El gobierno de Filipinas espera en alerta de golpe de Estado la comparecencia este miércoles ante la justicia del ex presidente Joseph Estrada, destituido en enero y detenido en abril por acusaciones de corrupción.
Seiscientos policías se desplegaron el lunes en torno del palacio presidencial, luego de que las autoridades denunciaron un plan para derrocar al gobierno que se ejecutaría el miércoles.
La presidenta Gloria Macapagal-Arroyo dijo el viernes que «un grupo» planeaba un golpe de Estado para esta semana.
«Son tiempos duros e incluso peligrosos», advirtió la presidenta a sus colaboradores, algunos de los cuales se manifestaron preparados pero no «asustados» ante la posible conspiración.
Según fuentes gubernamentales, el plan incluye diversos actos de violencia para este miércoles, día en que Estrada, detenido desde el 25 de abril, será llevado ante la justicia.
Las autoridades creen que los responsables de la conspiración son los mismos que promovieron ataques contra el palacio presidencial el 1 de mayo.
Arroyo asumió la Presidencia el 20 de enero, cuando Estrada, acusado de saqueo a las arcas públicas, abandonó el cargo en medio de manifestaciones populares en su contra.
Los 10 kilogramos que adelgazó desde entonces la presidenta se convirtió, para muchos observadores, en un símbolo de la fragilidad de su gobierno.
En estos cinco meses, Arroyo debió afrontar la crisis económica, las protestas de los seguidores de Estrada y las luchas separatistas de grupos musulmanes armados en el sur del país.
Además, su partido sufrió una gran derrota en las elecciones legislativas del 14 de mayo.
Una de las pruebas más difíciles para Arroyo es la lucha contra el grupo extremista musulmán Abu Sayyaf (Portadores de la Espada), que el 27 de mayo secuestró a 17 turistas filipinos y a tres estadounidenses en la provincia de Palawan, reclamando un rescate de varios millones de dólares.
El 11 de junio se hallaron los cuerpos decapitados de dos cautivos de nacionalidad filipina y, según informes extraoficiales, de uno estadounidense. Pese al acoso militar, el grupo ha tomado más rehenes, que llegan hoy a 26 personas.
Arroyo adoptó una política muy distinta a la de Estrada, pues se negó a pagar los rescates y decretó una amplia ofensiva militar. En cambio, el año pasado Abu Sayyaf obtuvo millones de dólares en el intercambio de rehenes negociado por un delegado de Estrada con intermediación de funcionarios del gobierno de Libia.
Arroyo ofreció dos millones de dólares a quienes informaran sobre la actividad del grupo, que cuenta con 1.000 integrantes, y procuró la cooperación de la prensa para detener la publicación de noticias sobre Abu Sayyaf, al que el gobierno considera una simple banda de ladrones en lugar de una organización islámica.
La mandataria advirtió a Abu Sayyaf que «terminaría» con él. El ejército anunció hace una semana que estaba próximo a aislar a los secuestradores.
Sin embargo, no hay perspectivas para una rápida resolución del asunto. Los familiares de algunas de las víctimas han pedido que el gobierno persiga a los captores, aunque eso signifique poner en riesgo a sus seres queridos.
Por otra parte, las familias de varios raptados han pagado los rescates, logrando así la liberación de sus familiares.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos se entrevistó con varios líderes musulmanes en procura del entendimiento que no lograron las autoridades filipinas.
«La presidenta no tuvo otra salida que responder personalmente a la cacofonía de amenazas de todos los sectores de la sociedad», dijo el sociólogo Randolf David, de la Universidad de Filipinas.
«La realidad la llevó a querer estar siempre donde ocurren las cosas y donde está el pueblo y a tratar directamente con los problemas tal como vienen», sostuvo.
La semana pasada, la mandataria viajó a la provincia meridional de Basilan desafiando las medidas de seguridad, para visitar la ciudad de Lamitan, que había sufrido daños cuando las tropas gubernamentales ingresaron en busca de miembros de Abu Sayyaf.
Arroyo también adoptó cierto populismo, visitando barrios pobres y repartiendo becas, a la vez que ordenó la liberación de personas detenidas por su participación en el sitio contra el palacio presidencial en mayo.
No obstante, Arroyo «debe considerar que la verdadera prueba de liderazgo no se encuentra en esos rituales de poder, sino en la capacidad de poner en marcha un programa coherente y pragmático para un cambio social de largo aliento», afirmó David.
En efecto, la ciudadanía cree que Arroyo está sobrepasada. «Tal como van las cosas, no creo que tenga tiempo para desarrollar una política, sino sólo para reaccionar a lo que pasa», fue la opinión de Elena Marcelino, una mujer que trabaja como empleada.
La crisis del secuestro agravó el deterioro económico. La semana pasada, el pesos filipinos cayó a 52 por dólar, la cotización más baja desde enero.
Pese a que el Banco Asiático de Desarrollo prevé un crecimiento de tres por ciento del producto interno bruto para este año, la actividad económica no se reanima debido a la inestabilidad política, que muchos creyeron que terminaría con la destitución de Estrada.
Las inversiones en la conflictiva isla meridional de Mindanao permanecen en suspenso, a pesar del avance de las conversaciones del gobierno con el Frente Nacional de Liberación Moro, la mayor organización separatista musulmana, que procura la creación de un estado islámico.
Ese diálogo es promovido por el gobierno de Malasia y por la Organización de la Conferencia Islámica.
Si bien las negociaciones son bienvenidas, algunos consideran que el gobierno debió haber involucrado a actores locales que conocen la realidad de las comunidades donde operan Abu Sayyaf y otros grupos.
El comité que encabeza el diálogo no incluye a Wahab Akbar, gobernador de Basilan —donde los secuestradores tienen su base de operaciones— debido a sus vínculos con Estrada.
Es tan erróneo considerar que Abu Sayyaf es «simple banda de secuestradores» como atribuirles el carácter de «verdaderas antorchas del Islam», dijo Glenda Gloria, coautora del libro «Bajo la media luna: rebelión en Mindanao», que documenta la existencia de los movimientos musulmanes armados en Mindanao.
Abu Sayyaf fue excluido de estas negociaciones en una región con menor desarrollo económico y social, que vivió una cruenta actividad movimiento separatista en los años 70.
En cambio, el general (retirado) José Almonte, ex jefe del Consejo Nacional de Seguridad, felicitó a Arroyo por su política con Abu Sayyaf. «No tiene opción. Si se quiere evitar futuros secuestros, hay que eliminarlos», dijo.
Almonte consideró que la gestión presidencial es doblemente difícil pues los enemigos políticos de Arroyo, aliados de Estrada, no quieren su éxito.
«Les interesa que la inestabilidad se mantenga hasta 2004», año en que finalizará el mandato presidencial y deberán celebrarse nuevas elecciones. «Por supuesto que no quieren que Arroyo vuelva a ser presidenta», agregó Dalmonte. (FIN/IPS/tra- en/ms/akm/js/dc/mj-ip/01
