Familiares de cientos de detenidos desaparecidos y activistas humanitarios piden al gobierno de Marruecos que aclare lo ocurrido con esas víctimas de la dura represión de 1981.
«Mi padre fue detenido en junio de 1981, durante protestas en Casablanca. Desde entonces no tengo noticias de su paradero», dijo a IPS Hassan Bakri, de 28 años.
El padre de Bakri, un maestro, fue detenido durante masivas manifestaciones de protesta que sacudieron al país y en especial a Casablanca, su ciudad más poblada.
El detonante de aquella movilización fue una decisión gubernamental de aumentar el precio del pan, durante un período de grave sequía. Ciudadanos iracundos ocuparon las calles para protestar y las autoridades movilizaron fuerzas policiales y militares para reprimir a los manifestantes.
El Ministerio del Interior lanzó una ofensiva contra activistas y sospechosos de haber organizado las protestas, y unas 2.000 personas fueron encarceladas. La oposición afirmó que hubo 637 asesinados, y otros cientos desaparecieron.
«Tres días después del arresto de mi padre, la policía convocó a mi madre, le aseguró que él había sido transferido a una lejana prisión, y le advirtió que no debía indagar sobre su paradero», contó Bakri.
Activistas humanitarios marroquíes plantearon demandas de esclarecimiento de la cuestión de los desaparecidos tras la muerte del rey Hassan II, en julio de 1999, estimulados por las promesas de democratización del actual rey Mohammed VI, hijo del monarca fallecido.
«Era impensable hablar de esas cuestiones durante el reinado de Hassan», dijo a IPS Ahmed Baha Eddine, abogado e integrante de la no gubernamental Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH).
Mohammed VI creó poco después de asumir el poder una Comisión de Arbitraje encargada de otorgar compensaciones económicas a las víctimas de abusos humanitarios y sus familiares.
Esa comisión ha examinado hasta ahora 148 demandas y otorgó compensaciones por valor de 13 millones de dólares en 68 casos que consideró prioritarios, a sobrevivientes de la prisión de Tazmammart, ubicada en la región desértica meridional, y a familiares de personas que fallecieron presas allí.
Sin embargo, la comisión no ha examinado todos los casos de detenidos desaparecidos ni aportado información alguna en la materia, y eso es «un gran motivo de preocupación para todas las organizaciones humanitarias», comentó Baha Eddine.
Hassan II creó a comienzos de los años 90 un Consejo Asesor sobre Derechos Humanos, para mejorar la imagen internacional de su gobierno. Ese consejo examinó 5.819 demandas de compensación por perjuicios materiales y psicológicos causados por desapariciones forzadas.
«La OMDH y otros grupos defensores de los derechos humanos han pedido en forma reiterada al gobierno que informe si los desaparecidos están muertos, y si es así, que aclare las circunstancias de sus muertes», indicó Baha Eddine.
Observadores marroquíes piensan que las autoridades tratan de evitar que se inicien juicios penales contra los responsables de desapariciones forzadas y de la probable muerte de sus víctimas.
La Comisión de Arbitraje ha enfatizado que su mandato se limita a otorgar compensaciones a los familiares de desaparecidos, y que no tiene potestades para investigar y establecer responsabilidades en esos casos ni en ningún otro.
«Marruecos sólo podrá ser una democracia en la cual prevalezca el respeto de los derechos humanos cuando todos los casos de desaparición forzada sean aclarados, y cese la impunidad de los responsables de tortura y otros crímenes contra la humanidad», opinó el activista Mohamed Rifai.
Mohammed VI anunció poco después de asumir el poder que promovería fuertes cambios democratizadores, para convertir la arcaica monarquía que heredó en un moderno Estado de derecho, pero los hechos posteriores han hecho crecer el escepticismo.
«Queremos ver acciones concretas que hagan realidad las reformas prometidas, y deseamos garantías de que el país no volverá a hundirse en un oscuro período de represión», apuntó Baha Eddine.
«Las personas que se beneficiaron con el régimen anterior aún controlan el país. Todo lo que se dice sobre la democratización será vano mientras el gobierno se ejerza desde el palacio real y el parlamento sea una mera fachada», afirmó.
El nuevo rey destituyó al poderoso ministro del Interior, Driss Basri, a quien se ha señalado como responsable de gran parte de los abusos durante el reinado de Hassan II, pero mantuvo en sus puestos a los consejeros de su padre y a otros influyentes funcionarios del palacio real. (FIN/IPS/tra-eng/na/mn/mp/hd ip/01
