Poco cambió en la conducta de policías y militares de Indonesia tres años después del levantamiento popular encabezado por estudiantes que puso fin a la dictadura de Alí Suharto (1969-1998).
Analistas locales temen que la profunda crisis económica y política que padece Indonesia sea empleada como excusa por los defensores del antiguo régimen para promover el retorno a un sórdido pasado.
La última evidencia de resabios autoritarios en las fuerzas de seguridad fue la detención el día 8 de 40 activistas de derechos humanos procedentes de 11 países que asistían a la Conferencia de Solidaridad con Asia-Pacífico, celebrada en un balneario a 50 kilometros de Yakarta.
La policía arguyó que los delegados extranjeros no contaban con visas en regla para asistir a la conferencia y que, por lo tanto, debían ser deportados. Pero las autoridades de Inmigración levantaron luego todos los cargos y los dejaron libres.
Otra reminiscencia del «nuevo orden», como Suharto y sus seguidores denominaban a su régimen, fue el ataque del grupo paramilitar fundamentalista musulmán Angkatan Kabaah Muda contra los organizadores de la conferencia, poco después de la detención de los visitantes extranjeros.
Los paramilitares, armados con espadas y palos, golpearon a los representantes de la organización académica dedicada a la investigación política que auspició el foro.
«Esta violenta acción, contra una reunión pacífica de activistas internacionales que discutían sobre economía y derechos humanos, es una evidencia de que las fuerzas del nuevo orden se fortalecen y podrían regresar si no son resistidas», opinó el activista político Budiman Sudjatmiko.
Sudjatmiko fue uno de los participantes indonesios detenido por la policía.
«La policía y sus amigos gángsters negaron por completo los valores y principios por los que la nación ha luchado en los últimos tres años con grandes sacrificios», dijo el periódico Jakarta Post en un editorial, titulado «Democracia en peligro».
«La redada en la conferencia hizo que el reloj de la nación retrocediera», añadió.
Organizaciones de todo el mundo condenaron la incursión paramilitar, mientras los gobiernos de los países representados en la conferencia presionaron para que sus delegados fueran liberados de inmediato.
«La estrategia policial fue contraproducente. La policía se vio obligada a retroceder, pero no hay garantías de que no vuelva a atacar a organizaciones indonesias que quieren tratar asuntos delicados para los seguidores del antiguo régimen», dijo Jim McIlroy, del Partido Socialista Democrático de Australia.
Muchos analistas políticos atribuyeron la acción policial a la rivalidad entre los militares y policías en actividad durante el régimen de Suharto y algunos de los dirigentes estudiantiles que se convirtieron en activistas políticos, como Budiman y Dita Sari, participantes del foro.
Budiman y Dita estuvieron tres años en prisión por «actividades sediciosas» y recupearon su libertad luego de que el dictador fuera derrocado en mayo de 1998, ante la presión de una campaña internacional.
El izquierdista Partido por la Democracia Revolucionaria, fundado por Budiman y otros activistas estudiantiles, jugó un papel crucial en el levantamiento popular contra Suharto. Ellos creen que ésta es la causa del acoso que sufren a manos de policías y militares.
En los últimos tres años, a pesar de una normalización de las instituciones democráticas, se registraron muchos incidentes que dejaron en evidencia la continuidad del legado de Suharto.
Los más conocidos por la comunidad internacional son las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas indonesias contra los separatistas en las provincias de Aceh y Papúa Occidental, así como su supuesto estímulo a la violencia religiosa en varias partes del país.
Pero lo menos conocido es la influencia que mantienen en la actividad política de las instituciones que mantuvieron a Suharto en el poder por 32 años, las cuales siguen atacando los derechos civiles y políticos de aquellos a quienes consideran hostiles a sus intereses.
Otra fuente de preocupación es el contexto de crisis económica y creciente inestabilidad política que rodea las últimas intervenciones de los sectores más extremistas de la policía, debido al posible juicio político, previsto para comienzos de agosto, contra el presidente Abdurrahman Wahid.
Wahid, quien niega estar relacionado con actos de corrupción, resiste no sólo las acusaciones desde el campo político sino la oposición de policías y militares.
El intento de Wahid de despedir al jefe nacional de Policía, general Suryo Bimantoro, fracasó porque el oficial se negó a abandonar el cargo, por lo que Indonesia contó por un tiempo con dos jefes policiales actuando en forma simultánea.
Wahid incluso es acusado de alentar protestas callejeras de los partidarios de Nahdalutul Ulama, el grupo musulmán que encabeza aun desde antes de ser presidente, con el objetivo de aplazar su juicio político mediante la cancelación de una sesión especial del parlamento prevista para julio.
«Nadie sabe con exactitud quién está a cargo y en este tipo de situaciones hay muchas fuerzas que pueden aprovecharse del caos para consolidar su poder», dijo Agung Widjaya, analista político de Yakarta.
Las tendencias surgidas en los últimos meses parecen indicar el regreso de los viejos tiempos, cuando todos los opositores al régimen eran acusados de «comunistas» y perseguidos.
A comienzos de junio, por ejemplo, una flamante Alianza Anticomunista realizó ataques contra varias librerías de Yakarta e incendió varios libros a los que calificó de «propaganda comunista».
«Militares y policías fomentan la creación de grupos paramilitares, como la Alianza Anticomunista, que suelen usar símbolos del Islam y atacar organizaciones políticas», señaló Anom, un activista que sufrió torturas a manos de militares en los últimos tiempos del régimen de Suharto.
Algunos sectores de las fuerzas de seguridad indonesias intentan mantener su condición de garantes de la «ley y el orden» e incluso de la democracia parlamentaria, aun cuando en la práctica son ellos los que fomentan los choques entre grupos étnicos y políticos, sostuvo Anon. (FIN/IPS/ap-ip/hd/ss/js/rp mj/ip hd/01
