Cancilleres y diplomáticos participantes en la XXXI Asamblea de la OEA, realizada en la capital de Costa Rica, se manifestaron conformes con el avance de las discusiones sobre democracia y derechos humanos, pese a que los proyectos concretos no fueron aprobados.
Fuentes de la OEA (Organización de Estados Americanos) confirmaron a IPS que en octubre será negociado en Lima el proyecto de Carta Democrática, que sanciona política y económicamente a los países que se aparten de las reglas de la democracia.
Mientras, la propuesta de dotar de más recursos al sistema interamericano de derechos humanos se discutirá en Washington, también en octubre.
Varios asistentes a la Asamblea General, que reunió del domingo al martes a cancilleres y otros funcionarios de 34 países de América, todos excepto Cuba, señalaron a IPS su optimismo respecto del futuro de los dos principales asuntos examinados.
El embajador de Perú ante la OEA, Manuel Rodríguez, no dudó en asegurar que «habrá Carta Democrática», pese a que el borrador presentado en Costa Rica fue cuestionado por 16 países.
El proyecto examinado en la Asamblea General establece la marginación de la OEA y de los procesos de integración regional, como el Area de Libre Comercio de las Américas, de aquellos países en que se interrumpa el funcionamiento de la democracia representativa.
La propuesta presentada, entre otras cosas, señala que la democracia representativa es el sistema político de la OEA, basado en la celebración de elecciones libres y justas, el acceso al poder por medios constitucionales, un régimen plural de partidos políticos y el respeto de los derechos humanos.
Los cancilleres y delegados americanos resolvieron en la reunión finalizada el martes que la Carta se discutirá nuevamente en una sesión extraordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en Lima en la primera semana de octubre.
La Carta nació de una iniciativa del canciller peruano Javier Pérez de Cuéllar, que fue acogida y encomendada a la OEA por la Cumbre de las Américas, desarrollada entre el 20 y el 22 de abril en la ciudad canadiense de Québec.
La recomendación fue estudiada por el Consejo Permanente de la OEA, conformado por los embajadores ante el foro regional, que elaboró un documento basado en el borrador de Perú. En opinión de varios gobiernos, requiere más tiempo de debate y consultas a sectores de la sociedad civil.
Venezuela y el bloque del Caribe predominantemente anglófono objetaron el precepto de que «cualquier alteración» o ruptura del orden democrático en un estado miembro de la OEA «constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado» en el foro americano.
Además, varios países cuestionaron el borrador original por entender que no queda claro «quién va a decidir» y a quiénes se marginaría de la OEA. También se preguntan qué se entiende por «cualquier alteración» y qué supuestos van a ser considerados como tales.
Otro asunto que preocupó a algunas delegaciones oficiales y a expertos es la manera en que se va a adecuar el contenido de la Carta en discusión con los instrumentos de defensa de la democracia ya existentes en la OEA.
Sin embargo, Pérez de Cuéllar manifestó su optimismo a IPS respecto de la aprobación de su iniciativa y aseguró que en esta Asamblea General se lograron grandes avances.
También coincidió con esa apreciación el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Luis Lauredo, quien pronosticó que la Carta será una realidad en los próximos meses.
Mientras, igual suspenso rodea la propuesta de Costa Rica de incrementar en un plazo de 10 años el presupuesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, y el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, radicada en Washington.
Costa Rica, cuya iniciativa fue objetada por varios delegados en la reunión, pretendía que los fondos conjuntos para la Corte y la Comisión aumentaran de 5,7 a 10 por ciento del presupuesto general de la OEA. Es decir, de 4,3 a 7,6 millones de dólares por año.
«No creo que (la postergación decidida) sea un fracaso, simplemente se perdió una buena oportunidad», dijo a IPS Claudio Grossman, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Cancado, advirtió que «esos dineros son fundamentales» para el funcionamiento de ese tribunal.
Cancado explicó que el sistema interamericano de derechos humanos necesita más recursos para poder atender el incremento de casos registrados, tras facilitarse la tramitación con el cambio de reglamentos internos realizado en mayo y junio del año pasado.
La modificación reglamentaria del sistema de derechos humanos fue un mandato de la anterior Asamblea General de la OEA, realizada en la ciudad canadiense de Windsor.
A la vista del fracaso de la propuesta de Costa Rica, representantes de los dos organismos humanitarios cifran sus esperanzas en el examen del presupuesto general que hará la OEA en octubre en Washington. (FIN/IPS/nms/dm/ip/01
