La Conferencia Internacional del Trabajo concluyó el proceso de aprobación de un convenio sobre salud y seguridad en la agricultura e impuso sanciones de carácter político contra Belarús, Birmania, Colombia, Etiopía, Sudán y Venezuela.
El nuevo convenio sobre agricultura, resultado de un entendimiento entre obreros, empleadores y gobiernos, cubre a la mitad de los trabajadores del mundo, estimó Juan Somavía, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El acuerdo forzará a los estados ratificantes a establecer un sistema adecuado de inspección de los lugares de trabajo agrícolas. En la actualidad, solo cinco por ciento de los 1.300 millones de obreros agropecuarios están sometidos a supervisión y disponen de protección legal.
Los empleadores tendrán la obligación de garantizar la seguridad y la salud de sus obreros en cada aspecto relacionado con su ocupación.
Junto con la minería y la construcción, la agricultura es una de las tres actividades industriales más peligrosas en países en desarrollo e industrializados. Cerca de la mitad de los 1,2 millones de accidentes de trabajo registrados cada año corresponden a la agricultura.
El comité de la OIT encargado de la aplicación de las normas internacionales examinó la situación de seis países y dictó sanciones especiales que se reservan para graves violaciones de los derechos laborales.
En el caso de Belarús, la OIT manifestó su grave preocupación por las instrucciones impartidas por un alto funcionario de la Presidencia para «interferir en las elecciones de los sindicatos».
El clima de impunidad en Colombia representa una seria amenaza para el ejercicio de la libertad sindical, dijo el comité.
Julio Roberto Gómez, de la Confederación General de Trabajadores Democráticos de Colombia, detalló el clima de violencia permanente contra los sindicatos. En los últimos cinco meses y medio han sido asesinados 45 dirigentes, afirmó.
La sanción contra Etiopía se basó en acusaciones de interferencia del gobierno en las atividades sindicales. Por otra parte, el presidente de la Asociación de Maestros de Etiopía fue condenado a 15 años de prisión por «conspiración contra el Estado».
Con respecto a Birmania, el comité lamentó profundamente la persistencia de discrepancias entre la legislación y las prácticas nacionales y las estipulaciones del convenio internacional sobre libertad de asociación sindical.
El régimen militar de Birmania ha sido objeto en los últimos años de graves acusaciones por casos de trabajo forzoso. La Conferencia Internacional del Trabajo recién concluida decidió también enviar una misión de observación, de alto nivel, para evaluar la situación en ese país.
Somavía subrayó el espíritu de consenso predominante en la conferencia, que alcanzó entendimientos en «temas que hace años habrían parecido imposibles», entre los que mencionó el de Birmania. En general, los países asiáticos habían bloqueado antes las sanciones propuestas contra ese país.
El comité de normas también sancionó a Sudán, debido a la constatación de casos de trabajo forzoso de extrema gravedad.
A Venezuela le reclamó reformas de su legislación para asegurar que trabajadores y empleadores puedan organizarse y elegir libremente a sus representantes.
La conferencia discutió también el problema de la seguridad social, uno de los más complejos del mundo de hoy, según Somavía.
El resultado del debate fue un documento «muy equilibrado», pero que plantea la necesidad «de que no olvidemos que la seguridad social es un elemento clave de la estabilidad de cualquier sociedad», dijo el director de la OIT.
Willy Thys, secretario general de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), opinó que la resolución sobre seguridad fue vaga porque «los empleadores y ciertos sectores sindicales se oponen a un texto vinculante (de carácter obligatorio) en este ámbito».
Se estima que 1.000 millones de trabajadores carecen de seguridad social en el mundo, observó el dirigente de la CMT, una de las dos principales centrales obreras internacionales.
Pero el documento aprobado resulta insuficiente porque se niega a elegir entre los sistemas de capitalización y de reparto, sostuvo Thys, quien aclaró que su organización se inclina por la segunda opción porque la capitalización «mantiene y aumenta» las desigualdades sociales.
La conferencia, según Somavía, consolidó la «agenda de Trabajo Decente», iniciativa lanzada por la OIT con los objetivos estratégicos de empleo, seguridad social, seguridad de las personas, derecho en el trabajo y diálogo social.
Con el respaldo de la conferencia, el programa de Trabajo Decente pasa de la aspiración a la acción, de la visión a la política, definió el director de la OIT. (FIN/IPS/pc/mj/lb/01
