La competencia por la Presidencia de Perú entre el centrista Alejandro Toledo y el socialdemócrata Alan García, en la segunda vuelta electoral de este domingo, marca el paso final en el camino de una década de gobierno autoritario a un régimen de plena democracia.
Así lo entiende el propio presidente interino Valentín Paniagua, quien exhortó este sábado a los peruanos «a no votar en blanco para poder culminar adecuadamente el difícil tránsito de la dictadura a la democracia».
Unos 15 millones de ciudadanos están habilitados para elegir entre el economista Toledo, de Perú Posible y respaldado según las encuestas por el 38 por ciento de los votantes, y el ex presidente García (1985-1990), del Partido Aprista Peruano, quien recoge 31,4 por ciento de las adhesiones.
Ese promedio de intención de voto presentado esta semana por las distintas empresas encuestadoras a los corresponsales de la prensa extranjera indica además que más de 30 por ciento de los consultados votará en blanco o lo anulará.
La Constitución peruana establece la anulación de los comicios y la convocatoria a una nueva instancia si la cantidad de votos en blanco y de anulados equivalen a más de 66 por ciento del electorado.
Nadie supone hoy que esa elevada proporción pueda ser alcanzada, pero dos semanas atrás el voto en blanco y el anulado alcanzaba a un preocupante de 38 por ciento de los encuestados en Lima.
Expertos advirtieron que un alto porcentaje de votantes volcados a esa postura, pese a que muestra una declinación en las últimas encuestas, agravaría la vulnerabilidad del gobierno que resulte elegido este domingo. Tanto Toledo como García deberán gobernar con un Congreso unicameral sin mayoría propia.
«Un número muy alto de votos en blanco o anulados debilitará al próximo gobierno, que necesitará el máximo apoyo posible porque todavía subsisten, agazapados, los restos de las fuerzas oscuras que sostenían y se beneficiaban de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos», aseguró el presidente Paniagua.
Pocas transiciones de un gobierno autoritario, como el encabezado por Fujimori entre 1990 y noviembre pasado, han avanzado de modo tan pacífico y en tan pocos meses, pero el proceso es una difícil partida ajedrez que todavía no finaliza.
«Perú ha vivido cambios vertiginosos desde aquel no muy lejano 16 de septiembre, cuando Fujimori, abrumado por las evidencias de corrupción política, anunció la convocatoria a nuevas elecciones para dejar el poder el 28 de julio de 2001», comentó el analista Carlos Basombrío.
Tras ese anuncio, que fue acompañado de la destitución de su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, sucedió una etapa con Fujimori en la Presidencia nominal, pero bajo el control real de una cúpula militar compuesta por generales instalados en los mandos por el propio Montesinos.
Fujimori, finalmente destituido por el Congreso en noviembre tras refugiarse en Japón, había ganado las cuestionadas elecciones de abril de 2000 e iniciado un no menos cuestionado tercer mandato consecutivo.
Después de anunciar el recorte de su periodo de gobierno, Fujimori presionó a las fuerzas políticas peruanas y a la comunidad internacional para obtener garantías de impunidad para él, para los jefes militares y para el mismo Montesinos.
Sin embargo, es negociación se interrumpió cuando Fujimori decidió salir del país ante la pérdida de apoyo de Montesinos, quien controlaba 19 votos en el parlamento.
Con ello también se frustró una mesa de diálogo, respaldada por la Organización de Estados Americanos, en la que participaban los ministros de Fujimori y los líderes de los partidos políticos opositores.
«Cuando el presidente huyó, la salida ordenada que esperaba la dictadura se convirtió en un sálvese quien pueda. Sus cómplices civiles y militares en numerosos delitos de corrupción y violaciones de los derechos humanos están ahora presos o son juzgados», comentó el sociólogo Alberto Panessi.
El experto agregó que la huída de los «dos jefes», evitó que el fujimorismo siguiera siendo una «fuerza política importante, instalada en mecanismos de poder parlamentario, con respaldo en los mandos militares y policiales y hasta en la justicia».
Basombrío dice que Perú «le debe agradecer a Fujimori por su egoísmo de abandonar sorpresivamente a sus cómplices y su falta de agallas».
«Por suerte, un Perú destrozado y desmoralizado encontró en el gobierno interino, encabezado por Paniagua, la mejor opción posible para llevar adelante la delicada etapa clave de la transición», concluyó.
Destituido Fujimori gracias a la nueva mayoría parlamentaria, conformada por la alianza entre la oposición y el bloque «montesinista», las sucesivas renuncias de sus dos vicepresidentes, Francisco Tudela y Ricardo Márquez, pusieron la decisión del reemplazo también en manos del Congreso.
La pugna entre dos los dos partidos opositores con mayor número de votos en ese momento, Perú Posible y el Frente Independiente Moralizador (FIM), se resolvió con la designación de Paniagua por los siguientes ocho meses.
El único representante del partido Acción Popular era uno de los parlamentarios más discretos y menos votados, pues fue elegido con menos de 14.000 votos.
«Paniagua ha resultado la mejor opción posible para llevar adelante la delicada y clave fase de transición a la democracia y a la reinstitucionalización del país», indicó Basombrío.
Abogado, ex profesor universitario, varias veces parlamentario y ministro de Justicia en 1984, Paniagua ostenta en estos momentos la aprobación de 86 por ciento de la población, según las encuestas. (FIN/IPS/al/dm/ip/01
