Etiopía atraviesa su peor crisis política desde que en 1991 tomara el gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE), cuya división interna es causa de inseguridad y sospechas.
El primer ministro Meles Zenawi admitió en entrevistas periodísticas que tuvo oposición interna en su Frente de Liberación Popular de Tigray, el principal integrante del FDRPE, por parte de un sector que exigía más dureza ante el conflicto fronterizo con Eritrea, comenzado hace dos años.
La tradicional opacidad gubernamental determina que los observadores sólo dispongan de indicios de lo que ocurre, pero circulan rumores de que integrantes del gobierno proponían lanzar una ofensiva militar contra la capital eritrea, Asmara, antes de que Zenawi aceptara negociaciones de paz hace un año.
Otras versiones afirman que la actual crisis se debe a debates sobre el modo de afrontar la corrupción y acerca de la conveniencia de reformas impulsadas por el primer ministro para impulsar una apertura política y económica.
Zenawi expulsó en marzo a casi la mitad de los integrantes del comité central del Frente de Liberación Popular de Tigray, y los seguidores del primer ministro aseguraron que éste había retomado el control de la situación, pero acontecimientos posteriores pusieron en duda esa afirmación.
El mes pasado fue asesinado el jefe de los servicios de seguridad, Kinfe Gebre-Medhin, estrecho colaborador de Zenawi, y ese homicidio hizo temer que se avecinara un golpe de Estado.
La semana pasada, el presidente Negaso Gidada se retiró de una reunión de un organismo de dirección del FDRPE, y anunció que renunciaba a la coalición gobernante.
Gidada, cuyo papel en el gobierno era en gran medida decorativo, se quejó de haber estado «bajo presión» de Zenawi.
Dirigentes del FDRPE acusaron a Gidada de «rechazar el proceso de renovación en curso y apoyar las posiciones de disidentes que fueron expulsados del Frente de Liberación Popular de Tigray» en marzo, afirmó el Servicio de Información Walta, una agencia de noticias cercana a las autoridades.
Observadores piensan que se avecinan nuevas batallas políticas, y los problemas internos del gobierno han causado una oleada de inseguridad y sospechas.
Docenas de funcionarios gubernamentales, disidentes políticos e influyentes hombres de negocios han sido arrestados en los últimos tiempos, y el gobierno asegura que se trata de una campaña contra la corrupción, pero muchos sospechan que tal campaña puede ser el pretexto para realizar una purga política.
A mediados de abril, estudiantes de la Universidad de Addis Abeba se movilizaron por mayor libertad académica, y la irritación popular por la pobreza y el desempleo determinó que las protestas callejeras derivaran en saqueos y graves disturbios, en los cuales murieron por lo menos 30 personas.
La organización internacional humanitaria Human Rights Watch acusó a las autoridades etíopes de emplear «violencia brutal» en la represión, y aseguró que el gobierno utilizó la crisis «para justificar una persecución generalizada contra opositores».
Cientos de personas fueron arrestadas, bajo acusaciones de promover los disturbios, entre ellos dos académicos con prestigio internacional.
Cuatro integrantes del opositor Partido Democrático Etíope permanecieron detenidos 50 días bajo los mismos cargos, hasta que la justicia los halló inocentes, y la policía volvió a arrestarlos el miércoles.
«No sabemos por qué fueron detenidos ni dónde están», señaló en una declaración ese partido, el cual afirma que más de 100 de sus afiliados están en la cárcel desde su arresto en abril.
Durante los últimos meses, más de 120 soldados y estudiantes etíopes han pedido asilo en la vecina Kenia.
En 1991, el FDRPE tomó el poder tras 14 años de régimen de partido único impuesto por Mengistu Haile Mariam, y las promesas de apertura económica y pluralismo político realizadas por Zenawi fueron recibidas con entusiasmo por la población.
Diez años después, muchas esperanzas fueron defraudadas, y tanto los medios de comunicación como las organizaciones de la sociedad civil están bajo estricto control.
El gobierno asegura que lo peor ya pasó, y que emerge de la crisis más fuerte y liberal que nunca, pero activistas humanitarios señalan que la eventual resolución de los problemas internos del Frente de Liberación Popular de Tigray no tiene por qué significar un avance de la democracia en el país. (FIN/IPS/tra- eng/ks/mn/ip/01
