Cuba aspira a fortalecer los mecanismos de cooperación para la lucha contra las drogas en el Caribe y con ese objetivo propuso realizar una conferencia internacional en su capital en noviembre.
«No se puede luchar con éxito contra el narcotráfico en el Caribe sin contar con Cuba», subrayó el ministro de Justicia Roberto Díaz Sotolongo, al anunciar el martes la convocatoria.
Cuba, la mayor isla del Caribe, está ubicada en la ruta entre los principales traficantes de drogas y Estados Unidos, el mayor mercado, pero no es consumidora ni productora de estupefacientes.
Las autoridades niegan que éste sea un «país de tránsito» de drogas, pues ese calificativo se aplica a las naciones en que los embarques hacen escala para ser dirigidos luego a su destino. Y eso no ocurre en Cuba, asegura el gobierno.
Cuarenta por ciento de las 200.000 toneladas de cocaína introducidas cada año en Estados Unidos pasan por el Caribe y América Central, según informes especializados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Parte del dinero obtenido por los narcotraficantes es invertido luego, precisamente, en el Caribe y en América Central, dijeron a IPS fuentes de la ONU en La Habana.
El riesgo de corrupción es considerado elevado, dada la gran magnitud de los recursos financieros de los narcotraficantes en comparación con los de las pequeñas islas del Caribe.
«La zona del canal viejo de Bahamas (que separa a Cuba de Estados Unidos y de Bahamas) es intensamente usada por los narcotraficantes, lo cual nos obliga a desarrollar un amplio sistema de cooperación con países vecinos», afirmó Oliveiro Montalvo, jefe de la comisión cubana de lucha contra la droga.
La Habana mantiene acuerdos de colaboración contra el narcotráfico con 29 naciones, entre ellas Colombia, con costas en aguas caribeñas y considerado fuente de 80 por ciento de la cocaína consumida en todo el mundo.
Así mismo, la isla coopera con organismos especializados de 13 países y ha reiterado en más de una ocasión su disposición para firmar también con Estados Unidos un convenio antidrogas.
Ambos países carecen desde 1961 de relaciones diplomáticas, aunque por encima de las contradicciones políticas sus instituciones especializadas sobre drogas mantuvieron en los últimos años contactos para el intercambio de información.
Trece países del Caribe y Estados Unidos firmaron en 1996 un acuerdo que permite a naves estadounidenses incursionar en aguas territoriales y espacios aéreos para combatir el narcotráfico en la región.
El acuerdo denominado «tratado de persecución caliente», que no incluyó a Cuba, es considerado por algunos sectores caribeños como violatorio de la soberanía de sus naciones.
Funcionarios de Estados Unidos y de Cuba acordaron en 1999 en La Habana mejorar las comunicaciones entre el Servicio de Guardacostas estadounidenses y las Tropas Guardafronteras cubanas.
Así mismo, se acordó el nombramiento de un funcionario en la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba que facilite el enlace con el Servicio de Guardacostas, así como el intercambio de experiencias en materia de detección de drogas y de empleo de instrumentos técnicos.
En esa ocasión, Cuba mostró interés en ampliar y profundizar la colaboración bilateral, pero la delegación estadounidense dijo tener mandato sólo para los aspectos acordados, relata el coronel Montalvo.
Funcionarios cubanos recordaron, como ejemplo exitoso de cooperación entre los dos países, el caso de la motonave Limerick de bandera hondureña, que en 1996 recaló en aguas de Cuba cuando era perseguido por el Servicio de Guardacostas de Miami.
Las autoridades estadounidenses informaron del asunto a sus pares de Cuba, que localizaron a la nave 19 kilómetros de la costa cubana, en la provincia de Guantánamo, 971 kilómetros al este de La Habana, con 2.100 kilogramos de cocaína ocultos en su interior.
Funcionarios de Cuba prestaron testimonio en tribunales estadounidenses contra los colombianos y ecuatorianos implicados en el caso.
Las limitaciones económicas y las características geográficas de Cuba, con más de 5.000 kilómetros de costas y unos 1.600 cayos e islas, impiden contar con funcionarios e instrumentos técnicos suficientes para cubrir la totalidad del territorio.
Sin embargo, funcionarios cubanos capturaron entre 1995 y 2000 la confiscación de 52 toneladas y media de marihuana y cocaína. Sólo entre julio y octubre de 2000 las autoridades se incautaron de 1.719 kilogramos de cocaína y 4.165 de marihuana.
En ese periodo, fueron arrestados 259 extranjeros, de los cuales 177 cumplen actualmente condena por narcotráfico, de acuerdo con informes oficiales.
El código penal cubano establece desde 1999 la pena de muerte para casos agravados de narcotráfico y tipifica como delito el lavado de dinero procedente de ese negocio ilegal.
«La pena de muerte no nos complace, pero en las condiciones de nuestro país ese mensaje disuasivo a los narcotraficantes era necesario», dijo el ministro Díaz Sotolongo.
En 1989 fueron ejecutados el general Arnaldo Ochoa y otros militares involucrados en un caso de narcotráfico que, según el gobierno, puso en peligro la seguridad del país. (FIN/IPS/pg/mj/ip/01
