El juicio al coronel de la policía militar Ubiratán Guimaraes, acusado en Brasil de ordenar la masacre de 111 presos en 1992, comenzará este miércoles en Sao Paulo, en lo que constituye una prueba para la justicia y la política de seguridad pública.
Están en juego «dos modelos opuestos» de seguridad, uno que quiere a la policía «tirando a matar» y otro que combina represión con respeto de los derechos humanos, dijo a IPS el director del no gubernamental Centro de Justicia Global, James Cavallaro.
La justicia brasileña también será evaluada en este «caso ejemplar», sostuvo Cavallaro. Una absolución del coronel «confirmará la visión de que en Brasil los que matan bandidos y usan uniformes nunca van a la cárcel, aunque hayan cometido crímenes graves», agregó.
La masacre ocurrió el 2 de octubre de 1992 en la Casa de Detención de Carandirú, en el centro de Sao Paulo, como consecuencia de acciones de las fuerzas de seguridad para controlar una rebelión y una respuesta a agresiones de los presos, según el coronel Guimaraes.
No había rebelión ni armas entre los presos, que ya se habían rendido cuando comenzó la masacre, según José André Araújo, un ex preso que sobrevivió ocultándose bajo los cuerpos de sus compañeros muertos.
La matanza dejó 103 muertos acribillados por 515 disparos y ocho por instrumentos cortantes. Quedaron heridas 153 personas, entre ellas 23 policías.
En total, 120 policías militares fueron enjuiciados por haber participado en los hechos. Ninguno fue detenido.
Quince ya están fuera del proceso, cuatro porque murieron y el resto porque el delito del que son acusados —lesiones corporales— ya prescribieron o fueron castigados con la pena alternativa de trabajo comunitario.
El juicio por separado del coronel Guimaraes, quien dirigió la operación, es clave para el destino de los demás acusados, que serán juzgados luego.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a Brasil el año pasado, por no haber garantizado la vida de personas bajo custodia del Estado y por la demora en juzgar a los responsables e indemnizar a las familias de los muertos.
El juicio a Guimaraes fue aplazado varias veces. Comenzó, por fin, el 29 de noviembre pasado, pero fue suspendido dos días después, porque uno de los jurados se enfermó y debió ser hospitalizado.
Ahora todo está listo y hay «pruebas claras de la culpa del coronel y de los demás en esa barbaridad», pero la sentencia es imprevisible, opinó Cavallaro, cientista político estadounidense y militante de derechos humanos.
Como los abogados defensores y los fiscales esgrimirán entre sus argumentos la violencia existente en el país y las responsabilidades del Estado, el debate pondrá a prueba también la política de seguridad pública, explicó.
Los que justifican la matanza consideran que los «bandidos (son) como animales a exterminar» y plantean el «falso dilema» entre derechos humanos y represión eficaz, comentó Cavallaro.
La Justicia brasileña también está en cuestión en otro proceso de gran repercusión nacional e internacional, la masacre de 19 campesinos sin tierra ocurrida en abril de 1996 en la localidad de Eldorado de Caraxás, en el nordeste, otro ejemplo de dilaciones e impunidad de crímenes cometidos por la policía.
En este caso, en que son acusados 149 policías militares, ya hubo en 1999 un primer juicio a los tres principales comandantes de la operación, pero fue anulado por las evidentes irregularidades que contribuyeron a la absolución de los acusados.
Un nuevo juicio sufrió varias dilaciones hasta que su inicio se fijó para el 18 de este mes. Pero fue cancelado de nuevo, sin previsión de nueva fecha.
Pero la marca en materia de dilaciones judiciales es el caso del asesinato, ocurrido en 1983, de Margarida Alves, líder sindical de los trabajadores rurales de Alagoa Grande, en el estado de Paraíba, en el nordeste de Brasil.
Sólo este lunes, 18 años después del crimen, fue juzgado José Buarque de Gusmao Neto, hacendado local acusado de ordenar el homicidio.
Su absolución en el jurado, por cinco votos a dos, decepcionó a Raimunda de Mascena, coordinadora de Mujeres de la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura (CONTAG), que movilizó a miles de personas para acompañar el juicio en Joao Pessoa, capital de Paraíba.
El veredicto comprueba que «aún prevalece el poder económico en el país», incluso en las decisiones judiciales, lamentó la sindicalista entrevistada por IPS. «No faltaron pruebas en el proceso de más de 4.000 páginas» de que los latifundistas ordenaron la muerte de Margarida Alves, sostuvo.
La CONTAG y los abogados que actuaron en la acusación examinarán la conveniencia de recurrir a instancias superiores u otras medidas.
Pero «poco se puede esperar» de una justicia que lleva 18 años para juzgar el asesinato de una trabajadora, en un país donde «sabemos quiénes mandan», concluyó De Mascena, refiriéndose a los dueños del gran capital. (FIN/IPS/mo/mj/hd ip/01
