DERECHOS HUMANOS-CHILE: Fantasmas del pasado acosan a Kissinger

Veintiocho años después del golpe militar en Chile, los fantasmas del pasado acosan a Henry Kissinger, quien fuera asesor de Seguridad y secretario de Estado de Estados Unidos, llamado a declarar por el juez chileno Juan Guzmán, a cargo también del proceso al ex dictador Augusto Pinochet.

El ex jefe de la diplomacia estadounidense durante el mandato de Richard Nixon (1969-1974) y de Gerald Ford (1974-1977), fue también citado la semana pasada por la justicia de Francia para prestar testimonio en una causa por la desaparición de ciudadanos franceses en Chile, aunque no se presentó.

Kissinger es considerado el hombre clave en los planes que el gobierno de Nixon puso en marcha desde 1970 en Chile a través de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), para tratar de impedir la elección del socialista Salvador Allende como presidente y luego para desestabilizar su gobierno.

El juez Guzmán enviará próximamente un interrogatorio al ex secretario de Estado por la vía del exhorto (carta diplomática), acerca del asesinato en Santiago del periodista y cineasta estadounidense Charles Horman.

El caso fue reconstruido en 1978 por el periodista estadounidense Thomas Hauser en su libro «Missing» (Desaparecido), en el cual se basó la película del mismo nombre del realizador greco-francés Costa Gavras.

Horman, que tenía 31 años, fue detenido en Santiago el 17 de septiembre de 1973, seis días después del golpe de Estado contra Allende, y se cree que fue ejecutado por los militares 24 horas después en el campo de prisioneros habilitado en el Estadio Nacional.

Sin embargo, tanto su arresto como muerte se mantuvieron en secreto y su cadáver sólo fue identificado el 18 de octubre de 1973 en la fosa común del Cementerio General de Santiago, conocida como Patio 29, luego de intensas gestiones de su padre, Ed Horman.

La dictadura de Pinochet autorizó la repatriación del cadáver de Horman el 30 de marzo de 1974.

El periodista y otros jóvenes estadounidenses editaban en Chile el Boletín FIN (Fuente de Información Norteamericana), crítico de la política de Nixon hacia el gobierno de Allende.

Las hipótesis de Hauser y otros investigadores del caso apuntan a que Horman fue detenido y asesinado por la dictadura, con la anuencia de personal militar y de inteligencia de la embajada de Estados Unidos, porque se enteró casualmente del apoyo logístico de la CIA al golpe del 11 de septiembre de 1973.

Horman viajó a Valparaíso y Viña del Mar, 120 kilómetros al oeste de Santiago, el 10 de septiembre de ese año, acompañado de su compatriota Terri Simon.

Los dos estadounidenses conocieron allí a militares compatriotas que les confidenciaron la inminencia del pronunciamiento militar, iniciado en esa zona por la Armada chilena.

Joyce Horman, viuda del periodista, presentó en diciembre pasado en Santiago una querella criminal contra Pinochet por la responsabilidad de la dictadura en el asesinato de su esposo, que se sumó a otra causa iniciada en 1978 en Estados Unidos contra Kissinger y otros nueve ex funcionarios de la CIA y del Departamento de Estado.

La presentación fue derivada al juez Guzmán, quien mantiene bajo proceso al ex dictador Pinochet (1973-1990) por 18 secuestros y 59 asesinatos de presos políticos, cometidos en octubre de 1973 por la misión militar conocida como la «caravana de la muerte».

Guzmán, que tiene en su despacho otras 200 querellas contra Pinochet por violaciones de los derechos humanos, declinó acusar al general retirado de 85 años en el caso Horman, pero señaló la semana pasada su propósito de interrogar a Kissinger.

El martes, la Corte Suprema rechazó una solicitud de los abogados de Joyce Horman, Fabiola Letelier y Sergio Corvalán, para la designación de un juez especial de instrucción y ratificó a Guzmán como ministro instructor.

Guzmán deberá establecer a través de su interrogatorio si efectivamente hubo una acción concertada de la CIA y de la dictadura chilena para arrestar ilegalmente al joven periodista, ejecutarlo clandestinamente en el Estadio Nacional y luego ocultar su cadáver en una fosa común.

Las conclusiones judiciales que emerjan de ahí tendrán sin duda un impacto político, ya que inevitablemente se entrecruzarán con asuntos de la intervención estadounidense en el golpe de Estado de 1973.

Los documentos desclasificados en Estados Unidos por la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono (Departamento de Defensa) y otras agencias gubernamentales desde 1998 confirman que la administración de Nixon promovió operaciones para desestabilizar al gobierno izquierdista de Allende (1970-1973).

Pero en el discurso oficial estadounidense se niega que haya existido un apoyo logístico al golpe de Estado de 1973 y, más aún, se alega que el cruento pronunciamiento del 11 de septiembre sorprendió a la embajada de Washington en Santiago, señalando que, si bien lo preveía, ignoraba sus planes de ejecución.

Del mismo modo, Kissinger y los jefes de la CIA de hace tres décadas sostienen que el gobierno de Estados Unidos no avaló ni menos apoyó la represión política desatada en Chile tras el golpe militar, con masivas violaciones de los derechos humanos.

Los abogados Letelier y Corvalán piden que, en el marco de la querella por el asesinato de Horman, se tome declaración a Kissinger y a otros 21 testigos, entre estadounidenses y chilenos, cuyos testimonios revelarían la intervención directa del ex secretario de Estado en el golpe.

Los representantes de Joyce Horman señalaron igualmente que en enero, en los últimos días de su gestión, el presidente Bill Clinton pidió al gobierno chileno que investigue al más alto nivel el caso Horman.

El documento con la solicitud de Clinton, «inexplicablemente» no ha sido remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Corte Suprema de Justicia, señalaron Letelier y Corvalán.

Kissinger fue requerido la semana pasada, de paso por París, por el juez Roger Le Loire, quien investiga la desaparición de cinco ciudadanos franceses en Chile durante la dictadura.

El ex secretario de Estado se negó a comparecer ante el magistrado francés, alegando que la citación debe ser tramitada a través del gobierno estadounidense. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/01

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