La futura conformación de la Comisión de la Verdad, que investigará la violencia política entre 1980 y 1996 en Perú, provoca un fuerte debate, y familiares de guerrilleros presos se concentrarán el lunes próximo para exigir una integración equitativa de ese cuerpo de siete miembros.
Algunos políticos y analistas objetaron la decisión de encomendar al presidente interino Valentín Paniagua la selección de los miembros de la comisión, ya que éste será reemplazado el 28 de julio por el centrista Alejandro Toledo, triunfador en la segunda vuelta electoral, el 3 de este mes.
Por eso solicitan que la designación sea realizada por el parlamento y organizaciones civiles independientes. Pero Paniagua ya anunció que hará las designaciones dentro de dos o tres semanas, para que el grupo pueda estar en funciones cuando Toledo instale su gobierno.
La Comisión de la Verdad, que estará integrada por personalidades independientes, investigará los crímenes contra los derechos humanos perpetrados entre 1980 y 1996 y la eventual responsabilidad de los distintos gobiernos que se sucedieron en ese periodo y de grupos políticos y sectores sociales.
En el periodo abarcado gobernaron el centrista Fernando Belaunde (1980-1985), el socialdemócrata Alan García (1985-1990) y el autoritario Alberto Fujimori (1990-2000), quienes se enfrentaron a las guerrillas del partido maoísta Sendero Luminoso y del marxista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
En esos 16 años de violencia política murieron casi 25.000 personas, entre militares, insurgentes y civiles ajenos al conflicto, y fue denunciada la desaparición de 3.190 acusados por las autoridades de pertenecer a alguna organización guerrillera.
El decreto ley del 4 de este mes que creó la Comisión de la Verdad establece que el objetivo de ésta es examinar las condiciones políticas, sociales y culturales que dieron lugar a la violencia política, evaluar el comportamiento de los distintos actores del conflicto, fortalecer la paz y promover la reconciliación nacional.
Mientras, ya se escuchan reclamos sobre la integración de la Comisión. Julia Cerrón, viuda de Jaime Cerrón, asesinado en 1984 cuando estaba a cargo del rectorado de la Universidad del Centro, en Huancayo (380 kilómetros al este de Lima), pidió incorporar al Consejo de Iglesias Evangélicas.
Cerrón arguyó que «seguramente estará la Iglesia Católica, aunque ningún sacerdote fue asesinado, como si lo fueron varios pastores protestantes».
Paniagua anunció que nombrará los miembros de la Comisión dentro de dos o tres semanas, para que el grupo pueda estar en funciones cuando entregue el mando a Toledo.
«Es evidente que la urgencia en crear una Comisión de la Verdad antes del cambio de mando refleja la necesidad de que el nuevo gobierno no se comprometa a fondo con este proyecto, que debe ser fruto de un gran consenso nacional, y reforzarlo» opinó la socióloga Imelda Vega.
En tanto, el ministro de Justicia, Diego García Sayan, aclaró que «la Comisión de la Verdad no sustituirá al Poder Judicial, pero deberá proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz, el imperio de la justicia y la reconciliación nacional».
El gobierno de Fujimori es el más desprestigiado en materia de derechos humanos, tanto local como internacionalmente, pero los datos de las organizaciones humanitarias indican que en ese periodo se registraron menos muertes y desapariciones de personas que durante el mandato de sus antecesores, Belaunde y García.
La no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) señaló que durante el gobierno de Belaunde se produjeron 1.484 desapariciones, 866 en el periodo de García y 840 en el de Fujimori.
«Es una tarea indudablemente urgente, pero erizada de riesgos porque tal vez no hay aún suficiente distancia histórica para hacer un balance desapasionado, imparcial y que sirva al propósito más importante: afianzar la paz en base a la verdad y la justicia», opinó el ex constituyente Manuel Benza.
La legisladora Martha Chávez, del grupo que apoyó a Fujimori, sostiene que los adversarios del presidente destituido en noviembre «se proponen aprovechar el esclarecimiento histórico que debe realizar la Comisión de la Verdad para sacar ventaja política y con propósito de venganza».
«Durante el gobierno de Fujimori no sólo fue menor el número de víctimas, a pesar de que fueron los años de mayor envergadura del problema, sino que en 1996 se amnistiaron a más de 6.000 subversivos presos durante los periodos de los tres gobiernos» anteriores, añadió.
El martes pasado surgieron nuevas críticas sobre la futura integración de la Comisión, esta vez desde filas de familiares de los insurgentes detenidos y de personas desaparecidas.
Los familiares de los «prisioneros de guerra», como se hacen llamar los senderistas y miembros del MRTA presos, convocaron para el próximo lunes a una concentración en el local del sindicato de maestros, para reclamar una composición equitativa de la Comisión.
La guerra concluyó oficialmente en 1995, cuando el gobierno de Fujimori declaró militarmente derrotada a la insurgencia, tres años después de que fueron atrapados los máximos líderes de ambos movimientos insurgentes, Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso, y Víctor Polay, del MRTA.
En la actualidad, el MRTA no registra actividad visible, por lo menos en territorio peruano, en tanto que subsisten grupos armados senderistas en algunos valles tropicales, «pero sin viabilidad política», según expertos.
Durante la guerra, casi la tercera parte del territorio de este país de 25 millones de habitantes estuvo controlado en forma efectiva o parcial por los insurgentes.
La Comisión investigará el comportamiento de las fuerzas de seguridad, de los guerrilleros y de organizaciones paramilitares, como las fuerzas de autodefensa de las aldeas campesinas, promovidas oficialmente con el nombre de Rondas Campesinas, y el siniestro Grupo Colina.
El Grupo Colina fue creado por el Servicio de Inteligencia para matar a sospechosos de pertenecer o colaborar con las guerrillas, y operó entre 1988 y 1994.
A estos paramilitares se los responsabilizó de dos masacres cometidas en Lima, la matanza de Barrios Altos, en 1991, y el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en 1992. Los autores materiales fueron sentenciados a penas que oscilaban entre ocho y 15 años de cárcel.
Sin embargo, esos integrantes del Grupo Colina fueron beneficiados en 1995 con la amnistía decretada por Fujimori, que también dejó en libertad a más de 6.000 guerrilleros.
Las organizaciones humanitarias manifestaron su acuerdo con la amnistía de los acusados de subversión, pero condenaron que se incluyera en ella al Grupo Colina. Así, obtuvieron un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió al gobierno dejar sin efecto la medida que favorecía al grupo paramilitar.
El lunes pasado, por 11 votos a favor y siete en contra, una comisión parlamentaria resolvió pedir al Congreso que inicie un juicio constitucional contra Fujimori para que la justicia pueda juzgarlo por su presunta complicidad con el Grupo Colina.
En caso de prosperar las instancias legislativa y judicial, el gobierno peruano solicitará a Japón que entregue a Fujimori, quien reside en ese país gracias a su doble nacionalidad desde que fuera destituido por el Congreso. (FIN/IPS/al/dm/hd/01
