La fumigación de cultivos de droga con el herbicida glifosfato en el sudeste de Colombia divide al gobierno, pues las autoridades ambientales acusan a la policía de realizarla sin una evaluación adecuada de los daños ni acciones concretas para mitigarlos.
Sólo en el departamento de Putumayo, donde se concentra 60 por ciento del cultivo de coca (materia prima de la cocaína), se destruyeron entre enero y marzo cerca de 30.000 hectáreas de plantaciones, meta fijada para dos años, según el comandante de la policía antinarcóticos Mario Montoya.
Pero la eficiencia policial contrasta con la posición del Ministerio de Medio Ambiente, que considera «inconsistente y ambiguo» el Plan de Manejo Ambiental de la Dirección Nacional de Estupefacientes, organismo encargado de ejecutar la erradicación de cultivos ilícitos.
El Ministerio afirmó en mayo que el plan «no determina de manera precisa los ecosistemas estratégicos expuestos a la aspersión (fumigación) aérea ni las regiones que por su alta diversidad biológica deben estar excluidas» de las operaciones.
Así mismo, el Ministerio de Medio Ambiente señaló que no existen en el plan soportes técnicos y científicos que permitan evaluar el impacto del glifosato en los recursos naturales, y la evaluación de riesgos no aclara las acciones para aminorar o contrarrestar ese impacto.
El Ministerio dio a la Dirección Nacional de Estupefacientes seis meses de plazo para presentar un plan de acciones concretas y sistemáticas que mitiguen el impacto del glifosato fumigado sobre los cultivos de coca, principal insumo de la cocaína, de marihuana y de adormidera, con la que se elabora la heroína.
Así mismo, el organismo policial deberá verificar el impacto ambiental causado en lo que va del año en el departamento de Putumayo, así como iniciar un programa de recuperación del área y contratar una auditoría externa e independiente que evalúe los resultados de las nuevas medidas.
Las fumigaciones sobre Putumayo se encuentran suspendidas por decisión del gobierno, a la espera de que funcionen los acuerdos firmados con comunidades de campesinos para la erradicación manual voluntaria de cultivos ilícitos.
De todas formas, el Plan Colombia implementado por el gobierno de Andrés Pastrana con respaldo financiero internacional contempla la fumigación de plantaciones de coca considerados industriales (los de más de tres hectáreas).
La fumigación de glifosato en los cultivos ilícitos, iniciado a fines de la década del 70, recibe duras críticada de ambientalistas y organizaciones de derechos humanos por sus efectos sobre la salud humana y sobre los cultivos de subsistencia de los campesinos.
Ricardo Vargas, investigador de Acción Andina, que estudia el narcotráfico en la región, dijo a IPS que el glifosato se aplica hace años para erradicar cultivos ilícitos, pero afirmó que el gobierno no tiene estudios sobre sus efectos en la salud humana y en el ambiente.
Las principales objeciones a la fumigación de glifosato radican en que se trata de un agente químico nocivo, no recomendable para aplicarse por vía aérea, que destruye los cultivos, contamina el agua, causa enfermedades en la piel de los humanos y en las vías respiratorias.
Así mismo, las fumigaciones con el herbicida llevadas a cabo en los últimos dos decenios en 22 de los 32 departamentos en que se divide este país, obligaron a familias de campesinos a abandonar sus hogares.
La Defensoría del Pueblo (ombudsman) pidió en mayo la suspensión de las fumigaciones, tras recibir 1.117 quejas de campesinos que se sienten perjudicados por el efecto de estas operaciones, tanto con glifosfato como con otros productos químicos.
Los operativos de fumigación siguen los lineamientos de la política antidrogas de Estados Unidos, que se concentra en la represión de la plantación y fabricación en los países productores y «confunde narcotráfico con cultivos ilícitos», según Vargas.
El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización y el Control de Drogas (Pnufid) indica que la política de erradicación de cultivos ha sido un fracaso en Colombia.
Según el último informe de la organización, pese a que en 2000 se fumigaron 60.000 hectáreas de plantaciones de coca, la superficie cultivada se elevó a 162.000 hectáreas, similar a la que presentaban hace algunos años Colombia, Perú y Bolivia en conjunto.
La erradicación de los cultivos ilícitos es uno de los objetivos del Plan Colombia, al que Estados Unidos aporta 1.300 millones de dólares, 80 por ciento de los cuales se utilizarán en tareas militares, lo cual representará una escalada de la guerra civil, según activistas nacionales e internacionales.
El Plan Colombia, con un costo total de 7.500 millones de dólares, es definido por el gobierno como una estrategia para la paz y la lucha antidrogas, pero, según organizaciones no gubernamentales, profundizará la guerra, sumergirá a la población pobre y afectará el ambiente de la Amazonia colombiana.
Según Vargas, en el Plan Colombia está «de manera explícita el compromiso del gobierno de experimentar con métodos biológicos la erradicación de cultivos ilícitos en los próximos cinco años», plazo que se impuso el gobierno para completar la tarea. (FIN/IPS/yf/mj/ip/01
