La sentencia judicial que liberó esta semana en Malasia a dos activistas detenidos en virtud de una estricta ley de seguridad fortaleció a los críticos de esa norma y aumentó las esperanzas en una justicia más independiente.
El juez de la Alta Corte Mohammad Hishamudin Yunus ordenó el miércoles en un veredicto de fuerte contenido la liberación de dos activistas del opositor movimiento de «reformasi» o reforma.
Hishamudin opinó que los arrestos fueron realizados de mala fe, violaron los derechos constitucionales de los detenidos e ignoraron el debido proceso.
Los dos activistas políticos, N. Gobalakrishnan y Abdul Ghani Haroon, estaban detenidos desde abril en virtud de la Ley de Seguridad Interna, una norma de la era colonial que permite el arresto casi indefinido y sin derecho a un abogado hasta el fin de las investigaciones, entre otros abusos.
La sentencia judicial de esta semana fue pronunciada en medio de una creciente campaña contra esa ley que incluye recolección de firmas y huelgas de hambre.
El movimiento contra la Ley de Seguridad Interna comprende a 80 organizaciones no gubernamentales y otros grupos que organizan manifestaciones casi diarias en todo el país.
Las manifestaciones alcanzarán su punto culminante el 10 de este mes, al cumplirse 60 días de la detención de los dos activistas liberados el miércoles.
En una decisión sin precedentes, Hishamudin también ordenó a la policía que no volviera a detener de inmediato a los dos ciudadanos recién liberados, como ocurrió en el pasado en casos similares.
«Los policías responsables por la detención de los solicitantes deben tomar conciencia de que la ley suprema de este país es la Constitución, y no la Ley de Seguridad Interna», sentenció Hishamudin.
Además, el juez dijo al parlamento que «ya es hora» de reconsiderar la pertinencia de la ley en cuestión, para prevenir abusos de poder.
Gobalakrishnan y Ghani, líderes juveniles del opositor Partido de la Justicia Nacional (keADILan), fueron alentados por unos 300 correligionarios al salir del tribunal en la tarde del miércoles.
Ambos se encontraban entre 10 activistas detenidos en una campaña de represión policial que comenzó el 10 de abril y terminó el 26 del mismo mes.
Según los opositores, esa ola de represión estuvo destinada a impedir que los disidentes organizaran protestas contra el gobierno y a favor del ex viceprimer ministro Anwar Ibrahim, expulsado del poder en 1998.
Gobalakrishnan fue detenido el 10 de abril y Ghani al día siguiente.
La sentencia del juez Hishamudin se produjo 50 días después de la primera detención. Apenas tres días antes, el 27 de mayo, la policía permitió que Gobalakrishnan fuera visitado por su esposa por primera vez desde el arresto.
Ese mismo día, la familia de Ghani pudo visitarlo por primera vez, 46 días después de su detención.
Fue sólo al día siguiente, el 28 de mayo, que la Comisión de Derechos Humanos de Malasia pudo entrevistar a los detenidos en presencia de la policía.
No permitir la visita de familiares a los detenidos es cruel, inhumano y opresivo para ambas partes, y constituye «una grave y flagrante violación a sus derechos constitucionales», observó Hishamudin en su sentencia.
El juez también determinó que la policía debe «brindar una cantidad razonable de detalles» para justificar los arrestos y no limitarse a recitar disposiciones legales.
Los otros ocho detenidos en la redada policial de abril permanecen bajo custodia y a la espera del pronunciamiento del Tribunal Federal, a mediados de este mes, que podría determinar su futuro.
Los activistas esperan que la sentencia del miércoles abra paso a una nueva era de independencia judicial, gravemente cuestionada desde la expulsión en 1988 del presidente del Tribunal Supremo y la suspensión de cinco miembros de ese órgano.
A fines del año pasado, la designación de un nuevo presidente del Tribunal Supremo aumentó las esperanzas de reforma, pero hasta ahora no se habían apreciado diferencias sustanciales en la orientación de la justicia.
La sentencia de Hishamudin marcó el resurgimiento de la independencia judicial en Malasia, opinó Param Cumaraswamy, relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados.
«Las observaciones de Hishamudin constituyen lo que cualquier juez sensible a la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos debería decir», agregó.
La organización de derechos humanos Aliran señaló que la sentencia del miércoles revive las esperanzas del fin de «una tradición desafortunada de renuencia judicial a desafiar la aplicación de leyes draconianas y la fuerza brutal de un régimen que ha dejado de lado el imperio de la ley». (FIN/IPS/tra-en/an/js/mlm/hd/01
