La espectacular fuga de 78 presos de una cárcel de máxima seguridad de Guatemala, muchos de ellos condenados a muerte, fue consecuencia de la crítica situación de las cárceles del país, que se reproduce en el resto de América Central.
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA) advirtió hace dos años que las cárceles de América Central eran depósitos de seres humanos y presentaban serios problemas de seguridad.
«Esta fuga es consecuencia de lo que pasa en las cárceles de América Central, donde no hay programas de trabajo ni de rehabilitación», afirmó a IPS Alma Beníntez, fiscal de CODEHUCA.
Dos prófugos murieron al cruzar un río cercano a la prisión de la que huyeron el domingo, la Granja Penal Canadá, conocida como «El Infierno» y situada en la localidad de Escuintla, 50 kilómetros al suroeste de la capital, y nueve fueron capturados. Pero los otros siguen en libertad.
Benítez, una investigadora y activista salvadoreña, es la autora del informe «¿Sistema penitenciario en Centroamérica o bodegas humanas?» en el que se expone la precaria situación de las prisiones del istmo.
El gobierno de Alfonso Portillo declaró por 30 días el estado de alarma nacional, que suspende los artículos constitucionales que garantizan la libertad de circulación, restringen los plazos de detención y establecen limitaciones para el interrogatorio y la investigación policial de personas.
El episodio de Escuintla indica que la actividad delictiva sobrepasa la capacidad del gobierno para controlar la situación, advirtió Benítez.
Dos presos pagaron un soborno de un millón de quetzales pcerca de 128.000 dólares- a las autoridades del penal, que les quitaron sus cadenas, abrieron los cerrojos y facilitaron la huida.
Los 20 reclusos que encabezaron la fuga utilizaron un vehículo que los esperaba en las afueras de la prisión, mientras que los restantes secuestraron dos autobuses y automóviles particulares.
La Procuradoría de Derechos Humanos de Guatemala informó a IPS que varios de los fugitivos están sentenciados a muerte y que otros han sido condenados hasta 50 años de prisión. También se cuentan detenidos sin condena.
Los prófugos son secuestradores, asaltantes de bancos e integrantes de las bandas Los Pasaco, El General, Agosto Negro, El Indio y El Canguro, consideradas las más peligrosas de Guatemala y también entre las más violentas de América Central.
En el informe de Benítez se destaca que la cárcel de Escuintla tenía una capacidad óptima para atender a 400 reclusos, pero en 1996 albergaba a 821.
El estudio también señala que miembros de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo comprobaron la pésima sitación de los reclusos en esa cárcel.
El sistema penitenciario de Guatemala está conformado por 29 prisiones y se calcula que 74,2 por ciento de los 4.506 reclusos no tienen condena.
La fuga «también es una muestra de la corrupción y el tráfico de influencias en las cárceles centroamericanas», dijo Benítez.
Los gobiernos centroamericanos temen la eventualidad de fugas en masa de otras cárceles y han anunciado el aumento de la vigilancia policial.
En El Salvador, la Policía Nacional Civil reforzó la seguridad en la prisión La Esperanza, en la capital, y San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán.
«El gran problema de las cárceles centroamericanas es que son verdaderos infiernos», expresó a IPS el procurador de derechos humanos de Guatemala, Julio Arango.
Arango dijo que, con excepción de Costa Rica, el istmo no tiene adecuadas políticas criminológicas ni penitenciarias.
«Nuestros reos quieren salir de esos infiernos que son las cárceles, pero generalmente no hay programas en los que se les diga que si mantienen buena conducta y estudian se les reducirá la pena y podrán reinsertarse en la sociedad», añadió.
Según Arango, es muy común la circulación impune de armas y drogas en las cárceles de América Central, y muchos reclusos logran introducir teléfonos celulares.
La huida en masa de Escuintla causó conmoción en la sociedad guatemalteca, presionada por una creciente inseguridad pública, y alarmó a organizaciones nacionales e internacionales.
La Misión de Verificación de Naciones Unidas manifestó en un comunicado que «esta fuga es un grave retroceso en la lucha contra la impunidad».
El caso «profundiza aun más la percepción de indefensión de la ciudadanía frente a la delincuencia y es especialmente desalentador para aquellos testigos, jueces y fiscales que han jugado un importante papel a favor del procesamiento y castigo de peligrosos delincuentes», advitió la Misión de Verificación.
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, uno de los más activos entre los grupos de derechos humanos de Guatemala, opinió para IPS que la fuga le ha caído al gobierno en el momento oportuno.
«El gobierno está aprovechando esta situación para limitar los derechos y no dudamos que aprovechará esta situacón para crear nuevos impuestos o incrementar los ya existentes», manifestó.
Polanco dijo que le preocupa la aplicación del estado de alarma, que no fue impuesto ni siquiera en los peores años de la guerra civil de 36 años finalizada en 1996. (FIN/IPS/nms/ff/ip/01
