Tres militares y un sacerdote fueron condenados a 30 años de prisión en Guatemala por el asesinato en 1998 del obispo católico Juan José Gerardi, hallado muerto dos días después de presentar un informe cargado de graves acusaciones contra el ejército.
El Tribunal Tercero de Sentencia encontró culpables del asesinato de Gerardi al coronel retirado Byron Disrael Lima Estrada, de 60 años, a su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, de 31, al ex sargento Obdulio Villanueva, de 36, y al sacerdote Mario Orantes, de 38.
La sentencia fue dada a conocer sólo en su parte resolutiva a las 03:30 hora local (09:30 GMT) del viernes, tras 18 horas de deliberación de los magistrados y entre la expectativa del ejército, del gobierno, de activistas de derechos humanos y de la población.
Margarita López, de 61 años, cocinera de Gerardi, fue acusada por la Fiscalía de encubrimiento, pero los jueces entendieron que no había pruebas suficientes para condenarla y resultó absuelta.
Gerardi fue encontrado muerto el 26 de abril de 1998, dos días después de que entregara el informe «Guatemala, nunca más», en el que responsabilizó al ejército de la mayoría de las 200.000 muertes en los 30 años de conflicto armado.
El veredicto fue esperado durante horas desde la noche del jueves en un salón abarrotado de periodistas, partes implicadas y diplomáticos entre los que se contaba la embajadora de Estados Unidos en Guatemala, Prudence Bushnell.
Los acusados llegaron al juzgado con uniforme militar de gala, mientras que el sacerdote Orantes asistió a la lectura de la sentencia con camisa negra de clérigo.
Decenas de religiosas, sacerdotes y activistas de derechos humanos aguardaron la sentencia frente al edificio judicial con pancartas, velas y un letrero de gran tamaño que decía: «Justicia para un hombre justo, Mons. Gerardi: Mártir de la Verdad».
La lectura del fallo, realizada por el presidente del tribunal, José Eduardo Cojulún, coronó un juicio comenzado el 23 de marzo, que comprendió la comparecencia de 115 personas, entre testigos y peritos, y 46 audiencias públicas marcadas por amenazas y atentados.
«A pesar de las amenazas contra jueces y testigos ha prevalecido la justicia, este es un signo claro de que la impunidad ha perdido terreno en Guatemala», declaró a IPS Celia Medrano, coordinadora de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica.
Medrano, que manifestó satisfacción ante el veredicto, dijo que los resultados van más allá del caso juzgado, pues representan en su opinión un fuerte golpe contra el ejército y contra quienes abusaron del poder del Estado.
«Esta decisión judicial es un termómetro de la pugna de fuerzas en Guatemala», afirmó.
Varias personas que debían presentarse como testigos del caso Gerardi murieron en circunstancias sospechosas, como Luis Carlos García Pontaza, quien supuestamente se suicidó en prisión el 29 de enero.
También murieron desde 1998 seis indigentes que se hallaban cerca de la casa del obispo Gerardi la noche en que éste fue asesinado.
«Esta sentencia es histórica», señaló a IPS la politóloga guatemalteca Carmen Ortiz, de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Cinco años después de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla, esta sentencia es una señal de esperanza y fortalece el sistema judicial guatemalteco, comentó Ortiz.
«El ejército siempre ha sido una élite intocable, es más, siempre quiso juzgar a los acusados en un tribunal militar. Esto demuestra que todos somos iguales ante la ley y que no debe permitirse que ciertos sectores tengan privilegios», añadió.
La fiscalía y la coacusadora Iglesia Católica habían solicitado 30 años de prisión por ejecución extrajudicial para los tres militares y el sacerdote. El fiscal también pedía tres años de cárcel para la empleada doméstica, por encubrimiento, pero el tribunal resolvió absolverla.
Los cinco acusados del crimen de Gerardi se habían declarado inocentes ante los jueces que llevaron el proceso.
Los abogados defensores, Julio Roberto Echeverría y José Toledo, insistieron en los últimos días en que los medios de comunicación no dieron a conocer a la opinión pública todo lo sucedido en el juicio.
Echeverría y Toledo afirmaron que la Iglesia se dedicó «a litigar a través de la prensa» y que el presidente Alfonso Portillo impulsó la actuación del Ministerio Público pla parte acusadora- porque en la campaña electoral había prometido «resultados» en este caso.
Archivos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos identifican al principal acusado, Byron Disrael Lima Estrada, como un «funcionario de inteligencia conservador y antidemocrático, empeñado en mantener el poder del ejército a pesar de la transición que comenzó en los años 80».
Lima Estrada cursó estudios de inteligencia y contrainteligencia en la escuela militar estadounidense de las Américas, qye entonces se hallaba en Panamá, y en al menos ocho países más, incluso con el cuerpo de Carabineros de Chile.
Su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, es también especialista en inteligencia y contrainteligencia y se desempeñaba en el Estado Mayor Presidencial.
Lima Oliva colaboró con los gobiernos de Ramiro de León Carpio (1993-1996) y Alvaro Arzú (1996-2000) y fue miembro de la fuerza mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas en Chipre.
El tercer implicado, Obdulio Villanueva, es un ex sargento del ejército y sirvió en el Estado Mayor Presidencial.
Villanueva fue encarcelado por un asesinato en 1996 y recobró la libertad dos días después de la muerte de Gerardi, pero la fiscalía comprobó que salía con frecuencia de la prisión.
En cuanto al sacerdote Mario Orantes, trabajó durante siete años con Gerardi en la iglesia capitalina de San Sebastián. Se le vinculó al asesinato porque dio versiones contradictorias sobre sus actividades en la noche del crimen. Orantes fue quien halló el cadáver del obispo.
«Estamos muy satisfechos con la sentencia», declaró a IPS Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, la principal organización de derechos humanos de Guatemala.
Según Polanco, todos los elementos formales y no formales indicaban la responsabilidad de los militares y el sacerdote en la muerte del obispo.
«Se trata de un crimen político. Hay tantas pruebas que no sé qué hubiera pasado si no se les declaraba culpables, habría sido un caos», agregó. (FIN/IPS/nms/ff/hd/01
