NACIONES UNIDAS: Oficina de fiscalización de drogas bajo fuego

Una unidad de investigación interna de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó a la principal agencia antidrogas del foro mundial por lanzar proyectos sin los debidos estudios previos ni garantías de los donantes.

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna censuró también la toma de decisiones centralizada y arbitraria en la Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito (ODCCP, por sus siglas en inglés).

La ODCCP está radicada en Viena y de ella dependen el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) y el Centro de Prevención del Delito Internacional (CPDI).

Pino Arlacchi, director ejecutivo de la ODCCP, aseguró que se tomarán rápidas medidas de corrección, informaron funcionarios. Los investigadores reclamaron «cambios drásticos e inmediatos» y advirtieron que revisarán la situación este año.

Arlacchi, quien ocupa el cargo de subsecretario general de la ONU, fue conocido en su nativa Italia por su exitosa lucha contra el crimen. Asumió la dirección de la ODCCP en 1997, cuando se estableció la Oficina para supervisar a la PNUFID y al CPDI.

En febrero, el director de operaciones de la oficina, Michael von der Schulenburg, renunció luego de hacer circular una carta en la que criticaba el estilo de dirección de Arlacchi.

El informe publicado el lunes por los investigadores parece confirmar algunas de esas quejas.

«Una de las principales preocupaciones se refiere a la manera centralizada y arbitraria en que la Oficina es conducida por el director ejecutivo», dice.

La falta de líneas claras para la delegación de autoridad de Arlacchi a los directores de programa «afecta el sistema de responsabilidad y paraliza la toma de decisiones cuando él se ausenta de Viena», agrega el documento.

Además, el personal de la ODCCP «cree que no hay transparencia en las decisiones de la dirección, en especial en lo referente a asuntos personales».

El gobierno de Holanda congeló algunas de sus contribuciones a la ODCCP, estimadas en unos cuatro millones de dólares para este año, arguyendo problemas de administración. Otros donantes exigieron garantías de que su dinero sería bien invertido.

La ODCCP tiene un presupuesto anual de unos 140 millones de dólares, procedentes de aportes voluntarios. Los cinco donantes principales son Gran Bretaña, Italia, Suecia, Estados Unidos y Japón.

Funcionarios de la ONU reconocieron que la carta de Shulenberg influyó en la auditoría, pero manifestaron especial preocupación porque algunos gobiernos se quejaron de que la mala administración había afectado la implementación de programas de la ODCCP.

Algunas de esas quejas fueron publicadas en medios de prensa europeos.

Según la investigación, muchos programas ambiciosos de la ODCCP permanecieron en el limbo, sin ninguna señal de haber sido aprobados o rechazados.

Los investigadores concluyeron que «la coherencia del proceso de planificación a menudo es afectada por decisiones ejecutivas impulsivas» y que «se realizan nuevos e importantes compromisos sin el debido estudio interno ni coordinación con los donantes».

Citaron como ejemplo un programa de 250 millones de dólares destinado a la eliminación de los cultivos de amapola y coca en Afganistán, lanzado por Arlacchi en 1997.

Cuando la ODCCP se enfrentó a las objeciones de los donantes al proyecto, continuó con una versión reducida, financiada principalmente por fondos para gastos generales.

Para comienzos de 2000, el dinero se había agotado y no había potenciales donantes a la vista. El proyecto debió reducirse al mínimo.

Un destino similar corrió un ambicioso plan de sustitución de cultivos lanzado en Pakistán en 1999.

Varios proyectos antidrogas también fueron aprobados sin un adecuado estudio de factibilidad. Desde entonces, la ODCCP debe obtener al menos la mitad de los fondos necesarios antes de lanzar cualquier programa.

Los investigadores también consideraron acusaciones de mala conducta y administración, algunas relativas a un ejercicio de relaciones públicas conocido informalmente como el «Proyecto bote», en que un marino de 90 años viajaría alrededor del mundo en un bote de madera.

Los detalles de la investigación no fueron revelados, pero fueron presentados al secretario general de la ONU, Kofi Annan, quien deberá decidir qué medidas tomar.

El informe del lunes reconoció, sin embargo, que «los esfuerzos de Arlacchi aumentaron la visibilidad internacional de la oficina… y la hicieron más orientada a la acción». (FIN/IPS/tra-en/td/aa/mlm/ip/01

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