La industria del diamante en Estados Unidos y legisladores demócratas y republicanos acordaron un proyecto para bloquear la importación de los diamantes «de la guerra», que cuenta con el respaldo de 100 ONG humanitarias.
El proyecto dificultará la llegada al mercado estadounidense de los diamantes controlados por varios grupos armados de Africa, especialmente en Angola, República Democrática del Congo y Sierra Leona.
Estados Unidos importa 65 por ciento de los diamantes del mundo, según cifras de la industria local.
«Trabajaremos juntos para una rápida aprobación de la ley, resultado del esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales y de la industria para crear un sistema aceptable que permita mantener esos diamantes fuera de Estados Unidos», señaló un comunicado conjunto.
El acuerdo fue alcanzado entre el Consejo Mundial de Diamantes, que nuclea a los grandes fabricantes e importadores, y la Campaña para Eliminar los Diamantes de la Guerra, una coalición de ONG (organizaciones no gubernamentales) entre las que se encuentran Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras.
El representante del Partido Demócrata Tony Hall, principal impulsor del proyecto en el Congreso, explicó que el mismo exigiría que todas las importaciones de diamantes, incluso la joyería fina y las piedras en bruto, sean sujetas a un proceso de certificación.
Los legisladores y las ONG aceptaron, a cambio, una mayor flexibilidad en la aplicación de la ley.
El proyecto permite la prohibición, en un plazo de seis meses a partir de su aprobación, de las importaciones de diamantes procedentes de los países que no hayan establecido controles efectivos. Pero deja en manos del presidente George W. Bush decidir excepciones para los países que cooperen con las medidas.
Los diamantes de la guerra, según varias estimaciones, constituyen entre cuatro y 15 por ciento del negocio de diamantes en bruto. El comercio mundial de esas piedras preciosas es de 7.500 millones de dólares anuales.
«Incluso uno por ciento es demasiado. Es algo que no deberíamos aceptar nunca», declaró Eli Izhakoff, presidente del Consejo Mundial de Diamantes.
El proyecto, conocido como la Ley de Diamantes Limpios, es promovido por Hall, el representante del Partido Republicano Frank Wolf y la demócrata Cynthia McKinney en la Cámara de Representantes.
En el Senado cuenta con el apoyo de los demócratas Richard Durbin y Russel Feingold y del republicano Michael DeWine.
El Consejo Mundial de Diamantes y Joyeros de Estados Unidos, que representa a los vendedores minoristas, anunció que lanzaría una gran campaña de presión para asegurar la aprobación de la ley.
Matthew Runci, presidente de Joyeros de Estados Unidos, afirmó que las 42 oficinas regionales de la organización comenzaron a reclamar a los representantes de sus estados ante el Congreso que voten en favor del proyecto.
«Los joyeros estamos comprometidos a hacer todo lo que podemos para cortar el vínculo entre los diamantes y la violencia que afecta a partes de Africa», dijo Runci.
La campaña para prohibir el comercio mundial de los diamantes de guerra comenzó el año pasado, cuando grupos de derechos humanos confirmaron que el rebelde Frente Revolucionario Unido (RUF) empleaba el control que ejerce en las minas diamantíferas de Sierra Leona para mantener su guerra contra el gobierno.
El RUF combate al gobierno de Sierra Leona desde 1991, en una guerra en la que decenas de miles de civiles murieron o fueron mutilados, violados o desplazados de sus localidades.
El grupo, que aún controla gran parte del territorio del norte y el este del país, es conocido por mutilar las extremidades de civiles, incluso niños y bebés.
Organizaciones empresariales en Estados Unidos y otros países importadores o productores de diamantes, sobre todo en Africa austral, decidieron tomar medidas para asegurar que los diamantes de la guerra no afectaren su capacidad de vender las piedras legítimas.
El resultado fue el Proceso Kimberly, llamado así por la ciudad sudafricana donde empresas y países importadores se reunieron en mayo de 2000 para discutir cómo excluir del mercado a los diamantes de la guerra.
Botswana, Namibia y Sudáfrica, con un comercio legítimo en diamantes, apoyaron el proceso de certificación.
El sistema implica colocar a los diamantes en bruto en un paquete sellado en su punto de extracción, con un número de registro que puede rastrearse a medida que las gemas se trasladan por las oficinas de exportación, como Amberes, Bombay o Tel Aviv.
Para que el plan de certificación funcione, activistas de derechos humanos y la industria diamantífera por igual señalan que Estados Unidos y otros países importadores deben adoptar la legislación adecuada, como la Ley de Diamantes Limpios.
La legislación propuesta «es vital… para crear un sistema regulatorio internacional que impida que las piedras de la guerra ingresen a la cadena de oferta, mientras protege al comercio legítimo», dijo Izhakoff.
«La minería de diamantes es la base de la seguridad y bienestar de nuestro país», dijo Alfred Majaye Dube, ministro de asuntos políticos y económicos de la embajada de Botswana, en Washington.
La mayoría de los «diamantes procedentes de Africa son legítimos y este comercio no debe correr peligro», agregó Dube. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/dc aq/if hd/01
