El presidente de México, Vicente Fox, enterró hace siete meses 71 años de gobiernos del PRI, pero su promesa de exhumar un pasado de historias oscuras, asesinatos, guerra sucia y corrupción no tiene viso de cumplirse.
Fox prometió en la campaña electoral y en su discurso de asunción del cargo, el 1 de diciembre, la creación, en concertación con el Congreso legislativo, de una comisión de transparencia para limpiar de impunidad el pasado.
«No habrá piadoso olvido para quienes delinquieron», proclamó el presidente.
Sin embargo, hasta hoy no ha presentado ninguna propuesta relativa al asunto. Por el contrario, en su equipo de gobierno se desnudaron contradicciones entre quienes apoyan y rechazan la idea de la comisión.
«Veo con mucha preocupación lo que está pasando», ojalá no sean señales para enterrar todo lo que hicieron los regímenes del PRI (Partido Revolucionario Institucional), dijo Rosario Ibarra, portavoz de Elektra, grupo que desde hace más de 20 años busca pistas sobre personas detenidas-desaparecidas.
Activistas de grupos humanitarios, políticos y observadores reclaman investigar distintos casos, como la desaparición de más de 500 personas, detenidas al fragor de la lucha política de los años 60 y 70, y el de la matanza de cientos de estudiantes en la plaza capitalina de Tlatelolco, en 1968.
En la lista para investigar están cientos de denuncias de torturas, persecución, espionaje telefónico, presunta corrupción de presidentes, matanzas de indígenas, relaciones del poder político con el narcotráfico, pagos de favores a periodistas y fraudes electorales, entre otros hechos.
Hasta ahora no hay nada decidido sobre la prometida comisión, mientras se sigue examinando el asunto, según declaró el 11 de este mes la vocera de la presidencia, Martha Sahagún.
El secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Santiago Creel, dijo que se opone a la idea de crear una comisión especial que investigue el pasado, pues conviene mantener en paz y equilibrio el orden presente.
El argumento de Creel se refiere a que, aunque el PRI salió de la Presidencia, mantiene aún el control de muchos hilos de la política en el Congreso, en organizaciones sociales, sindicatos y grupos empresariales, donde el gobierno de Fox busca hoy apoyo a sus proyectos.
El canciller Jorge Castañeda entiende que debe estudiarse si es necesario y posible saldar las cuentas con el pasado, para cerrar la transición política, iniciada con la caída del PRI.
Mientras, el consejero de Seguridad, Adolfo Aguilar, opinó que debe revisarse la historia, para «romper las raíces del poder construidas en torno a la corrupción».
No obstante la falta de definición, el gobierno parece que ya renunció a indagar algunos casos. El contralor del Estado, Francisco Barrio, declaró que no investigará nada sobre el ex presidente Carlos Salinas (1988-1994), pues sus posibles delitos de corrupción ya prescribieron, dijo.
No es fácil definir qué hacer con el pasado, sobre todo en México, donde la transición política fue pacífica, pactada y sin rupturas institucionales, explicó el politólogo Alfonso Zárate.
Pero Ibarra no piensa así. Para la portavoz de Elektra, no hay ninguna justificación para dejar en la impunidad a los últimos gobiernos del PRI.
«Debe conocerse el pasado», exigió Ibarra, quien busca a su hijo desde 1975, cuando fuera detenido por la policía política.
Ibarra aseguró que no se detendrá hasta descubrir qué pasó con su hijo, un activista de izquierda.
Por su parte, Zárate sostiene que aclarar el pasado a través de la también llamada Comisión de la Verdad, como se hizo en otros países que cerraron ciclos dictatoriales o traumáticos, no es una exigencia social en México.
Hay actores sociales que lo reclaman, pero a las mayorías no les interesa, apuntó el analista.
Fox, de conservador Partido Acción Nacional, llegó a la presidencia en elecciones pacíficas, organizadas con parámetros acordados por todas las fuerzas políticas.
«El régimen foxista no debe volverse cómplice de los crímenes del pasado si quiere ganarse el respeto de la sociedad», opinó Martín Reyes, columnista del diario El Universal.
Aunque el gobierno diga un día sí y otro no a la integración de una Comisión de la Verdad, «una cosa es cierta: no habrá un asentamiento del gobierno de alternancia hasta que no ajuste cuentas con el pasado 'priista', que tanto daño le causó al país», sentenció el también columnista de ese diario Carlos Ramírez.
El gobierno no tolerará la impunidad, pero tampoco va a desatar una «cacería de brujas», expresó, a su vez, el secretario de Gobernación.
Para Creel, existen jueces e instituciones policiales que pueden investigar el pasado inmediato, por lo que no sería necesario crear una Comisión de la Verdad.
El país no puede quedar tranquilo con el argumento de los delitos prescritos, según las declaraciones de Creel, pues «hay mucha basura que debemos sacar del pasado», señaló Ibarra. (FIN/IPS/dc/dm/ip/01)
