Un programa de reasentamiento del gobierno de Ruanda viola desde 1996 los derechos de decenas de miles de pobres de áreas rurales, obligados a abandonar sus hogares, sostuvo la organización humanitaria estadounidense Human Rights Watch (HRW) en un informe.
El Frente Patriótico Ruandés (FPR), comandado por integrantes de la etnia tutsi, derrocó a un gobierno formado por miembros de la etnia hutu tras una guerra civil, en cuyo marco se produjo el genocidio de 1994. Unas 700.000 personas, la mayoría de tutsis, fueron asesinadas por extremistas hutus..
La Política Nacional de Habitat del FPR dispuso que todos los habitantes del país que vivían en tradicionales caseríos dispersos pasaran a residir en nuevas aldeas llamadas «imidugudu».
La intención de esa iniciativa fue impulsar la producción agrícola en el largo plazo, y en algunos casos proteger a los granjeros de ataques por parte de insurgentes de la etnia hutu.
El programa también buscó solucionar el problema de cientos de miles de desplazados tutsis, muchos de los cuales habían vivido en países vecinos durante décadas y retornaron al país luego de que el FPR tomara el poder.
Pero el resultado fue el desplazamiento forzado de decenas de miles de campesinos, entre ellos viudas y huérfanos de la etnia tutsi, hacia lugares en los cuales carecieron de infraestructura y de materiales básicos para construir casas, afirmó HRW en su informe, titulado «Desarraigo de los pobres rurales en Ruanda».
El proceso de reasentamiento parece haberse enlentecido el año pasado, y es probable que ello se haya debido a que los donantes expresaron su resistencia a mantener el financiamiento del programa, a causa de los abusos registrados en su implementación, apuntó.
Las autoridades reconocen que cometieron errores, pero siguen adelante con el plan y mantienen sus objetivos, señaló.
«El gobierno de Ruanda causó terribles sufrimientos a los pobres de áreas rurales y provocó la ira de muchas personas, en una coyuntura en la cual los movimientos políticos opositores crecen dentro y fuera del país», afirmó Alison Des Forges, integrante de HRW especializada en Ruanda y Burundi.
Insurgentes hutu han tratado de aprovechar y aumentar el descontento y el temor populares causados por las imidugudu, mediante acusaciones al gobierno de construir «campos de concentración» para eliminar a los hutu, destacó HRW en su informe, de 91 páginas.
Muchas familias trasladadas a las imidugudu fueron obligadas a vivir en refugios precarios construidos con láminas de plástico, palos, barro y en algunos casos hojas de banano, durante períodos de hasta tres años.
En los últimos tiempos las condiciones de vida en las imidugudu han mejorado, pero numerosos residentes en ellas se quejan de que sus nuevos hogares están muy lejos de tierras de labranza, accesos a agua potable e instalaciones sanitarias.
El modo de vida tradicional de casi 94 por ciento de los ruandeses, con independencia de los grupos étnicos que integren, se había asociado hasta el lanzamiento de la Política Nacional de Habitat, en diciembre de 1996, con la residencia en caseríos dispersos en áreas rurales y la agricultura de subsistencia.
El plan gubernamental implicó un drástico cambio de esas tradiciones, mediante el traslado a las imidugudu de cientos de miles de personas, «contra su voluntad en un número significativo de los casos», según HRW.
Muchas de esas personas, en especial tutsis que regresaron del exilio o sobrevivientes del genocidio, aceptaron el plan, pero quienes se resistieron a él, fueran tutsis como hutus, recibieron sanciones, por lo general multas o penas de prisión, y fueron obligados a reasentarse.
En numerosos casos, esas personas fueron forzadas también a demoler sus antiguos hogares antes de trasladarse a las imidugudu, y no recibieron compensaciones.
«La gente no percibe ventajas de las imidugudu, tras numerosas reuniones de 'persuasión' con autoridades locales y nacionales. Es algo que se nos impuso y no podemos cambiarlo. Se decidió, y eso es todo», dijo a HRW una persona reasentada y citada en el informe.
Funcionarios gubernamentales han obligado a propietarios de tierras a compartirlas con personas que regresaron del exilio, sin consulta previa ni compensación, según la organización humanitaria.
En otros casos, autoridades locales requisaron tierras para entregarlas a funcionarios civiles y militares, que pasaron a exPlotarlas junto con otras personas. La aparente intención de esas medidas fue crear propiedades de mayor extensión que las anteriores, que resultaran más productivas.
El gobierno expresó al comienzo de la implementación del plan que esperaba promover la reconciliación mediante la coexistencia de hutus y tutsis en las imidugudu, pero muy pocas de las establecidos en los últimos cinco años incluyen a personas de las dos etnias, subrayó HRW.
En las escasas nuevas aldeas en las cuales viven personas de ambas etnias, es frecuente que «los recursos disponibles para los hutus sean mucho menores que los disponibles para los tutsis, y en algunos casos eso ha aumentado las tensiones», añadió.
El programa comenzó a ser implementado en la región oriental, donde los repatriados eran más numerosos y las disputas latentes por tierras eran más agudas. Luego se aplicó en la región noroccidental, donde el FPR aplastó un movimiento insurgente de hutus.
En la actualidad, la Política Nacional de Habitat se aplica sobre todo en la conflictiva región fronteriza sudoccidental.
Durante los últimos cinco años, el FPR ha insistido en que no pretende privar a nadie de su hogar por la fuerza, pero HRW sostuvo que la inexistencia de sanciones a funcionarios locales que practicaron expropiaciones indica con claridad aprobación a esa conducta por parte del gobierno nacional.
En 2000, los esfuerzos del gobierno priorizaron la eliminación de las pequeñas propiedades, sin crear nuevas imidugudu, indicó la organización humanitaria.
«Es imperativo aumentar la productividad agrícola, pero el avance hacia ese elogiable objetivo no debe realizarse a costa de los derechos humanos. Los donantes que deseen apoyar cambios beneficiosos para Ruanda deben tener en cuenta el impacto de las reformas propuestas sobre la población», dijo Des Forges.
Obispos católicos ruandeses han planteado al gobierno en privado protestas contra el uso de la fuerza para trasladar personas a las imidugudu, y medios de comunicación han publicado en algunas ocasiones informes sobre abusos en los traslados.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Unidad y Reconciliación no ha manifestado hasta ahora su opinión sobre el asunto.
Los donantes internacionales, entre ellos organizaciones no gubernamentales que aportaron decenas de millones de dólares para la construcción de las imidugudu, tardaron mucho tiempo en hacer preguntas al gobierno acerca de las denuncias de abusos en los traslados, afirmó HRW.
Una causa posible de esa demora es el «sentimiento de culpa» de algunos grupos por no haber adoptado a tiempo medidas que pudieron frenar el genocidio de 1994, opinó. (FIN/IPS/tra-eng/jl/aa/mp/hd dv/01
