Yugoslavia inició el procedimiento jurídico que podría conducir en los próximos días a la entrega del ex presidente Slobodan Milosevic al tribunal internacional creado por la ONU para juzgar crímenes perpetrados en las guerras de los Balcanes.
El ministro de Justicia Momcilo Grubac entregó a una corte yugoslava la solicitud del tribunal intermnacional instalado en La Haya, Holanda, para la extradición de Milosevic, como lo exige un decreto aprobado el sábado por el gobierno yugoslavo.
La corte informará al Ministerio de Justicia en un plazo de tres días el resultado de la solicitud. La apelación de Milosevic y sus abogados puede tardar ocho días más, por lo que no se prevé que se dé curso a la extradición hasta la próxima semana.
Milosevic encabeza la lista de los acusados por el tribunal de La Haya de crímenes de guerra en Kosovo en 1999. Fue elegido en 1989 presidente de Serbia, la mayor de las dos repúblicas que aún ahora conforman Yugoslavia, y reelegido en 1990.
Siete años después se convirtió en presidente de Yugoslavia, pero en octubre de 2000 entregó el poder, tras perder las elecciones.
De ser extraditado, Milosevic será el único ex jefe de Estado en comparecer ante el tribunal internacional. El decreto del sábado fue aprobado tras semanas de controversia sobre cómo debería resolverse el problema de la cooperación con el tribunal de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
La amenaza de numerosos países industrializados de no participar en una conferencia de donantes en Bruselas el viernes 29, de la que Yugoslavia espera más de 1.000 millones de dólares en futuras inversiones, llevó al gobierno a promulgar el decreto.
El lunes, el abogado Toma Fila, defensor de Milosevic, recurrió contra el decreto ante el Tribunal Constitucional. Fila no precisó para cuándo aguarda el pronunciamiento de la corte.
«Todo está en manos del tribunal constitucional ahora. No importa cuánto tiempo lleve el trámite de validación», declaró el abogado a la prensa.
El presidente yugoslavo Vojislav Kostunica recibió el lunes a una delegación del Partido Socialista de Serbia (PSS), de Milosevic, que exigió su intervención para impedir la extradición.
«La extradición de sospechosos de crímenes de guerra al tribunal es un mal menor ante el mal que podría afectar al país de no cooperar con el tribunal» de La Haya, habría dicho Kostunica, según Slavica Djukic Dejanovic, alto funcionario del PSS que participó en la reunión.
Representantes del gobierno afirman la necesidad de respetar las normas internacionales. «Esto fue una gran prueba para nosotros», declaró en conferencia de prensa el viceprimer ministro Miroljub Labus, tras la adopción del decreto.
«No estamos vendiendo a nadie. Ya era hora de que demostráramos nuestra seriedad cuando se trata de cooperar con la comunidad internacional», agregó.
La extraordinaria medida del sábado sucedió después de que el gobierno no logró que el parlamento aprobara un proyecto de ley sobre cooperación con el tribunal de La Haya.
El viernes quedó claro que legisladores de Montenegro en el parlamento federal votarían contra el proyecto, y el gobierno lo retiró del debate parlamentario. El parlamento federal está integrado por legisladores de Serbia y Montenegro, las dos repúblicas yugoslavas.
Entonces el gobierno decidió actuar por decreto, pasando por alto al parlamento. La medida provocó la fuerte reacción del PSS, cuyo líder Milosevic fue detenido el 1 de abril acusado de corrupción durante sus 10 años en el poder.
«El decreto representa un golpe de Estado constitucional. La extradición será un acto de capitulación», dijo a IPS un integrante del PSS, Zoran Andjelkovic.
«La constitución yugoslava prohíbe la extradición de ciudadanos yugoslavos a países extranjeros y, con la adopción de un sencillo decreto, el nuevo gobierno ha violado todas las leyes que se recuerden», afirmó Andjelkovic. Pero el experto en derecho constitucional Pavle Nikolic no es de la misma opinión.
«El tribunal es un órgano de una institución internacional, la ONU, de la cual Yugoslavia es miembro pleno. Las leyes de esas instituciones están por encima de las nuestras, y debemos respetarlas. Eso significa que la cooperación con La Haya tendría que existir, con o sin nuestras leyes, decretos u otros instrumentos», aseguró Nikolic.
El Partido de Izquierda, dirigido por Mirjana Markovic, la esposa de Milosevic, dijo que la extradición de ciudadanos yugoslavos «entrega la soberanía del país por un puñado de dólares».
Pero para el analista Ljubodrag Stojadinovic la extradición de personas acusadas por el Tribunal libera a los serbios de la culpa colectiva de crímenes de guerra «hechos en su nombre, pero sin su consentimiento».
«La culpa colectiva se perpetúa si lo mantuviéramos (a Milosevic) aquí, si consideráramos sus crímenes como nuestros y si siguiéramos diciendo que es un hombre honesto. Que pruebe su inocencia ante el tribunal», propuso Stojadinovic.
Una encuesta del Centro de Estudios Alternativos, una respetada organización no gubernamental de Belgrado, reveló que 48 por ciento de los serbios apoyan la idea de que Milosevic sea extraditado.
La encuesta, realizada a principios de mes, muestra que 33 por ciento de los serbios se oponen a la extradición, y el resto no tiene una idea definida al respecto. (FIN/IPS/tra- en/vpz/mn/aq/ip/01
