La Unión Europea (UE) se propone simplificar sus normas para importaciones procedentes de países del Sur en desarrollo, e incluir en ellas incentivos al respeto de normas internacionales ambientales y sobre derechos laborales.
La Comisión Europea, organismo ejecutivo de la UE, propuso nuevas normas que modificarían la actual aplicación por parte del bloque del Esquema General de Preferencias Arancelarias (GSP, por sus siglas en inglés).
El GSP es un sistema establecido en los años 60 por naciones industrializadas, para facilitar el acceso de países en desarrollo a sus mercados.
La propuesta debe ser aprobada por los 15 Estados miembros de la UE y por el Parlamento Europeo, en un proceso que terminaría en 2004, al mismo tiempo que la vigencia de las actuales normas en la materia.
«Buscamos simplificar las normas del GSP, mejorar sus beneficios y lograr que se adecuen de modo más eficaz al interés de los países en desarrollo», dijo el Comisario de Comercio de la UE, Pascal Lamy, antes de una sesión del Parlamento Europeo en la ciudad nororiental francesa de Estrasburgo.
La iniciativa pretende además armonizar procedimientos aplicados en la actualidad y beneficiar a las naciones más necesitadas, «en vez de privilegiar a países y sectores que pueden competir a nivel internacional sin necesidad de tratamiento preferencial», afirmó la Comisión en un comunicado.
Una de las propuestas planteadas es duplicar las actuales preferencias comerciales para naciones que respeten criterios internacionales vinculados con los derechos laborales y de protección del ambiente, entre ellos los relacionados con la preservación de los bosques y de la biodiversidad.
En el terreno social, los socios comerciales de la UE deberán respetar todas las convenciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre condiciones laborales, y en especial el derecho de sindicalización, para acceder a esos beneficios.
«Por otra parte, los actuales países beneficiarios que violen en forma grave y sistemática esas normas correrían el riesgo de perder los privilegios que les otorga el GSP», explicó la Comisión Europea.
La nueva propuesta «es un ejemplo de promoción del desarrollo sustentable, un principio esencial de la política comercial de la UE», aseguró Lamy.
El GSP es un acuerdo internacional que cada país o bloque aplica en forma voluntaria y autónoma. La UE implementó su aplicación en 1971, y en la actualidad renueva sus normas regulatorias cada 10 años.
Cualquier país que cumpla los requisitos establecidos puede acceder a los beneficios del sistema, que es la única vía de acceso preferencial a los mercados de la UE para unas 90 naciones asiáticas en desarrollo o con economías en transición.
El sistema actual de preferencias de la UE distingue tres categorías de productos importados, sensibles, semisensibles y no sensibles, y brinda privilegios de acceso a sus mercados con base en un complejo sistema de reducción de aranceles.
Se considera productos sensibles a los que resultan competitivos con los de la UE.
La Comisión Europea propone mantener la actual exoneración total de aranceles para todos los productos no sensibles, y generalizar una reducción arancelaria de 3,5 para todos los demás productos, lo cual implica eliminar la categoría de semisesibles.
Según las normas actuales, la selección de países y sectores beneficiarios se realiza con cada actualización decenal de las normas regulatorias, y la Comisión propone realizarla cada año, con el requisito de que esos países y sectores hayan cumplido los requisitos del bloque durante tres años consecutivos.
Por otra parte, la iniciativa incluye una extensión durante tres años del régimen especial establecido en el marco del GSP para ayudar a países andinos de América del Sur y América Central a reemplazar sus cultivos de drogas.
Ese régimen, establecido en 1996 para facilitar el acceso a mercados de la UE de producción agrícola desarrollada como alternativa a las plantaciones de drogas, se prolongaría hasta 2004.
«Esa medida sería acompañada por un proceso de control y evaluación de las políticas de cada país beneficiario para combatir la producción y el tráfico de drogas, y para cumplir con normas internacionales ambientales y laborales», indicó la Comisión Europea. (FIN/IPS/tra-eng/bk/dc-mp/if en/01
