Donantes internacionales e instituciones financieras comprometieron hoy una ayuda a Yugoslavia de 1.280 millones de dólares, un día después de que el ex presidente Slobodan Milosevic fuera entregado al tribunal internacional de crímenes de guerra radicado en La Haya, Holanda.
El gobierno yugoslavo, el Banco Mundial y la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), diseñaron un plan que establece la entrega de 1.280 millones de dólares de ayuda externa para este año y de 4.000 millones para los próximos tres o cuatro años.
Estados Unidos, que se había negado a otorgar ayuda hasta que Belgrado cooperara con el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, prometió asistencia por 181,6 millones de dólares, casi el doble de lo previsto.
Este paso había sido reclamado por varios países donantes, encabezados por Estados Unidos.
El viceprimer ministro yugoslavo Miroljub Labus negó vínculos entre la extradición de Milosevic, que causó la renuncia del primer ministro Zoran Zizic, y la conferencia sobre ayuda financiera celebrada en Bruselas.
Los montos de la asistencia «habían sido negociados hace meses», dijo Labus, quien reclamó ayuda para reconstruir su país destrozado por la guerra y para reunir a la «familia europea».
Pero la vicedirectora general de la Comisión Europea para Asuntos Externos, Catherine Day, sostuvo que la entrega de Milosevic influyó en el resultado de la conferencia.
«Tal como fue demostrado ayer (por el jueves), las autoridades de Belgrado han probado su determinación de cumplir las condiciones (internacionales) como parte de su propio programa para construir una economía de mercado y una democracia, por lo cual comparten los valores esenciales de la UE», dijo Day.
«Nadie se siente feliz cuando un ex presidente es llevado ante el tribunal de La Haya, pero eso debía suceder y cuanto antes mejor», sostuvo Labus.
Milosevic, que permanecía detenido desde abril por acusaciones de corrupción, fue entregado al tribunal en La Haya el jueves por decisión del primer ministro serbio Zoran Djindjic, a pesar de que el Tribunal Constitucional yugoslavo había suspendido el decreto de extradición.
La decisión generó una crisis interna en la Federación de Yugoslavia, integrada por las repúblicas de Serbia y Montenegro.
El presidente yugoslavo Vojislav Kostunica dijo que la extradición de Milosevic «no puede ser considerada legal», y agregó que el hecho podría constituir «una seria amenaza al orden constitucional».
El primer ministro yugoslavo Zizic, del Partido Socialista de Montenegro, presentó su renuncia el viernes en protesta por la medida, a la que calificó de «inconstitucional».
La dimisión de Zizic, a la que siguió la de varios ministros montenegrinos, puede provocar la disolución del gobierno federal y la convocatoria de elecciones anticipadas.
En cambio, varios gobernantes occidentales manifestaron satisfacción ante la medida.
El tribunal en La Haya juzga a Milosevic por su papel en las atrocidades cometidas por sus tropas contra la población de origen albanés en Kosovo en 1999.
Los jueces internacionales también investigan su participación en los crímenes cometidos durante las guerras de secesión que las ex repúblicas yugoslavas de Croacia y de Bosnia-Herzogovina libraron contra el régimen de Belgrado a comienzos de la década del 90.
La acusación por «crímenes contra la humanidad» incluye cargos de asesinato, así como de deportación y persecución de personas por razones políticas, raciales y étnicas. Milosevic podría ser condenado a prisión perpetua.
Interrogado sobre la posible entrega de otros supuestos criminales de guerra, Labus dijo a los periodistas: «No sean impacientes. Necesitamos un pequeño descanso. Actuaremos en todo de acuerdo, pero la gente ya ha visto nuestro compromiso».
Yugoslavia presenta una inflación anual de 150 por ciento, un desempleo de 50 por ciento y una deuda externa de 12.000 millones de dólares. El estado debe el salario de varios meses a los empleados públicos.
La conferencia de este viernes fue el primer paso coordinado de la comunidad internacional para auxiliar al nuevo gobierno reformista, que asumió tras las elecciones de septiembre.
Yugoslavia pidió financiación para casi 40 proyectos, la mayoría destinados a reflotar áreas como la energía, el transporte, la minería, la infraestructura vial y ferroviaria y los aeropuertos.
La infraestructura del país, que padeció durante muchos años las consecuencias del deterioro y de la mala administración, quedó destruida en 1999 por 11 semanas de bombardeos lanzados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La operación de la OTAN respondía a la respresión de tropas serbias contra separatistas de la mayoría albanesa en la provincia meridional de Kosovo.
La Comisión Europea comprometió 445 millones de dólares además de las garantías y préstamos ofrecidos por varios países de la UE. El bloque también solicitó al Banco Europeo de Inversión garantías crediticias en respaldo de un programa del Fondo Monetario Internacional para Yugoslavia.
Day prometió que Europa actuaría rápidamente para «poner el dinero prometido» ante la delicada situación política y social de Yugoslavia. Dos tercios de la ayuda europea serían entregados este año.
«Esta conferencia tiene un valor simbólico, pues ahora tenemos el total respaldo político, económico y financiero de la comunidad internacional», dijo el viceprimer ministro yugoslavo Labus.
«No es sólo una conferencia de donantes: es una reunión internacional que ha demostrado que Yugoslavia está en el camino de Europa, y eso es más importante que el dinero», afirmó el gobernante. (FIN/IPS/tra-en/bk/aa/dc/mj/if ip/01
