El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, parece avanzar hacia la protección arancelaria de la industria del acero, que fue solicitada sin éxito a su predecesor Bill Clinton (1992-2000) por sindicatos que lo apoyaban.
Bush pidió el martes a la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés), que iniciara una amplia investigación de las importaciones de acero, en busca de prácticas de subsidio en los países de origen, como preludio de un posible aumento de los aranceles a esas compras.
La investigación se basa en disposiciones de la sección 201 de la Ley de Comercio, aprobada en 1974, y puede durar hasta seis meses.
Según esas normas, el presidente no está obligado a aceptar las conclusiones de la ITC, ni a imponer restricciones a las importaciones si esa comisión comprobara prácticas de comercio desleal.
Bush pidió también a funcionarios de comercio que iniciaran conversaciones con otras naciones sobre la eventual reducción de las importaciones estadounidenses de acero y acerca de la eliminación de los subsidios de esos países a su producción de acero.
Un aumento de aranceles afectaría en especial las importaciones de acero provenientes de Corea del Sur, Japón, Alemania, China y Taiwán, que fueron las de mayor volumen el año pasado, así como las que proceden de Brasil, Rusia y otros países.
Funcionarios de comercio exterior de la Unión Europea y Japón criticar la decisión de Bush, que sorprendió a especialistas estadounidenses en la materia.
Esos expertos estaban convencidos de que las promesas de defensa del libre comercio por parte del presidente, sus vínculos con firmas transnacionales y su hostilidad hacia los sindicatos impedirían que adoptara medidas proteccionistas.
El lunes, el asesor económico de un senador demócrata pronosticó que Bush sólo iba a hacer «lo que le digan Bill Archer y Phil Gramm» en relación con la cuestión del acero. Archer y Gramm son legisladores republicanos notorios por su defensa del libre mercado.
Bush pidió la investigación tras semanas de presión de empresarios y sindicatos de la industria local del acero, quienes alegan haber sufrido graves perjuicios por la importación masiva de acero barato, lanzado a los mercados tras la crisis financiera internacional de 1997-98 y subsidiado en los países de origen.
En los dos últimos años quebraron 18 firmas estadounidenses de la industria del acero, y más de 30.000 trabajadores de esa industria perdieron sus empleos.
Sin embargo, no parece que la decisión presidencial se haya debido a esas presiones.
La semana pasada, el senador James Jeffers abandonó el gobernante Partido Republicano, el cual perdió la mayoría en el Senado y el control de sus comisiones, que pasó al opositor Partido Demócrata.
Se esperaba que la Comisión de Finanzas del Senado pidiera pronto al ITC investigar las importaciones de acero, si el presidente no lo hacía antes.
«He dicho al mundo que vamos a tener una activa política exterior internacionalista, en cuyo corazón estarán los intereses estadounidenses», dijo Bush a periodistas el martes, durante un encuentro con senadores.
«Este gobierno hará frente en forma muy agresiva a eventuales prácticas de comercio desleal en la industria del acero, porque hacer eso es parte de la defensa de nuestros intereses nacionales», añadió.
Algunos observadores piensan que la actitud proteccionista de Bush es parte de un meditado plan, con el objetivo de lograr que el parlamento le otorgue poderes especiales para negociar con rapidez el Area de Libre Comercio de las Américas.
La protección del acero local puede ganar apoyos para Bush en ese terreno entre legisladores republicanos y demócratas, opinó Alan Tonelson, del Consejo Comercial e Industrial, un grupo que representa a la industria textil y se ha opuesto a iniciativas presidenciales de libre comercio.
Se espera también que Bush impulse la aprobación del proyecto de ley 808 de la Cámara de Representantes, el cual implicaría mayor protección a la industria local del acero y ya cuenta con el apoyo de más de 200 integrantes de ese organismo, casi los suficientes para ser aprobado.
Ese proyecto propone disminuir impuestos a esa industria, crear un fondo de 10.000 millones de dólares para estimular que se le concedan préstamos bancarios, y financiar un seguro de salud para sus trabajadores retirados mediante un tributo adicional de 1,5 por ciento a las importaciones de acero.
El miércoles, en un acto público de apoyo al proyecto 808, varios parlamentarios afirmaron que mantendrán sus esfuerzos por la aprobación de esa iniciativa, y que la investigación del ITC no implicará el cese de tales esfuerzos.
Clinton nunca pidió una investigación del ITC sobre las importaciones de acero, porque pensaba que esa iniciativa podía irritar a socios comerciales de Estados Unidos y obstaculizar sus planes de largo plazo en materia comercial. (FIN/IPS/ts/aa/mp/ip if/01
