así al compromiso que el gobierno de Pastrana asumió con Estados Unidos, en el marco del Plan Colombia, para erradicar las plantaciones ilegales en un plazo de cinco años.
El Plan Colombia, que Bogotá y Washington definen como «estrategia para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado», ha sido severamente criticado por unas 60 organizaciones no gubernamentales de Colombia, Estados Unidos y Europa, pues consideran que llevará a un endurecimiento de la guerra.
La programa de Pastrana tiene un costo de 7.500 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos aporta 1.300 millones de dólares, en especial en pertrechos militares para la lucha antinarcóticos en el sur y en el sudeste del país, regiones además con alta presencia de la guerrilla.
La política de erradicación de cultivos ilícitos debe llevarse a cabo, pero debe hacerse por los medios «razonables y ajustados a la constitución», puntualizó Cifuentes.
La Defensoría del Pueblo entiende que el principio universal de precaución, contenido en la legislación ambiental, ordena a la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, suspender las fumigaciones hasta tanto no se tenga la certeza científica sobre sus efectos.
No obstante, en Colombia se aplica glifosato y otras mezclas de herbicidas y agroquímicos para la erradicación de los cultivos ilícitos, pese a que el Ministerio del Medio Ambiente sostiene que la DNE no cuenta con un plan de manejo ambiental para llevar a cabo esas acciones.
Marco Romero, de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que la DNE fumiga plantaciones «de manera irresponsable y violando todas las normas ambientales y constitucionales».
La aspersión de cultivos ilegales se enmarca en la política antidrogas del gobierno de Pastrana, ligada a la visión que Estados Unidos tiene del problema del narcotráfico, advirtió.
En opinión de Romero, Estados Unidos cree que el tráfico de drogas existe porque en Colombia hay plantaciones y, en consecuencia, hay que combatir el problema en su fuente de producción.
Sin embargo, los analistas colombianos explican que el problema es a la inversa. Los cultivos de drogas proliferan en este país porque son estimulados por el consumo y el narcotráfico y una prueba de ello es la facilidad con que se desplaza la actividad, pese a las fumigaciones.
El gobernador Cuellar entiende que el afán de Pastrana por continuar con la erradicación de cultivos a través de la fumigación aérea, más rápida que el sistema manual que no afecta el ambiente, obedece a los compromisos asumidos con Washington.
Las plantaciones de drogas existen en Colombia debido a «la pobreza y la marginalidad a que se ven sometidos los campesinos», sentenció.
La reunión de los gobernadores sureños con Pastrana coincidió este lunes con el pedido del portugués Joaquín Miranda, diputado del Parlamento Europeo, para que Bogotá renuncie a la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Cauca y respalde el plan alternativo propuesto por esos departamentos.
Miranda opinó que la aspersión aérea «puede arruinar las posibilidades planteadas por las comunidades indígenas de la zona y de sus autoridades de resolver el problema de los cultivos ilícitos por medio de la erradicación manual, programas de sustitución y de otras alternativas económicas».
Esa posibilidad fue señalada en abril por el gobernador de Cauca al Parlamento Europeo y al Consejo de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, que le dieron su respaldo. (FIN/IPS/yf/dm/ip/01
